Se espera que el Congreso apruebe la prórroga

El 6 de julio, a tres días de que venza el plazo para blanquear fondos destinados a la construcción, el sector recibió una buena noticia en el camino para asegurar una prórroga que es considerada indispensable. La medida, que permite sincerar fondos para invertir en obras nuevas o con un avance de obra del 50%, además de introducir beneficios fiscales para todos los que decidan invertir en dichas obras, había sido recibida con poco entusiasmo, sobre todo teniendo en cuenta que la tercera etapa del mismo venció el pasado 9 de julio. En ese marco, tanto cámaras como gremios piden desde hace meses la extensión de una medida que es considerada como crucial para promover el desarrollo y la inversión en una industria clave. A último momento, llegó un primer paso en esa dirección.

Hace dos semanas, poco antes de que el Congreso inicie su receso, la Comisión de Legislación General de la Cámara baja emitió dictamen al proyecto de ley que prorroga durante 150 días la vigencia del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y acceso a la Vivienda. De esa manera, se abrió la puerta a una posible extensión de los plazos, además de habilitar la posibilidad una nueva extensión por 150 días, de parte del Ejecutivo, si la medida fuera exitosa. La decisión fue adoptada en un plenario de comisión -que preside Cecilia Moreau (Frente de Todos)- en el cual también se firmaron dictámenes sobre el traspaso de terrenos del Estado Nacional a diversas jurisdicciones.

Igual, pese al avance, el tema no se trató en la última sesión antes del receso, y en el contexto de los cierres de listas previos a las elecciones, nadie puede asegurar con certeza cuándo será la próxima. En ese marco, hubo mucha presión para incluir una gran cantidad de proyectos de último momento. Y el proyecto de prórroga del blanqueo queda envuelto en los recelos entre el oficialismo y la oposición, a pesar de que la iniciativa original fue aprobada por unanimidad, en marzo, y de que el proyecto de prórroga fue firmado por Sergio Massa, presidente de la Cámara, y Cristian Ritondo, jefe de bancada de la oposición. Para poder ser tratado en la sesión de Diputados, el proyecto firmado por ambos bloques debía obtener dictamen en comisión. La intención del oficialismo era “dejarlo listo”. Con el dictamen, eso quedó asegurado. Ahora depende de la próxima sesión ordinaria del plenario, aún sin fecha.

De acuerdo al proyecto, las personas que declaren sus capitales antes de los 60 días de promulgada la ley pagarán un impuesto del 5%, mientras las que lo hagan después de esa fecha y hasta los 90 días pagarán un único tributo del 10%, y los que lo hagan desde ese día y hasta 120 días abonarán un 20%. Sin embargo, esos 120 días empiezan a correr a partir de transcurridos 150 días desde la promulgación de la ley original, es decir dentro de veinte días. Además, el proyecto deja abierta la posibilidad de que el Poder Ejecutivo prorrogue el plazo otros 150 días, en el caso de que el blanqueo fuera exitoso. Todo lo dicho, sin embargo, está en el dictamen, y no necesariamente es lo que estipularía la ley si es que fuera aprobada. Todo queda sujeto al trato que tenga en la Cámara.

La ley original introdujo tres plazos: quienes depositaban el dinero hasta el lunes 10 de mayo, pagaban 5% de multa, que al calcularse con un tipo de cambio favorable, en términos prácticos representaba un 3%. Hasta el 9 de junio, la multa a pagar era del 10%, y el tercer plazo, con un recargo del 20%, vence el próximo 9 de julio. Sin embargo, en los hechos no fue así. La Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a cargo de la instrumentación, tardó 46 días en reglamentar la norma, incluso cuando ésta ya había sido publicada en el Boletín Oficial. La etapa del 5% de impuesto sólo duró nueve días hábiles. Sin decreto y sin reglamentación no había ni procedimientos formales ni garantías que hicieran efectivo al blanqueo o a las ventajas impositivas. Los plazos para blanquear corrían, pero no era posible hacerlo. Además de la reglamentación, se acumularon otras dificultades. Los bancos no tenían en claro el procedimiento para la apertura de cuentas y el retiro de fondos, y durante casi la totalidad de los primeros dos períodos de blanqueo ni siquiera estuvo listo el registro en el que se incluyen los proyectos en los cuales se puede invertir el dinero. Una sucesión de demoras y de mala implementación.

Aparecieron entonces los pedidos de prórroga. El reclamo era, y es, simple: restablecer los plazos, volver a ofrecer tres períodos de un mes cada uno. En un clima de negocios poco atractivo como el de la Argentina actual, con un mercado inmobiliario marcado por la cautela, ofrecer una multa baja y/o más tiempo para tomar la decisión de ingresar fondos en el sistema son incentivos clave. Luego de largas semanas de prueba y error, con ajustes técnicos y retrasos que en algunos casos son entendibles, el set de herramientas para blanquear está aceitado y plenamente funcional. Solo hace falta que se prolonguen los plazos. Sin embargo, los interlocutores frecuentes del Ministerio de Economía convencidos de la necesidad de extender la duración del blanqueo, advirtieron de entrada que la prórroga no se haría por decreto. Es decir que no depende del Ejecutivo. La prórroga del blanqueo está en manos del Congreso, ya tuvo una señal alentadora y ahora espera.

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