A los pedidos de referentes del arco inmobiliario para modificar en la norma se sumó la candidata a diputada María Eugenia Vidal que señaló el tema como “una prioridad” para su espacio
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La sanción de la ley de forma unánime en el Congreso el año pasado, generó el efecto contrario a lo que buscaba: en vez de previsibilidad generó mucha incertidumbre tanto en propietarios como en inquilinos.
Además de las críticas de las partes, hay un dato que genera gran preocupación en el sector inmobiliario: según las cifras que manejan, desde que entró en vigencia la norma sancionada el 11 de junio de 2020, el 45% de los propietarios habría decidido dejar de alquilar su inmueble. Lo que se traduce en que en la Ciudad de Buenos Aires más de 200.000 propiedades a la venta.
Por estos motivos, lo que en un principio comenzó con pedidos de modificaciones de determinados artículos ahora comienzan a alzarse distintas voces pidiendo directamente la derogación de la ley de alquileres.
Una de las voces que se sumó al pedido de derogación de la Ley fue María Eugenia Vidal. La candidata a diputada de Juntos por el cambio aseguró que uno de los 10 temas más importantes para su espacio es la derogación de esa norma. “En el Congreso, lo que define la posibilidad de que una ley salga o no es un número determinado de votos. Eso está en juego en esta elección”, enfatizó el lunes pasado, durante un encuentro organizado por el Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA).
Acompañada por los candidatos Fernando Sánchez y María Inés Parry, Vidal recibió una carpeta de propuestas elaborada por los corredores inmobiliarios y aseguró que Juntos por el Cambio se compromete a llevarlas al recinto. Además de la derogación de dos artículos de la ley de alquileres, una de ellas apunta al cobro de un arancel por los servicios de búsqueda que realizan los profesionales en el mercado locativo, como una forma de compensar la imposibilidad de cobrarles una comisión a los inquilinos en las operaciones.
Vidal no es la primera en pedir la derogación de la Ley. Enrique Abatti, abogado especializado en derecho inmobiliario y presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, calificó la Ley como “desastrosa”. “Perjudica tanto a locatarios como a los propietarios y a los corredores inmobiliarios. La única solución para terminar con esto no es la modificación sino la derogación de la ley, y volver la ley comercial que rige desde 2015″, indicó en diálogo con Eduardo Feinmann, por Radio Rivadavia.
Para Abatti “era previsible que no iba a funcionar”. “Cuando interviene el Estado siempre termina perjudicando a quien pretendía ayudar: en este caso a los inquilinos”, dijo y añadió: “Aumentaron todavía más los alquileres. El propietario ante la perspectiva de un alquiler planchado por un año, y como es obligatorio utilizar el Índice del Banco Central pero todos desconfían, por las dudas aumentan más”
El especialista criticó a los legisladores que votaron de forma unánime la ley y cuestionó que “muchos sin abogados, tienen asesores”.
Más allá de los pedidos de derogación, desde algunos sectores piden una revisión de la norma, a partir de la modificación de algunos artículos.
En septiembre pasado, representantes del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci) realizaron una asamblea en la que plantearon la necesidad de modificar dos artículos clave de la ley, aunque no plantearon la derogación de la norma.
A partir del diálogo con diferente legisladores, desde el Cofeci impulsan el cambio de dos aspectos: el plazo y la actualización de los contratos de alquiler. En esta línea, proponen modificar el artículo 1198 del Código Civil y Comercial, que establece un plazo mínimo de alquiler de tres años, para llevarlo a dos años. Además, buscan la derogación del artículo 14 de la Ley de Alquileres, que introduce la obligatoriedad de una actualización anual de los contratos según el Índice de Contratos de Locación (ICL) que realiza el Banco Central. “Estamos analizando si lo mejor es que los aumentos sean por acuerdos entre las partes o bien que haya un índice, pero que lo realice el INDEC por ejemplo”, señaló en ese entonces Virginia Manzotti, vicepresidenta de Cofeci y titular del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba, quien también cuestionó que nunca se haya reglamentado el artículo de la norma destinado a crear un organismo que impulse la vivienda social.
Por su parte, Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados, se mostró en contra de la derogación de la ley, aunque si considera que hay aspectos a revisar de la norma. “El índice está por debajo de la inflación en un contexto en el que distintos bienes y servicios aumentaron entre un 55 y un 70 %. El único precio de la economía que se actualiza anualmente por debajo de la inflación es el precio del alquiler. Durante 12 meses se paga el mismo precio”, apuntó.
Si bien Muñoz reconoció que la situación de los inquilinos “es gravísima” no lo adjudica a la sanción de la ley sino a que la situación económica “es catastrófica”. “Antes los alquileres aumentaban por encima de la inflación por los ajustes semestrales. Hoy, con un contrato de 3 años, es menos el nivel de aumento que con un contrato de 2 años con las variaciones semestrales del 15 %”, sostuvo en Radio Rivadavia.
Muñoz cuestionó a quienes piden derogar la ley porque quieren volver al contrato de dos años “en el que te pueden aumentar lo que quieren cuando quieren”. En esta línea, consideró que el precio del alquiler en la Argentina “debería estar de alguna forma”.
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