La justicia determinó que El Arelauquen Golf & Country Club ubicado en Bailoche deberá desplazar su alambrado para reintegrar tierras “ancestrales” a una comunidad vecina
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A partir de una medida cautelar, uno de los barrios cerrados más exclusivos de Bariloche deberá correr su alambrado perimetral por un conflicto territorial con una comunidad Mapuche. Se trata de Arelauquen Golf & Country Club, el proyecto inmobiliario fue denunciado por la comunidad Lofche José Celestino Quijada por estar dentro de un espacio de territorio que el Estado Nacional les había reconocido y ahora deberá trasladar el cerco hasta los límites catastrales.
Después de que las negociaciones entre las partes para llegar a un acuerdo fracasaran, la jueza federal subrogante Silvina Domínguez ordenó al barrio trasladar el alambrado en un plazo de cinco días desde la notificación.
En detalle, el apoderado de la comunidad comunicó que con esta medida pretenden recuperar 30 hectáreas. En caso de que el emprendimiento no acate la medida en tiempo y forma, se impondrán sanciones conminatorias por cada día de retraso.
Al evaluar el caso, la magistrada tuvo en consideración la resolución del Instituto Nacional de Asunto Indígenas (INAI) que reconoció la ocupación de 304 hectáreas en la ladera sur del cerro Otto, de las cuales una porción choca contra el barrio en cuestión. Específicamente, el problema se centra en que el alambrado está puesto dentro de un “territorio ancestral” perteneciente a la comunidad.
La noticia sorprendió a los habitantes de uno de los barrios cerrados más top de la ciudad de Bariloche. Un emprendimiento de 800 hectáreas, de las cuáles 550 son reserva natural y áreas comunes y solo 250 hectáreas están destinadas a terrenos, calles, accesos e infraestructura.
Pese al tiempo que lleva en desarrollo, el barrio, uno de los elegidos por el público ABC1 amante de la Patagonia, tiene una gran variedad de lotes en venta: en números, una tierra de un lote de 600 metros cuadrados se vende a US$60.000, otro de una hectárea está publicada a US$125.000 y los precios y tamaños siguen variando hasta opciones a valores de US$260.000.
Sin embargo, en la oferta inmobiliaria también está la opción de departamentos con valores de venta que arrancan en los US$165.000 en el caso de un tres ambientes de 70 m² hasta unidades de 92 m² que se venden por US$500.000.
En el caso de los compradores que buscan la intimidad de la casa, las propiedades terminadas o de reventa más imponentes con superficies de 600 metros cuadrados en terrenos de más de 4000 m² se venden a US$1.450.000.
En el otro extremo, las opciones más accesibles, chalets de 160 y 180 m² publicados a US$290.000, aunque el promedio de la oferta de casas por encima de los 200 metros cuadrados cubiertos parte desde los US$645.000.
Los alquileres temporarios
El emprendimiento también es una opción para pasar las vacaciones de verano. Según Ignacio O’Keefe, director de la inmobiliaria homónima que comercializa propiedades en el emprendimiento, esta temporada “ya está casi todo alquilado”.
Respecto a los precios, alquilar un departamento de 120 m² y cuatro ambientes ronda entre los US$250 y US$350 la noche. Mientras que en una casa de 300 m², ese valor se dispara a US$500.
Un historial de conflictos
El corrimiento del alambrado no es el primer enfrentamiento judicial en el historial del barrio y los Quijada que se pronuncia a favor de la comunidad. En 2007, habían denunciado al barrio de bloquear el único acceso al pueblo, hecho que obligaba a las familias que allí residían a usar vías alternativas que les costaban dos horas de su tiempo para lograr llegar. “La primera medida que pedimos es que la comunidad pueda entrar por Arelauquen hasta su territorio y nos la otorgaron en 2021″, recordó en diálogo con el medio local ANBariloche Matías Schraer, abogado de la comunidad.
“Después pedimos otra para que el Estado nacional y el country le provean de luz y el agua, que si bien la ganamos todavía estamos esperando que se implemente”, continuó describiendo la secuencia judicial el letrado. Es así como la comunidad de 60 integrantes salió beneficiada por otra cautelar -firmada por la misma jueza- que pedía que se “brinde autorización para la realización de las obras tendientes a asegurar -mediante la utilización de sus propias instalaciones- la conexión de los servicios públicos de agua potable y electricidad- reclamados por la comunidad”.
“Esta resolución cautelar se suma a las ya conseguidas en la misma causa donde la comunidad demanda al Estado Nacional para que reconozca nuestro territorio de ocupación tradicional y a Arelauquen por haber usurpado y alambrado parte de nuestro territorio y por habernos bloqueado ilegalmente el camino que nos conectaba con la vía pública, poniendo en riesgo la subsistencia de la comunidad”, argumenta un comunicado del grupo.
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