Países Bajos ha decidido intervenir en el mercado de alquileres y resolvió que las rentas no podrán subir más de un 1% (además de la inflación) durante los próximos tres años. Es la primera vez que se adopta una medida de esta clase en el sector privado del mercado inmobiliario. Esto afectará exclusivamente a quienes tengan rentas superiores a los 750 euros mensuales, y servirá para proteger a los inquilinos de gastos adicionales durante la pandemia.
El proyecto de ley fue aprobado por el Congreso en febrero, con la única voz en contra del partido de ultraderecha Foro para la Democracia, cuyo líder es Thierry Baudet. La propuesta alcanza a unas 560.000 casas, según fuentes gubernamentales y se calcula que el año pasado el alquiler subió para cerca de 87.000 inquilinos que estarían ahora protegidos por la nueva legislación.
En caso de incumplimiento, los afectados podrán dirigirse al Comité de Arrendamiento con sus quejas, un organismo gubernamental que dirime las disputas entre inquilinos y propietarios. Hasta ahora, este recurso sólo era aplicable a quienes arrendaban por debajo de los 750 euros mensuales de alquiler, lo que se conoce como el mercado social o regulado, cuya subida ya era controlada cada año por el Gobierno. Este segmento afecta a unos 2,3 millones de hogares (un 80% del total de arrendamientos) y el pasado febrero ya se había decidido congelar sus rentas en 2021.
Con la nueva disposición, todo el mercado pasará a tener, al menos durante tres años, límites al crecimiento de precios, una medida que en España está siendo objeto de fuertes disputas en el Gobierno de coalición. El Senado aprobó asimismo leyes relativas a la política de alquileres que deben entrar en vigor a partir de 2022 y tienen en cuenta, entre otras cosas, los ingresos del hogar. Por un lado, podrá contemplarse una subida mayor de la renta a los sueldos altos que a los considerados medios (a partir de 21 años, el salario mínimo bruto interprofesional para 2021 está fijado en 1.684 euros mensuales). Por otro, los dueños del piso en cuestión podrán ofrecer un descuento temporal de la renta - durante un máximo de tres años - si el inquilino tiene problemas de liquidez.
El acuerdo del Gobierno de centro derecha, que ha pasado ahora al Senado, fue pactado en noviembre de 2020 por la socialdemocracia y los ecologistas del partido GroenLinks con los ministerios de Interior y de Finanzas. Además del capítulo de las rentas, incluye una partida de 450 millones de euros para hacer más sostenibles los barrios, en especial los antiguos, y una mejora del acceso a la vivienda social para personas que vivan solas. Según cifras de la Oficina Central de Estadística, los inquilinos del mercado libre pagaron de promedio en 2020 un 2,9% más de renta que el año anterior. Ello suponía el mayor incremento desde 2014 y la oposición criticó al Gobierno por no prestar atención al problema de alojamiento.
Cuando el Senado pidió el congelamiento de los alquileres a partir del 1 de julio, debido a la crisis del coronavirus, Kasja Ollongren, titular de la cartera de Interior, se negó a ello, ya que dijo que los inquilinos que tuvieran problemas podrían solucionarlos mejor mediante arreglos privados con los propietarios, o bien pactando una reducción temporal de la renta. Su postura le valió una moción de censura por parte de los senadores, una medida excepcional reservada normalmente al Congreso por la Constitución de Países Bajos. Fue la primera vez que algo así ocurría en la Cámara Alta desde 1875. En este caso, no se trataba de forzar su dimisión, sino de decirle a la ministra que debía cambiar de política.
Finalmente, con un amplio consenso político, Ollongren aceptó poner límites a las subidas de precios en el mercado .
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