Las nuevas regulaciones amenazan con restringir drásticamente los alquileres temporarios a través de la plataforma y plantean normas extremas como que el propietario debe convivir con el inquilino durante su estadía
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Nueva York se encuentra en medio de un cambio de juego que podría poner en jaque la posibilidad de alquilar a través de Airbnb en la Gran Manzana. Este último episodio es el capítulo más reciente en una larga disputa entre una de las ciudades más visitadas del mundo y las empresas dedicadas al alquiler de propiedades a corto plazo.
Las nuevas regulaciones y su implementación
A partir del pasado martes, la ciudad de Nueva York comenzó a aplicar regulaciones altamente restrictivas que limitan severamente la capacidad de los residentes para alquilar casas y departamentos a través de plataformas como Airbnb. Estas nuevas normativas requieren que los anfitriones se registren en la ciudad antes de que puedan ofrecer alojamientos a corto plazo. Además, las empresas de alquiler, incluyendo a gigantes como VRBO y Booking, deben verificar y aprobar el registro de los anfitriones antes de que se puedan cobrar tarifas por estancias de corta duración.
Además de los requisitos de registro, las regulaciones también exigen que los anfitriones compartan la vivienda con los huéspedes durante la estadía. Esto significa que los propietarios deben estar presentes en la propiedad mientras se alquila a corto plazo, una medida que busca abordar las preocupaciones sobre la seguridad y la calidad de vida en los vecindarios. Estas restricciones se aplican a todas las reservas de menos de un mes, y se permite un máximo de dos huéspedes a la vez.
Las sanciones por incumplir estas nuevas reglas son considerables: los anfitriones que reiteradamente infrinjan las regulaciones podrían enfrentar multas de hasta US$5000, mientras que las plataformas de alquiler podrían ser multadas con hasta US$1500 por facilitar alquileres ilegales.
La implementación de estas regulaciones tuvo un impacto inmediato en la disponibilidad de propiedades en Airbnb en Nueva York. En tan solo un mes, entre el 4 de agosto y el 5 de septiembre, la cantidad de anuncios de alquiler a corto plazo en Airbnb disminuyó en un 70%. Esto se traduce en la desaparición de aproximadamente 15.000 anuncios, marcando un cambio significativo en el panorama del mercado de alquiler a corto plazo en la ciudad.
Desafíos en la implementación de la ley
Aunque muchos anuncios de alquiler a corto plazo han desaparecido, algunos han optado por cambiar a alquileres a largo plazo, que no están sujetos a la nueva ley. Durante el mismo período, el número de alquileres a largo plazo aumentó en alrededor de 11.000. Sin embargo, la identificación de anuncios registrados en la ciudad demostró ser un desafío, ya que solo unos pocos mencionan tener un número de registro de la ciudad en sus listados.
La ciudad de Nueva York recibió miles de solicitudes de registro, pero hasta el momento, solo concedió un número limitado de permisos. Entre los neoyorquinos, estas regulaciones generan controversia, ya que algunos argumentan que afectan injustamente a las personas que intentan alquilar sus propias casas mientras están fuera de la ciudad.
Para los viajeros que reservan alquileres a corto plazo en Nueva York, la incertidumbre es una realidad. Determinar si están eligiendo un alojamiento legalmente registrado o no resulta complicado, ya que la mayoría de los anuncios no mencionan su estado de registro. Esto llevó a una sensación de ambigüedad para aquellos que planean visitar la ciudad y buscan opciones de alojamiento a través de plataformas como Airbnb.
El debate en torno a las regulaciones
Las autoridades de la ciudad argumentan que la proliferación de alquileres a corto plazo contribuyó al aumento de los precios de alquiler y agravó la escasez de viviendas en Nueva York. También se menciona la influencia de la industria hotelera como un factor clave en la implementación de estas regulaciones, lo que ha generado críticas sobre el posible lobby de la industria hotelera en esta decisión.
Por otro lado, Airbnb sostiene que el alquiler a corto plazo beneficia a la economía turística de la ciudad, especialmente en áreas donde hay escasez de hoteles. La compañía llevó su lucha contra las regulaciones a los tribunales, argumentando que la interpretación de la ciudad de Nueva York de sus propias leyes es “irrazonable”. Aunque Airbnb ha presentado su caso ante la Corte Suprema del estado, las nuevas regulaciones continúan su implementación.
Para aquellos que reservaron alojamientos a través de Airbnb por menos de 30 días con fecha de llegada antes del 1 de diciembre, sus reservas no serán canceladas. Sin embargo, las reservas con fecha de llegada a partir del 2 de diciembre serán dada de baja y reembolsadas por la empresa. Airbnb no ha proporcionado cifras actualizadas sobre la cantidad de reservas que se verán afectadas por esta medida.
El futuro de Airbnb
En resumen, las nuevas regulaciones en Nueva York transformaron drásticamente el panorama de los alquileres a corto plazo, dejando a Airbnb y a sus anfitriones enfrentando un futuro incierto en la ciudad que nunca duerme. Las regulaciones buscan abordar problemas de costos de vivienda y han generado una agria controversia entre los defensores de estas medidas y aquellos que argumentan que obstaculizan la economía turística de la ciudad. A medida que se desarrolle este panorama regulatorio, se espera que las implicaciones y los desafíos para Airbnb continúen siendo tema de debate en Nueva York.
En este contexto, estas normas siguen la tendencia global de ciudades como París, donde se pueden alquilar propiedades por un máximo de 120 días al año, o en ciudades de Portugal e Italia. En Buenos Aires, también se están implementando medidas para regular los alquileres temporarios. En Argentina, se está avanzando en un proyecto de ley para regular los alquileres temporarios con fines turísticos. La iniciativa busca crear un registro nacional de propietarios y establecer sanciones por incumplimiento. La finalidad de estas regulaciones es evitar que el alquiler a turistas tenga un impacto negativo en los precios de alquiler para los residentes locales y asegurar que los propietarios cumplan con ciertas normas y registros.
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