Más del 90% del sector quiere que se modifique la ley de alquileres
Según una encuesta realizada por CAMESI, la mayoría sostiene que la norma hizo que se retiraran propiedades del mercado y se dispararan los precios
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La nueva ley que regula el mercado de los alquileres sigue sumando detractores. A más de un año de su sanción, un informe elaborado por el Observatorio Inmobiliario de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) arroja que el 91% del sector rechaza la ley y considera que es necesario que se implementen políticas públicas que incentiven la inversión.
Las críticas dentro del sector inmobiliario se multiplican y, según la encuesta de CAMESI, una amplia mayoría sostiene que es necesaria una modificación a la norma vigente. El principal argumento que ponen sobre la mesa los representantes del mercado es que, a raíz de la nueva legislación, hubo una importante retracción de la oferta de propiedades, opinión que comparten ocho de cada 10 operadores y empresas. Además, el 87% considera que la ley provocó un importante aumento de los precios.
Uno de los contrapuntos más señalados de la ley es la imposibilidad de aplicar más de un aumento anual para equiparar la inflación, algo que, según especialistas, empujó a los propietarios a “cubrirse” con los precios de antemano con un efecto inmediato: aumentos desmedidos que, en algunos casos, alcanzaron al 100% en comparación a los valores de la prepandemia. A su vez, las condiciones que impuso la norma hicieron que muchos dueños prefirieran poner sus inmuebles a la venta (resignando precio) antes que alquilarlos (caros), lo que llevó a que disminuyera la oferta, mientras la cantidad de las propiedades a la venta bate un nuevo récord cada semana.
“El índice de actualización fue creado para que los inquilinos no tengan que pagar tanto de actualización y la realidad es que con el alto grado de inflación que hubo en los últimos meses, los terminó perjudicando: esa actualización está dando un 40%”, explicó el director ejecutivo de CAMESI, Mariano García Malbrán. “Mucha gente necesita alquilar y la nueva ley impide aumentos en los primeros 12 meses, lo que hace que la barrera a la entrada sea más grande”, agregó.
Por otra parte, el informe indica que, desde la puesta en vigencia de la norma, ocho de cada 10 operadores tuvieron propietarios que retiraron sus inmuebles de la oferta de alquiler, por lo que esa cartera se achicó aun más y produjo que se encarecieran las unidades disponibles. “Lo que empieza a suceder es que los propietarios prefieren vender y no alquilar y esto termina agravando el déficit habitacional que tenemos en nuestro país, por eso es necesario rever la ley”, analizó Malbrán.
Sobre el congelamiento del precio de los alquileres, el informe arroja que el 63% de los consultados está en desacuerdo con que se vuelva a implementar. “Es una medida que atiende la contingencia, pero que, a la larga, termina achicando el mercado, generando mayor demanda y provocando que todas las partes pierdan”, opinó el especialista.
Los operadores reclaman incentivos al mercado
Por otro lado, el 75% de los operadores consultados por CAMESI considera que es necesario extender el plazo del beneficio de la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, conocida como “blanqueo de capitales para la construcción”. El 66% cree que es positivo el impacto de la norma para favorecer la construcción.
En el mismo sentido, un eventual incentivo del Estado orientado hacia la construcción destinada a la renta es aprobado por un 74% de los consultados. Además, casi unánimemente, operadores y empresas sostienen que el Gobierno debe exceptuar del pago de algunos impuestos a locales comerciales, galerías, estacionamientos y oficinas.
LA NACION
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