Los inquilinos se defienden ante el aumento de los alquileres y los cheques que les rechazan las inmobiliarias

Antes de que comience cada mes, Anh-Thu Nguyen y sus dos compañeros de piso mandan al casero los cheques por alquiler, pero unos días después los reciben de vuelta por correo. El extraño ritual comenzó poco después de que en marzo de 2021 una empresa inmobiliaria llamada Greenbrook Partners comprara el edificio en Brooklyn donde vive Nguyen. La firma avisó a los residentes que debían abandonar sus departamentos para el 30 de junio.

Algunos vecinos se mudaron, pero Nguyen e inquilinos de otros cuatro apartamentos demandaron a Greenbrook, que cuenta con más de 150 propiedades en Brooklyn y Queens (Nueva York). La mayoría de las viviendas fueron compradas durante la pandemia. “Este ha sido mi hogar por más de 13 años. Es una comunidad maravillosa y quiero quedarme aquí, (...) también es lo correcto”, dijo Nguyen, de 39 años, abogada que trabaja en organización laboral para una ONG.

Esta batalla surge cuando el aumento en los alquileres se suma al alza de la inflación en Estados Unidos, estas son experiencias cada vez más frecuentes en la porción no regulada del mercado inmobiliario de Nueva York que busca aumentos del 30% o más. “El mercado se ha recuperado, provocando aumentos en la renta y renovaciones de contratos que son realmente gravosos para los inquilinos”, sostuvo Charles McNally, director de asuntos externos en el Furman Center, una organización de investigación de políticas urbanas de la Universidad de Nueva York.

“Inquilina no óptima”

En un evento organizado en febrero por demócratas del Senado, Nguyen dijo que firmas como Greenbook, uno de los principales actores del mercado inmobiliario, la consideraban como una “inquilina no óptima”. Según la arrendataria la meta de la firma es “maximizar sus ganancias. A ellos no les importa la estabilidad que viene de la mano de los inquilinos a largo plazo”.

Expertos en vivienda explicaron a los senadores que un grupo de empresas ficticias y subsidiarias que cambian con frecuencia y que aparecen en los documentos oficiales de propiedad ponen trabas a la rendición de cuentas o pago de los alquileres de los inquilinos. El objetivo es que ante la falta de cumpliento de pago pueda caberles la figura del desalojo.

En el camino, los inquilinos de Greenbrook han cosechado el apoyo de destacados políticos de Nueva York, incluso del líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y del senador del estado Jabari Brisport. Este funcionario encabezó una concentración el mes pasado en Brooklyn en apoyo a una legislación de “desalojo por una buena causa”, que limitaría estos casos a aquellos en que los inquilinos no paguen la renta o se comporten de forma incorrecta.

El proyecto de ley, que Nguyen y otros activistas respaldan, limitaría los aumentos en la renta de apartamentos. En tanto, muchos en el mercado inmobiliario se oponen. Tal es el caso de Bryan Liff -un ingeniero de software de 50 años-, que puso a la venta dos apartamentos antes de arriesgarse a arrendarlos bajo las posibles reglas legales que establecería el proyecto de ley. “No estoy dispuesto a correr el riesgo de que el Estado, básicamente, regale nuestra propiedad”, consideró el propietario.

Según los registros oficiales, Greenbrook y sus filiales poseen unas 153 propiedades, según una base de datos inmobiliaria de la ciudad de Nueva York. Las viviendas aparecen actualmente bajo el nombre de “Freestone Property Group”, tras haber aparecido bajo el nombre de Greg Fournier, un director de Greenbrook. Nguyen cree que Freestone es una filial de Greenbrook. En tanto, Greenbrook Partners no ha respondido a las múltiples preguntas de los distintos medios de prensa que lo requirieron.

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