“Los cambios no descomprimen el mercado”: los representantes de inquilinos en contra de la modificación a la ley de alquileres

Después de más de un año de juntar polvo en un cajón, se volvió a tratar la ley de alquileres en el Congreso y surgió el primer atisbo de cambio. La Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto presentado por la oposición y está semana el tema avanzará en Senadores.

Las asociaciones de inquilinos se pronunciaron en contra del avance de este proyecto, ya que consideran desventajosas sus condiciones para quienes alquilan. Las bases de la propuesta son que los contratos pasen a ser de tres a dos años, que los ajustes del precio se realicen como mínimo cada cuatro meses (máximo un año) y que la actualización de los costos se permita calcular en base a una multiplicidad de índices.

Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos, señaló en diálogo con LA NACION que “lo que más complicaría es la actualización cada cuatro meses, más en este momento cuando ya se dificulta cumplir con el aumento que, a pesar de ser anual, hoy es del 112%”. Además, destacó que si bien el plazo lo pueden establecer las partes en común acuerdo, “cada vez hay una relación más asimétrica entre locador y locatario” con una desventaja para los inquilinos, por lo que estos quedarían supeditados a la voluntad del propietario.

Para Botana, la solución debe contemplar una mirada más amplia del problema. “No creo que esta medida pueda hacer que se descomprima el mercado si no se tiene en cuenta una política de vivienda integral que no solo tenga en cuenta el tema de la ley, sino también el establecimiento de líneas de crédito o la regulación de las nuevas plataformas de alquiler temporario”, concluyó.

Para Magalí Zirulnikoff, cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, parte de la solución al mercado de locación radica en otros aspectos: “Para aumentar la oferta de viviendas en alquiler se deben dar créditos para reparación y readecuación de viviendas inhabitables para volcarlas al alquiler, impuesto a la vivienda ociosa y beneficios fiscales a la vivienda en alquiler”.

Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, también habló con LA NACION y definió que “la crisis habitacional ya está a la vista y ahora se profundizará la crisis social”. Coincide con esta perspectiva Zirulnikoff, quien agregó que “los cambios que tienen media sanción no aseguran el aumento de la oferta, pero sí una mayor crisis económica a los hogares inquilinos y mayor inestabilidad a los propietarios. Ningún salario aumenta cada cuatro meses y la población inquilina depende de los aumentos salariales para poder costear el alquiler”.

Por otro lado, Muñoz compartió cómo imagina que la restauración de medidas podría afectar a los locatarios en el programa Crónica Anunciada por Futurock. Desde su perspectiva, la eventual sanción del proyecto implicaría “un impacto muy fuerte en los salarios” y que los inquilinos no van a poder “ni terminar el contrato de alquiler porque no lo podrán pagar más”, lamentó sobre el ajuste cuatrimestral mínimo de la propuesta.

Cómo hacer el ajuste de precio

El proyecto de ley indica que los montos podrían indexarse por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden. Respecto a esto, reclamó Muñoz que “los tres índices que se fijaron en la modificación son bastantes abstractos... imaginate si un inquilino sabe cuál es el precio de índice de mayoristas”.

En un repaso por lo que fueron los tres años de la ley observa que los contratos se firmaron “en un clima de inflación tan alta y de salarios por el piso”, por lo que destacó que “es importante tener una actualización anual y que mantenga el precio fijo durante 12 meses para que garantice que puedas pagarlo”.

El Estado ausente

Desde su visión, el resultado de Diputados fue abalado por “la campaña que se hizo en contra de la ley y por un Gobierno Nacional que muchas veces ha planteado que era una ley que no se podía cumplir, controlar, que cada provincia tenía que encargarse y que no llevó adelante una campaña de difusión acerca de que derechos que habíamos conquistado con la norma”, agregó Muñoz en la entrevista.

En ese sentido, hizo un llamado de atención al papel del Estado y su accionar insuficiente para buscar una solución. “La política de vivienda nacional está reducida a un sorteo de una casa por mes cuando debería ser una de los temas centrales, teniendo en cuenta que 10 millones de personas vamos a buscar vivienda al mercado de alquiler donde no hay intermediación del Estado ni lugar donde se pueda reclamar que un contrato se hace por fuera de la ley”, denunció.

En esa línea, resaltó la falta de respuesta a los pedidos realizados por la federación para hacer oír sus reclamos. “En materia de vivienda no existe el Estado. Hemos propuesto muchísimas veces que la Secretaría de Comercio intervenga, por ejemplo con la dolarización de los alquileres que también sucedió en épocas de inflación alta como en 1989, cuando se votó el congelamiento de los alquileres por seis meses”, manifestó.

Bajo la misma lógica, Muñoz también se pronunció en contra de la dolarización de la oferta y criticó su falta de regulación. “Hoy el alquiler en dólares está prohibido en la Argentina y, sin embargo, no vas a escuchar al Secretario de Comercio diciendo algo al respecto, ni mucho menos dando de baja las publicaciones en dólares o dando de baja los portales”.

Un mes atrás, el 60% de la oferta de alquileres publicada en la Ciudad de Buenos Aires estaba dolarizada, según Zonaprop. El efecto devaluación post PASO reforzó la crisis macroeconómica del país y los expertos inmobiliarios predijeron que este factor podría reforzar este fenómenos, dejando así pocas unidades ofrecidas en pesos.

Asimismo, criticó que los diputados voten a favor de las nuevas condiciones desde el lugar de propietarios: “La discusión que se da es profundamente cínica porque quienes hablan de que la ley también está dirigida a los propietarios son diputados que tienen cinco o 10 viviendas en alquiler”.

Las expectativas para el Senado

En cuanto a la posibilidad de que la ley se trate en el Senado hay más dudas que certezas. Para Muñoz, la aprobación en la Cámara alta es factible. “Creo que se puede aprobar porque algunas ausencias del Frente de Todos hacen creer que hubo un acuerdo para facilitar la votación y que algunos senadores de la mismas provincias y partidos que se ausentaron van a votar a favor o volverán a ausentarse para que se garantice la modificación”, opinó.

En caso de tratarla, el Senado puede modificar lo aprobado por Diputados, en cuyo caso el proyecto volvería a la Cámara baja para la aprobación de los nuevos cambios. A esta posibilidad aludió Zirulnikoff cuando observó que el proyecto tiene debilidades que podrían abarcarse en la Cámara alta.

“El proyecto aprobado el día miércoles es inconstitucional, ya que vulnera el Derecho Constitucional a la vivienda digna y en condiciones adecuadas del 20,7% de la población argentina. El proyecto aprobado también violenta los compromisos internacionales asumidos por la Nación Argentina, como el Derecho Humano a la Vivienda adecuada, la estabilidad en la tenencia de la vivienda y la asequibilidad. Sin embargo, el proyecto no fue tratado en la comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, por lo que hay que ver qué tratamiento se le da en el Senado de la Nación Argentina”, sostuvo Zirulnikoff en diálogo con LA NACION.

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