Ley de alquileres: Diputados reanuda hoy la discusión para reformar la norma

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados se reunirá nuevamente hoy martes para analizar las distintas posturas que existen para avanzar en una reforma de la ley de alquileres, que tiene como principales ejes la discusión de los plazos de los contratos y el sistema de actualización de los mismos, con el objetivo puesto en poder sancionar una nueva norma en la primera quincena de mayo.

La comisión -que conduce Cecilia Moreau (Frente de Todos)- realizó la semana pasada la primera de las tres jornadas informativas previstas en el cronograma de discusiones, en la que expusieron unos 40 invitados -en su mayoría corredores inmobiliarios. Este martes y miércoles los expositores serán inquilinos, asociaciones de inquilinos, entidades de defensa del consumidor y propietarios e inmobiliarias. También fue invitado el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, para cerrar la ronda de consultas.

Durante la última semana de abril, los legisladores se abocarán a analizar las diferentes propuestas para reformar la ley votada en 2020. El vicepresidente segundo de la cámara, el sanjuanino José Luis Gioja, dijo que “lo primero que hay que decir, es que, es muy sano el debate público, incorporando a todos los actores que intervienen en el mercado y mucho más sano, es que esa discusión se dé en el Parlamento, que es la Casa de las Leyes”.

Y agregó, el legislador cuyano: “Nosotros tenemos muy en claro que hay derechos adquiridos de los inquilinos que hay que preservar; como los tres años de duración de los contratos y una única renovación anual. Por otro lado, nuestra propuesta de modificación de la Ley 27.551, incluye incentivos para propietarios, como son las exenciones impositivas de Bienes Personales por 15 períodos fiscales por la propiedad alquilada. Uno de los aspectos más importantes de nuestro proyecto, que en la actual Ley vigente no se contempló, es las facilidades para acceder a un seguro de caución que opera como garantía para inquilinos monotributistas. Hoy, un profesional independiente o una persona que tiene un oficio y que factura como monotributista, prácticamente tiene vedado el acceso a una vivienda de alquiler, nosotros equiparamos al monotributista con un empleado del sistema formal”.

Gioja sostuvo que, con el objetivo de evitar abusos, la nueva ley propone poner topes del 10% de aumento para renovaciones de contratos de alquiles y 20% para contratos de alquileres nuevos”.

Desde Juntos por el Cambio, la secretaria de la comisión de Legislación General, Karina Banfi, afirmó que la Argentina “carece de una política habitacional y eso es una responsabilidad del Estado que no tiene una política de fomento de la construcción”. En tanto, la legisladora señaló que el “costo de indexación es un drama cuando se alquila en medio de un sistema de alta inflación como existe acá en la actualidad”.

Por su parte, Banfi expresó que “es necesario revisar, no solo, el plazo de los contratos -para que sea amigable tanto para los propietarios como el inquilino- sino que además resulta vital brindar un mecanismo que ofrezca previsibilidad a las dos partes que intervienen en el mercado”. Según la diputada de Juntos por el Cambio la ley vigente “no tuvo el impacto que fue esperado, ya que dificulta el mercado de alquileres”.

El acuerdo alcanzado entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio prevé un plazo de 30 días hábiles -equivalente a 45 días corridos- que vencerá a mediados de mayo, para poder analizar la reforma de la ley de alquileres. De todos modos, no será sencillo conciliar los intereses de los propietarios, martilleros e inquilinos de acuerdo a las posiciones expuestas en la primera reunión de comisión, ya que mientras los primeros piden cambiar el plazo para que vuelva a tener dos años y que la actualización sea semestral, las organizaciones de inquilinos rechazan ambos planteos.

La ley de alquileres fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en el primer período de aislamiento por la pandemia de coronavirus. A menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación, la norma ha generado muchas dificultades para que los inquilinos puedan alquilar una propiedad y las cuestiones más objetadas pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años. También tuvo diferentes cuestionamientos el índice de actualización de los contratos, basado en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio.

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