Lo que tanto pedía y esperaba el sector de la construcción e inmobiliario, parece encaminarse en esa dirección
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A tres días de que venza el plazo para blanquear fondos destinados a la construcción, el sector recibió una buena noticia en el camino para asegurar una prórroga que es considerada indispensable. La medida, que permite sincerar fondos para invertir en obras nuevas o con un avance de obra del 50%, además de introducir beneficios fiscales para todos los que decidan invertir en dichas obras, había sido recibida con poco entusiasmo, y el viernes 9 de julio llega a su conclusión. En ese marco, tanto cámaras como gremios piden desde hace meses la extensión de una medida que es considerada como crucial para promover el desarrollo y la inversión en una industria clave. Hoy, a último momento, llegó un primer paso en esa dirección.
Durante esta tarde, la Comisión de Legislación General de la Cámara baja emitió dictamen al proyecto de ley que prorroga durante 150 días la vigencia del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y acceso a la Vivienda. De esa manera, se abre la puerta a que sea tratada en la sesión de Diputados del miércoles. La decisión fue adoptada en un plenario de comisión -que preside Cecilia Moreau (Frente de Todos)- en el cual también se firmaron dictámenes sobre el traspaso de terrenos del Estado Nacional a diversas jurisdicciones.
La situación general en Diputados es de desconfianza. La de mañana será la última sesión antes del receso, y en el contexto de los cierres de listas previos a las elecciones, nadie puede asegurar con certeza cuándo será la próxima. En ese marco, hay mucha presión para incluir una gran cantidad de proyectos de último momento, por lo que el clima es de mucha cautela. El proyecto de prórroga del blanqueo queda envuelto en los recelos entre el oficialismo y la oposición, a pesar de que la iniciativa original fue aprobada por unanimidad, en marzo, y de que el proyecto de prórroga fue firmado por Sergio Massa, presidente de la Cámara, y Cristian Ritondo, jefe de bancada de la oposición.
Para poder ser tratado en la sesión de Diputados del mañana miércoles, el proyecto firmado por ambos bloques debía obtener dictamen en comisión. La intención del oficialismo era “dejarlo listo” para que, en caso de negociarse mañana un gran paquete de leyes de consenso, la prórroga del blanqueo esté en condiciones de entrar. Con el dictamen, eso quedó asegurado. Ahora depende de la sesión ordinaria del plenario, en la que se discutirán también otras cuestiones. “Si se logra un paquete de consenso, el blanqueo entra en ese acuerdo de leyes”, dijeron fuentes del Congreso.
De acuerdo al proyecto, las personas que declaren sus capitales antes de los 60 días de promulgada la ley pagarán un impuesto del 5%, mientras las que lo hagan después de esa fecha y hasta los 90 días pagarán un único tributo del 10%, y los que lo hagan desde ese día y hasta 120 días abonarán un 20%. Sin embargo, esos 120 días empiezan a correr a partir de transcurridos 150 días desde la promulgación de la ley original, es decir dentro de un mes. Además, el proyecto deja abierta la posibilidad de que el Poder Ejecutivo prorrogue el plazo otros 150 días, en el caso de que el blanqueo fuera exitoso. Todo lo dicho, sin embargo, está en el dictamen, y no necesariamente es lo que estipularía la ley si es que fuera aprobada. Todo queda sujeto al trato que tenga en la Cámara.
En la reunión de comisión, el encargado de fundamentar el proyecto de prórroga fue el diputado Ramiro Gutiérrez (FdT), quien aseguró que “la construcción es uno de los motores para la reconstrucción del país”.
“Es una gran noticia. Ahora hay que esperar a que lo aprueben y luego lo mismo en el Senado, todavía falta. Pero es un motivo de alegría y va a ser muy positivo para la construcción y la actividad inmobiliaria”, dijo Alejandro Ginevra, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi).
Qué es y por qué se pide la prórroga
La ley original permite sincerar fondos para invertir en obras nuevas o con un avance de obra del 50%, además de introducir beneficios fiscales para todos los que decidan invertir en dichas obras, incluso aquellos que lo hagan con dinero en blanco. Para sincerar fondos, la norma introdujo tres plazos: quienes depositaban el dinero hasta el lunes 10 de mayo, pagaban 5% de multa, que al calcularse con un tipo de cambio favorable, en términos prácticos representaba un 3%. Hasta el 9 de junio, la multa a pagar era del 10%, y el tercer plazo, con un recargo del 20%, vence el próximo 9 de julio. Sin embargo, en los hechos no fue así. La Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a cargo de la instrumentación, tardó 46 días en reglamentar la norma, incluso cuando ésta ya había sido publicada en el Boletín Oficial. La etapa del 5% de impuesto sólo duró nueve días hábiles. Sin decreto y sin reglamentación no había ni procedimientos formales ni garantías que hicieran efectivo al blanqueo o a las ventajas impositivas. Los plazos para blanquear corrían, pero no era posible hacerlo. Además de la reglamentación, se acumularon otras dificultades. Los bancos no tenían en claro el procedimiento para la apertura de cuentas y el retiro de fondos, y durante casi la totalidad de los primeros dos períodos de blanqueo ni siquiera estuvo listo el registro en el que se incluyen los proyectos en los cuales se puede invertir el dinero. Una sucesión de demoras y de mala implementación.
Aparecieron entonces los pedidos de prórroga. El reclamo era, y es, simple: restablecer los plazos, volver a ofrecer tres períodos de un mes cada uno. En un clima de negocios poco atractivo como el de la Argentina actual, con un mercado inmobiliario marcado por la cautela, ofrecer una multa baja y/o más tiempo para tomar la decisión de ingresar fondos en el sistema son incentivos clave. Luego de largas semanas de prueba y error, con ajustes técnicos y retrasos que en algunos casos son entendibles, el set de herramientas para blanquear está aceitado y plenamente funcional. Solo hace falta que se prolonguen los plazos. Sin embargo, los interlocutores frecuentes del Ministerio de Economía, de trato habitual con el sector privado y también convencidos de la necesidad de extender la duración del blanqueo, advirtieron de entrada que la prórroga no se haría por decreto. Es decir que no depende del Ejecutivo. La prórroga del blanqueo está en manos del Congreso y hoy tuvo una señal alentadora.
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