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Las dificultades económicas que trajo el coronavirus hace que muchas familias no puedan hacer frente al pago de su vivienda en España. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020 se iniciaron 9407 ejecuciones hipotecarias sobre casas de particulares, lo que supone un 27,4% más que en 2019. Ese crecimiento interanual es el primero desde 2014, cuando el instituto estadístico comenzó a recabar esta información a partir de las certificaciones inscriptas en los registros de la propiedad. Este proceso no es exactamente el equivalente a un desahucio porque puede reconducirse gracias a una serie de negociaciones con el prestamista pero, en muchos casos, sí acaba con la desposesión y subasta de la vivienda.
Gran parte de la culpa del crecimiento de 2020 la tuvo el último trimestre del año. Entre octubre y diciembre, los registros inscribieron 3760 certificaciones de ejecución hipotecaria sobre viviendas de personas físicas. Esto supone un crecimiento interanual del 97%; es decir, casi se duplicaron respecto al último trimestre de 2019. Respecto al trimestre anterior (julio-septiembre de 2020), la subida es del 63 por ciento. José Miguel Tabarés, vicedecano del Colegio de Registradores de España, pone el acento en las peculiaridades de la crisis del coronavirus. “Sospechamos que puede haber cierta acumulación de los datos de todo el año”, señala. En otras palabras, tras un segundo trimestre de casi nula inactividad en los juzgados (debido a la cuarentena) y un tercer trimestre que coincide con el verano, las peticiones de este tipo de certificaciones (que solicitan los jueces a requerimiento del banco) se concentraron en la recta final del año.
Paradójicamente, esas dificultades que llevan a muchas familias a perder sus viviendas no se van al ampliar el foco a otro tipo de propiedades y de propietarios. En 2020 el total de ejecuciones hipotecarias registradas por el INE fue de 34.750. Esta cifra incluye, además de las viviendas de personas físicas, aquellas que están a nombre de empresas así como otro tipo de fincas urbanas o suburbanas (en las que la estadística no distingue por clase de propietario). Con respecto a 2019, el total arroja una bajada del 38,8% y corta con la tendencia de los años anteriores, cuando crecieron ligeramente (en torno al 3%).
Menos embargos a empresas
La inflexión más llamativa se dio precisamente en las viviendas de personas jurídicas (es decir, de empresas u otro tipo de organizaciones). Este tipo de ejecuciones hipotecarias era la que con más fuerza crecía en los años anteriores a la crisis (un 29% en 2018 y un 16% en 2019). Y el año pasado volvió a caer. Lo hizo, además, con fuerza: las 9496 ejecuciones de 2020 son un 52% menos que las del año anterior. Incluso en el fatídico cuarto trimestre cayeron un 53% con respecto al mismo período de 2019. Una posible explicación de esto es que las medidas de liquidez aprobadas por el Gobierno hayan tenido un mayor efecto en el caso de las empresas que en el de las familias (éstas disponen de una moratoria, aunque limitada, de pago de hipoteca y préstamos avalados por el ICO). No obstante, puesto que la crisis sigue avanzando, habrá que esperar más tiempo para ver su evolución. “Hay porcentajes de caída en 2020 que posiblemente se materialicen en aumentos en 2021″, asegura Tabarés.
Lo que refleja el INE es un extraordinario impacto sobre los particulares, y en especial en viviendas que son la residencia habitual de las familias. Las ejecuciones sobre este tipo de bienes crecieron un 37,4% el año pasado; mientras que, aquellas que son segundas residencias, lo hicieron sólo un 0,9%. En números absolutos, las primeras representaron 7364 ejecuciones y las segundas, algo más de 2000.
Una nueva dinámica
Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cree que además del empeoramiento de las condiciones económicas, lo que se observa es el efecto de la ley hipotecaria de 2019 y de algunas sentencias judiciales. La nueva Ley reguladora de los contratos de crédito hipotecario “moderó esa situación”, explica Morote. En suma, hoy, a partir de 12 o de 15 cuotas impagas (dependiendo de lo avanzado que esté el préstamo), los bancos pueden volver a reclamar sin temor a que se archive su demanda y eso es, lo que a juicio de la PAH, ha provocado una nueva dinámica de crecimiento de casos. “Las ejecuciones que están entrando ahora son desahucios a medio plazo”, asegura su portavoz, quien hace hincapié en las cifras de ejecuciones hipotecarias por impago del año pasado: “Casi 7000 en un año, pese a existir una moratoria, es una barbaridad”.
En 2019 quien encabezó las ejecuciones hipotecarias tanto del total de fincas como del conjunto de viviendas fue la Comunidad Valenciana, seguida por Andalucía y Cataluña. Si se observan sólo aquellos procedimientos sobre viviendas de particulares, Cataluña es la comunidad que aparece en primera posición (con 2027), seguida de Comunidad Valenciana (1917) y Andalucía (1856).
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