España avanza en la Ley de Viviendas para regular los precios de los alquileres: a quién beneficia y a quién afecta
La iniciativa, que es resistida por la oposición, prevé incentivos fiscales para los propietarios que acepten rehabilitar sus viviendas y 250 euros de ayuda para los jóvenes que tengan recursos limitados
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El Gobierno de España anunció hoy un plan de mecanismos para regular los precios de los alquileres de viviendas, que incluye protecciones para las llamadas viviendas protegidas, el incremento de casas para rentar y la suba de hasta un 150% en el Impuesto a los Bienes Inmuebles (IBI) para propiedades ociosas. En lo formal, el conjunto de medidas se firmará oficialmente el jueves, en una reunión del Consejo de Ministros.
El programa forma parte de un acuerdo entre los partidos que integran la coalición de Gobierno, el Socialista y Unidas Podemos, como paso previo a destrabar el proyecto de presupuesto.
Durante un foro económico, el presidente Pedro Sánchez señaló que el plan significa un “hito sin precedentes en la acción legislativa” y que va a “facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a aquellos más vulnerables ante la precariedad”, entre ellos los jóvenes.
En su cuenta de Twitter, la ministra de Igualdad, Irene Montero, miembro de Podemos, dijo que “la ley obligará a los grandes propietarios a bajar los precios abusivos de los alquileres”. “Vivienda pública y protección contra los desahucios (desalojos). Garantizar la vivienda como derecho y frenar a buitres y especuladores”, añadió Montero.
Aunque el Ejecutivo aún no detalló la naturaleza del mecanismo que aplicará para regular los alquileres ni el tipo de propietarios a los que apuntará, el diario El País adelantó que la medida impactará sobre los propietarios que tengan más de 10 viviendas, con base en unos índices de referencia instalados en 2020.
En tanto, la ley también ratifica la construcción de unas 20.000 viviendas sociales y la rehabilitación de barrios enteros, según el Ejecutivo, por un monto de €1000 millones.
Por otra parte, la iniciativa prevé incentivos fiscales para los propietarios que acepten rehabilitar sus viviendas y ayudas para los jóvenes que tengan recursos limitados. “En el caso de las familias más vulnerables, podrá completarse con más ayudas directas al alquiler de hasta el 40%”, señaló un comunicado gubernamental.
La regulación de los alquileres era reclamada desde hace tiempo por Podemos, que condicionó su apoyo al proyecto de presupuesto 2022 a un acuerdo de su socio socialista para esta medida clave.
A las dificultades habituales del mercado de viviendas en las grandes ciudades de España se sumó la fuerte suba en los valores de alquileres que se dieron durante la pandemia de Covid-19, por el desequilibrio entre demanda y oferta, lo que dio paso a varias protestas de ciudadanos en no pocas ciudades, en reclamo de alguna regulación.
Resistencia en Madrid y otras regiones
Desde el Partido Popular (PP) ya anunciaron su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional por la ley que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez.
“Vamos a llevarlo al Constitucional”, afirmó el líder del sector conservador y principal fuerza de la oposición en España, Pablo Casado, durante una entrevista en la cadena de televisión Telecinco, en la que arremetió contra la medida acordada por los socios en el Ejecutivo español, el Partido Socialista Obrero (PSOE) y Unidas Podemos.
Para Casado, si bien “el problema de la vivienda en España es muy grave”, la medida “envía un mensaje de inseguridad jurídica de que el Gobierno pueda intervenir en tu propiedad privada”.
“Este intervencionismo es suicida, porque al final la gente lo que hará es no poner pisos en alquiler, y por lo tanto va a haber menos viviendas a las que acceder y van a subir los precios”, argumentó el líder del PP, según informó la agencia de noticias Sputnik.
También aseguró que, de ser aprobada, la ley “no se va a aplicar” en los ayuntamientos y regiones gobernadas por el Partido Popular.
“Estamos a favor de la libertad de cada persona de hacer lo que le da la gana con lo que es suyo”, manifestó el dirigente conservador, que acusó a Sánchez de ser “rehén de sus socios radicales de Podemos”.
En las regiones de Madrid, Andalucía y Murcia, donde el PP encabeza el Ejecutivo, sus respectivos líderes ya advirtieron que no aceptarán “medidas intervencionistas” por parte del Gobierno central.
Por otro lado, desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, avisó a los conservadores que de no cumplir con la norma “se va perjudicar a todos, a los pequeños propietarios e inquilinos”. “Espero que todas las comunidades autónomas, también las gobernadas por el PP, estén a favor de defender el interés general”, sostuvo el ministro.
Otros detalles del texto
- La medida incluye el destino de un 30% de las promociones a las llamadas viviendas protegidas para ampliar el parque público de vivienda, mientras que un 15% de esa cifra será para alquiler social.
- En el caso de las personas físicas y pequeños propietarios, se opta por el modelo de incentivos fiscales - subvenciones- de hasta el 90% para los que decidan bajar la renta de alquiler a sus inquilinos.
- Las comunidades autónomas y los ayuntamientos serán los encargados de decidir si quieren aplicar en su territorio los mecanismos para limitar los precios de los alquileres que el Gobierno pondrá a disposición.
- La futura normativa incluye el recargo en el IBI del 150% que se plantea para viviendas vacías sólo en los ayuntamientos que lo pidan.
- Se establecerán medidas de protección frente a los desahucios, las ejecuciones forzosas de viviendas por falta de pago de créditos o alquileres.
Asistencia económica a los jóvenes
El Gobierno español tiene previsto conceder €250 (US$290) al mes a los jóvenes con bajos ingresos para ayudarles a pagar el alquiler, según anunció ayer Sánchez. El objetivo de la bonificación es colaborar con los jóvenes de entre 18 y 35 años a independizarse y salir de casa de sus padres, señaló el funcionario. La nueva ayuda forma parte de un presupuesto de €2.250 millones para la vivienda.
Con información de AP, AFP, Télam y Reuters
LA NACION
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