Desalojos: la odisea poco conocida que viven los dueños de una casa usurpada cuando se habilita el proceso
Los procesos de desalojos demandan por lo menos dos años, implican fuertes gastos para los propietarios y atravesar situaciones inesperadas
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LA NACIONMercedes Soriano
De la noche a la mañana, un grupo sigiloso rompe una cerradura y trasgrede. En cuestión de horas, una casa que estaba vacía pasa a estar superpoblada. En la Ciudad de Buenos Aires, son varias las propiedades que se usurpan fugazmente y son muchos los años que demandan los procesos de desalojo para que los dueños puedan recuperarlas.
Los juicios de desalojo son un tedioso camino que muchos propietarios de casas deshabitadas corren el riesgo de enfrentar. “Los barrios más castigados son San Telmo, Almagro, Flores o Abasto. Poner un cartel de venta o alquiler ahí es suicida”, advierte el abogado Enrique Abatti, presidente de la Cámara Argentina de Propietarios de la República Argentina, quien especifica que los inmuebles que tienen mayor probabilidad de ser ocupados son las casas antiguas de estilo chorizo por la cantidad de habitaciones que tienen.
El modus operandi suele ser generalmente el mismo. “Ante el drama habitacional, seleccionan una casa vacía del barrio para ocuparla. Pero antes realizan un trabajo de inteligencia: por ejemplo, ponen un escarbadientes en la cerradura o un papel en la hendija de la puerta de la propiedad. Si después de varias semanas este sigue ahí, se dan cuenta de que está vacía y nadie la visita, entonces entran”, resume el letrado y señala que por lo general las intrusiones se dan a la madrugada.
Si bien la usurpación es un delito cuya pena es de seis meses a tres años de prisión, los transgresores tienen estrategias para evadirla e incluso llevarse dinero cuando abandonan la propiedad.
“Todos van muñidos de contratos de locación apócrifos (falsos): dicen que un señor que no existe les cobró el alquiler y a veces hasta que pagaron por adelantado un año”, relata Abatti. Acto seguido, explica que este accionar tiene dos finalidades: “Una es dilatar los juicios incluso hasta dos años. Otra es para evitar el delito de usurpación. Porque con ese documento apócrifo y pese a que rompieron la puerta por la fuerza -lo que implica una usurpación según indica el artículo 181 del Código Penal-, la usurpación pasa a ser una intrusión que es el mismo delito que comete un inquilino que no paga el alquiler”.
Un negocio encubierto
Fuentes del sector explican que las usurpaciones se organizan como un negocio. Es decir, hay “gestores de la intrusión” que buscan casas con muchas habitaciones para después alquilarlas a grupos familiares.
En números, detallan que una habitación sin baño se alquila entre los $8000 y los $10.000 por mes y suelen manejar varios inmuebles a la vez. Por ejemplo, en el caso de una propiedad con 22 habitaciones pueden obtener ganancias de hasta $220.000.
Para ejecutar este tipo de negocios, personas allegadas a estas situaciones aseguran que hay abogados que ofrecen su conocimiento jurídico a los líderes de la toma y a cambio se llevan una tajada que ronda los $50.000 por mes.
Un análisis aparte merece los tiempos que demora en ejecutarse un desalojo. “Los juicios que antes duraban seis meses ahora son de dos años”, asegura Abatti debido a que algunos jueces “están enrolados en una doctrina garantista mal entendida, priorizando los derechos de los ocupantes ilegales por sobre la garantía constitucional del derecho de propiedad de las víctimas de estas conductas antijurídicas”.
Contrario a lo que se piensa normalmente, la digitalización del proceso por la pandemia ralentizó el procedimiento, ya que se envían escritos por correo electrónico y los juzgados tardan en proveer los mismos.
“Realicé un desalojo en la calle Costa Rica donde había 16 familias en una casa usurpada. Si bien tengo una orden de desalojo firme desde el 2019, recién ahora me ordenaron el lanzamiento porque por la pandemia se demoraron los juicios”, pone un ejemplo el letrado y el día de la diligencia, cuando ya se habían retirado 13 familias, en horas de la tarde y quedando solo tres familias, una jueza subrogante, decidió suspender el procedimiento, sin dejar consigna policial que impida el reingreso de los desalojados. Resultado: al día siguiente el inmueble había sido ocupado nuevamente y hay que reiniciar el trámite de lanzamiento, lo cual insumirá varios meses más.
Palos en la rueda
Por otro lado, existe una gran variedad de palos en la rueda que se pueden interponer en un juicio de desalojo para demorarlo. Por caso, antes de iniciarlo, hay que identificar a quienes habitan la propiedad mediante una acción judicial de identificación de ocupantes.
En muchos casos, recurren a métodos que dificultan el reconocimiento del inmueble y provocan que se retrase el operativo. Enrique Abatti (h), socio del Estudio Abatti & Rocca Abogados, cuenta que, por ejemplo, traban la puerta de entrada, le sacan o cambian la chapa del número que identifica el inmueble, pintan la puerta principal y el frente de otro color; y en las casas más grandes hasta abren una segunda puerta de entrada y le agregan un número para que se deba generar un nuevo juicio.
Una solución para combatir estos impedimentos puede ser que los defensores de los propietarios pidan adjuntar al mandamiento elementos que faciliten el reconocimiento de la propiedad, como un plano geográfico y una foto del inmueble y de las casas linderas que permitan la identificación.
“Lamentablemente, hay jueces que no proveen estas medidas, con la clásica muletilla “Fracasada que fuere la diligencia, se proveerá”, lo cual implica que primero tiene que fracasar y luego se autoriza. Esta irracional medida es contraria al principio de celeridad y economía procesal”, relata Abatti (h).
Otro tema es la cantidad de entidades que tienen que coincidir para que se lleve a cabo el proceso de desalojo: desde el oficial de justicia en representación del juez, el cuerpo médico de Tribunales y la asistente social del Gobierno porteño. Además, en caso de que haya menores de edad tiene que ir un representante de Minoridad y Familia, un defensor de menores de jerarquía nacional, un veterinario -si hay animales-, la policía de la comisaría de la zona, los abogados defensores de ambas partes y cerrajeros por si hay que romper cerraduras.
Todos estos actores se reúnen para la diligencia de lanzamiento ordenada en el juicio, que suele extenderse en una larga jornada que a veces supera las 24 horas y no siempre se da de forma pacífica.
“En mi experiencia he visto cómo conectaron el picaporte de bronce con electricidad y tiraron agua en el piso así cuando el oficial de justicia quiso abrir la puerta le dio un choque eléctrico. En otros casos, me vaciaron encima una escupidera con pis, colgaron garrafas en el balcón amenazando que iban a explotar el edificio en la esquina de la avenida. Corrientes y Acuña de Figueroa y, una vez se suspendió el desalojo porque se organizó una protesta en la calle y líderes de movimientos sociales llevaron cantantes para dificultar el proceso”, relata Abatti.
Para finalizar, el abogado da algunos consejos sobre cómo evitar que una propiedad vacía sea usurpada.
- No poner el cartel de venta o alquiler en una zona peligrosa.
- Tener vigilador 24 horas para que monitoree la propiedad las 24 horas.
- Tapiar las casas que están en condiciones aptas para habitar.
- Si la propiedad planea demolerse, destruir los techos y baños para que sea inhabitable.
Abatti (h) explica que todo este procedimiento significa un costo adicional para los propietarios de las casas vacías.
De hecho, en muchos casos son los mismos dueños los que contratan los fletes para llevar las pertenencias de los intrusos y hasta compran agua y comida para los desalojados, especialmente si hay menores.
El letrado estima que estos gastos -según la cantidad de intrusos- representan cerca de los $2 millones. A esta situación se suma otra etapa cuando recuperan la propiedad que en el caso de querer destinarla a la venta o al alquiler -y no demolerla- se enfrentan a los costos de poner en condiciones el inmueble que suele encontrarse en un estado calamitoso, ya que arrancan las cañerías, artefactos sanitarios, manijas de bronce, etc.
También dejan facturas de agua desmesuradas, porque ante la presentación de los ocupantes, AYSA no corta el servicio por razones de salubridad. “Lamentablemente, tanto las usurpaciones como las intrusiones, se han convertido en un negocio manejado por marginales que organizan la toma, a la cual no son ajenos ciertos punteros políticos que medran con la necesidad de gente que no tiene dónde vivir, a las cuales les cobran un “alquiler” y tienen respaldo jurídico para elongar los juicios”, finaliza Abatti.
Por Mercedes Soriano
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