Mediante el procesamiento de imágenes satelitales, información catastral y operativos presenciales en 114 barrios cerrados del Gran Buenos Aires, en lo que va del año la Agencia de Recaudación de la provincia (ARBA) detectó 632.982 metros cuadrados construidos que no fueron declarados ante el fisco. En total, la omisión impositiva le costó a la provincia entre $1500 y $2000 millones de pesos. “En el año la recaudación del impuesto inmobiliario de urbanizaciones cerradas es de $6000 millones de pesos, por lo que hubo un 25-30% que no pudimos recaudar al no tener registrados esos metros cuadrados. Es una problemática considerable”, señaló Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA.
El operativo se llevó a cabo en barrios cerrados, clubes de campo y countries del Área Metropolitana de Buenos Aires, lugar donde se concentran más de la mitad de las urbanizaciones cerradas de la provincia, especialmente en Pilar, Escobar, Tigre y La Plata. Y durante el verano las acciones de control se trasladarán a Mar del Plata, General Pueyrredón, Pinamar, Cariló, entre otras ciudades costeras.
"La idea es barrer toda la provincia con operativos"
Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA
Los propietarios de los inmuebles en infracción recibieron las notificaciones sobre la cantidad de metros detectados y se los sancionó con multas que arrancan en los $3000 para los incumplimientos menores (como una ampliación de la vivienda de 15 metros cuadrados) y hasta por $200.000 en el caso de las casas de lujo o piletas que figuraban en el registro como terrenos baldíos.
El trabajo de rastreo se realizó en primer lugar a través de imágenes satelitales. Luego, en las locaciones donde se hallaron cambios en el tiempo, el organismo constató presencialmente cuáles fueron las modificaciones que se llevaron a cabo. “Gran parte de la provincia está ajustada partida por partida, por lo cual podemos ver un mismo barrio en dos momentos distintos. Tenemos un área de análisis geoespacial que no hay en el resto de las provincias, un diferencial que nos permite mejorar muchísimo la recaudación a partir de este trabajo”, indicaron desde la Agencia.
Los responsables de la administración de los countries también fueron avisados sobre las irregularidades. Desde ARBA remarcaron que con estos trabajos se busca “una solución para que se pongan en regla todos los barrios cerrados que hoy no están registrados” y aseguraron que es un “paso fundamental” para que se puedan subdividir las parcelas y transferir la propiedad de las partidas a quienes efectivamente viven en la locación.
El caso del country de Pilar: la ciudad que no existía
Uno de los casos más llamativos se dio en un “reconocido country” de 1110 hectáreas en la localidad de Pilar, constituido por 13 barrios, de los cuales 9 no tienen registradas las casas. LA NACION pudo saber que se trata del barrio San Sebastián. “Es algo realmente sorprendente, hay una ciudad enclavada en el medio del territorio que no teníamos novedad de que existía”, declaró Girard. En ese lugar se detectaron 96.738 metros cuadrados sin declarar, conformado por 412 viviendas y 240 piscinas que no tributaban ante el fisco. Desde ARBA indicaron que el monto total del perjuicio es de casi 12 millones de pesos.
El country de San Sebastián se creó en 2006, cuando se construyeron los primeros cuatro barrios de los 13 proyectados a través de la venta en pozo. Hasta el 2017 los terrenos no estaban subdivididos sino que aparecían bajo el nombre de la desarrolladora Eidico, por lo cual los residentes cuando terminaban de construir sus casas no podían presentar los documentos necesarios ante la Agencia de Recaudación por la falta de un número de partido.
“Todos los que hicieron su vivienda antes de esa fecha, para tener el final de obra tenían que cumplir con una serie de requisitos, entre ellos entregarle a la administración el formulario 903 para que sea presentado ante ARBA. La administración lo hacía a través de una gestora: pero ella se quedó con la plata y nunca presentó los papeles”, le confiaron a este diario vecinos del barrio cerrado.
Finalmente, en 2018 salió a la luz lo que había sucedido con la gestora. Mientras que algunos propietarios regularizaron su situación personalmente ante la Agencia, otros quedaron en el medio de la disputa y son quienes hoy aparecen bajo la lupa de la provincia.
“Este no es un avance sobre quienes viven ahí, sino para que quienes viven ahí puedan regularizar su derecho de propiedad. Es importante que tengan una escritura en lugar de un boleto de compraventa y que no les cobren a través de las expensas un impuesto que no deberían pagar ellos, le corresponde al desarrollador urbano”, concluyó el titular de la Agencia de Recaudación bonaerense.
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