Son más de treinta entidades del sector que presentaron un documento conjunto donde se rechaza el impuesto a la vivienda ociosa
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En el marco de la Comisión de Legislación General que comenzará a debatir mañana la modificación de la ley de alquileres 27.551, el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) -entidad que agrupa a los corredores de la Ciudad de Buenos Aires- junto a más de 30 cámaras y colegios inmobiliarios de todo el país presentaron un documento dirigido al Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
En el texto plantean la necesidad de “reformar urgentemente los plazos de contrato y la actualización de los valores” y retornar al sistema de contratos a dos años; al tiempo de permitir la libertad contractual de las partes para definir plazos y formato de actualización de los valores.
Además, consideran “nocivo” el denominado “impuesto a la vivienda ociosa” o la fijación de un tope a los valores de los alquileres. “Esto profundizaría el retiro de una mayor cantidad de unidades del mercado y desincentivaría la inversión inmobiliaria”, afirman los firmantes.
“Este documento histórico para el sector nació luego de un gran trabajo conjunto entre los profesionales inmobiliarios de todo el país, poniendo en conjunto el conocimiento que cada uno tiene de la realidad del mercado en su provincia o región. Entre todos llegamos a la conclusión de que, para reactivarse, el mercado necesita celeridad para revertir el fracaso de la ley actual. Por ello, nos encolumnamos detrás de la postura de modificar únicamente plazo o periodo de contrato y el plazo y formato de actualización de los valores”, destacó Marta Liotto, Presidenta del CPI a LA NACION .
Y añadió: “Todas las entidades del sector hemos puesto a disposición del Congreso a nuestros equipos técnicos, y confiamos en poder empezar a trabajar de inmediato con los legisladores a fin de dar forma a la Ley que requiere el mercado para recuperar su vitalidad”.
El debate para reformar la ley comenzará mañana en la Comisión de Legislación General, que se conformará a las 15, tras el acuerdo alcanzado el miércoles pasado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, con titulares de los bloques de la UCR, Mario Negri, y del PRO, Cristian Ritondo, que conforman el interbloque Juntos por el Cambio.
El documento del CPI finaliza diciendo que hay que atender la crisis del sector inmobiliario nacional mediante el aumento de la oferta de inmuebles. Para ello proponen: implementar políticas de fomento a la inversión en unidades destinadas para uso exclusivo de alquiler y facilitar el acceso a la vivienda mediante créditos blandos.
“Resulta necesario aumentar la oferta locativa a través del fomento de la construcción, remodelación o inversión en unidades habitacionales nuevas o usadas para ser destinadas al mercado de alquileres de vivienda”, enfatizan en el comunicado.
La oferta de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires sigue en caída y los precios suben por encima de la inflación. De acuerdo al índice de oferta que elabora Maure Inmobiliaria, en marzo, los alquileres registran una caída interanual del 32%. Y, en este contexto, ya no hay opciones en alquiler que se consigan por menos de $40.000 por mes.
El texto cuenta con la firma y el apoyo del CPI, la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (CoFeCI), y cámaras sectoriales y colegios de corredores inmobiliarios de distintas provincias del país.
La palabra de Ferraresi
El ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, afirmó hoy que la reforma a la Ley de Alquileres debe bregar por “cuidar a los más vulnerables, que son los inquilinos”.
Sin embargo, apuntó que cada provincia tendría que “regular con sus propias planificaciones” la norma marco a nivel nacional. ”La Ley de Alquileres es una ley marco y las distintas jurisdicciones deberían regularla con sus propias planificaciones, tal como sucede, por ejemplo, en Madrid, Montevideo y Berlín”, señaló Ferraresi a la radio AM 530.
En este sentido, añadió que “no se puede suspender una ley vigente” sino que “la tendrán que modificar”. No estamos de acuerdo en que se derogue la ley y tenemos que bregar por cuidar a los más vulnerables, que son los inquilinos”, indicó el ministro. A su criterio, la ley “evidentemente no funcionó “porque hay tres millones de alquileres y se inscribieron en la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) no más de 230.000 contratos”.
De todas formas, en referencia a la ley vigente, aseguró que “le parecen bien las conquistas de los inquilinos en cuanto al plazo (tres años) y el ajuste anual”.
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