La AFIP habilitó el registro para que los desarrolladores ingresen los emprendimientos inmobiliarios: hoy vence el plazo para sincerar dinero con un impuesto del 10% mientras el Gobierno analiza un relanzamiento
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Desde hoy, los desarrolladores ya pueden registrar en la AFIP los proyectos inmobiliarios (REPI) en los que podrán invertir dinero quienes decidan adherirse al blanqueo que habilita sincerar dinero en proyectos inmobiliarios con hasta 50% de avance. Este es un punto clave porque hasta ahora, se podía depositar el “dinero negro” en la cuenta bancaria pero no elegir dónde invertirlo. Ahora los desarrolladores pueden generar el Código de Registro del Proyecto, más conocido como COPI que debe entregarse a los inversores para que estos puedan transferir los fondos depositados en las cuentas CECON.Ar a las desarrolladoras. “Hasta hoy, quienes se beneficiaron con la alícuota del 5% del impuesto especial porque depositaron los fondos hasta el 10 de mayo, no pudieron afectarlos a las inversiones inmobiliarias ya que no se podía generar el COPI”, explica el tributarista Sebastián Dominguez. Es decir, ya habían pagado “la multa” (venció el 31 de mayo) pero aún no pudieron elegir el proyecto en el cual invertirán el dinero.
Por otra parte, hoy vence la segunda etapa del blanqueo, la que estipulaba un “impuesto especial” del 10 por ciento –que puede pagarse hasta el 9 de julio-. “Un porcentaje que cuando uno hace la conversión al valor del dólar oficial termina siendo de un 6%”, aclaran en el mercado y reconocen que para impulsar el blanqueo están bajando el precio de las propiedades. “En las últimas semanas ajustamos un 3% para que la multa termine representando el mismo porcentaje de la primera etapa”, explica el desarrollador que aún se ilusiona con la posibilidad de vender.
Damián Tabakman, presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos ( CEDU) da números y estimó que, según datos de los bancos, en el primer tramo que contemplaba un impuesto especial del 5 por ciento se abrieron 1000 cuentas. Para tener un parámetro de si estos números son auspiciosos o no, solo basta con compararlos con iniciativas similares que se instrumentaron en el pasado reciente. Según precisa César Litvin, CEO del estudio Lisicky, Litvin y Asociados, en el blanqueo de 2009 se exteriorizaron US$4200 millones; en el de los Cedines, en 2013, que también era para la construcción, US$900 millones; en el de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, US$117.000 millones. Según las proyecciones de Litvin, en este nuevo intento por tentar a los argentinos para que blanqueen dinero que tienen en el exterior o fuera del sistema no se llegará siquiera a los US$1000 millones. “No es oportunidad para esto. Debería contarse con un plan económico, no tener cepo al dólar ni brecha cambiaria. Porque, así como están las cosas, el que trae plata después no la puede sacar, entonces siente que es una emboscada”, opinó el tributarista. En la misma línea el desarrollador Gerardo Azcuy, de la desarrolladora que lleva su apellido explicó que: “ desde hace tres años, la gente prefiere quedarse como está en lugar de invertir. Además le sumaron el impuesto a la riqueza, le subieron Bienes Personales. Los mensajes con contradictorios por un lado se generan beneficios y por otro se aumenta la presión tributaria”.
Fuentes oficiales también se muestran desalentados por los resultados del blanqueo hasta el momento: “En un primer momento se pensó que era un problema de los bancos, pero después nos dimos cuenta que no y que la baja adhesión pasa más por detalles impositivos y porque no hay tanto dinero para blanquear después del blanqueo de 2016, durante el gobierno de Macri”, comentaron.
La prórroga, en manos del Congreso
En este contexto, los desarrolladores presionan para que los plazos se prorroguen. De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el titular del principal bloque de la oposición, Cristian Ritondo, presentaron el proyecto de ley 1980-D-2021 para prorrogar los plazos por 90 días corridos desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial como así también para facultar al Poder Ejecutivo Nacional para prorrogar, por única vez, dichos plazos. Si bien la intención está, el proceso no es sencillo y los tiempos se dilatan. El proyecto tiene ingreso en Diputados pero aún no tuvo tratamiento en comisión. “En Diputados los tiempos se dilatan porque se necesita el consenso. Igual en este caso tiene la firma de dos pesos pesados en dos bloques mayoritarios con lo cual si la intención es acelerarlo podría tener media sanción esta semana y podría enviarse al Senado. Luego en esta instancia se necesitan por lo menos otros 15 días para luego volver al recinto, con lo cual de mínima tiene por lo menos tres semanas más de tratamiento en el Congreso”, explicaron fuentes del Congreso que no descartan que este proyecto sea “moneda de cambio” para que algunos diputados de Juntos por el Cambio den los votos para aprobar el proyecto de criterios epidemiológicos que viene “batallando” el Frente por el Cambio para el que le faltan tres votos.
Iván Szczech, presidente de la Cámara de la Construcción (Camarco), reconoció que la expectativa ahora está puesta en el proyecto de ley: “esto es fundamental, dado que solo hubo cinco días hábiles para la etapa 1 y, a pesar de eso, se abrieron 1000 cuentas en ese período. Además, recién ahora la AFIP tiene la página disponible para dar de alta los proyectos para poder aplicar la exteriorización, algo muy importante porque mucha gente si no tiene el proyecto no exterioriza”.
El plan de relanzarlo
Por otra parte, representantes de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi) que nuclea a operadores y empresas del sector inmobiliario se reunieron con el secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación, Roberto Arias para plantearle la necesidad de extender los plazos. Durante el encuentro, el funcionario le transmitió a Alejandro Ginevra, presidente de Camesi, la posibilidad de mantener una reunión en la Casa Rosada con la totalidad de las Cámaras que nuclean al sector para realizar un relanzamiento de la Ley de blanqueo. “Coincidimos en la necesidad de que el Congreso resuelva a la brevedad la extensión del plazo, ya que una prorroga en el tiempo, es esencial para que se pueda inscribir un sector del mercado que desea invertir ese dinero en actividades inmobiliarias, como la compras de inmuebles”, detalló Ginevra tras el encuentro. Arias, se mostró de acuerdo a la vez que puntualizó las dificultades de que el Congreso la apruebe antes de su fecha límite, dadas las limitaciones impuestas por la pandemia en el cronograma de sesiones.
Para Gabriel Brodsky, CEO de la firma Predial, la iniciativa oficial no está funcionando como se esperaba porque los inversores apenas tuvieron una semana para blanquear su dinero al menor costo. “Entró en vigencia el 12 de marzo de 2021, con la publicación en el Boletín Oficial, pero recién se terminó de reglamentar 46 días después. Es decir, la falta de definición del gobierno consumió casi el 80% del tiempo que los inversionistas tenían para blanquear su dinero al menor costo, que era del 5%”, relata. Frente a este escenario, desde el sector inmobiliario advierten que es necesario que se modifiquen los plazos y que los 60 días para aplicar al blanqueo no corran desde la entrada en vigencia de la ley sino desde su reglamentación. Brodsky también sugiere “bajar los impuestos a las obras en construcción y otorgarle beneficios fiscales a quienes compren propiedades para luego ponerlas en alquiler y así resolver el problema del déficit de viviendas”. “Los proyectos desde pozo vienen muy golpeadas por los frenos impuestos por el COVID-19, a lo que se suman aumentos de casi 40% en dólares en los últimos meses y una demanda muy reducida. Es necesario introducir cambios para aprovechar esta oportunidad que brinda el blanqueo”, analizó.
“Si el objetivo es que el blanqueo tenga cierto grado de éxito e impulse la economía, entendemos que resulta indispensable que se apruebe la prórroga”, insiste Dominguez, quien aclara que con la segunda ola del Covid-19, la prórroga debería ser más amplia y propone que el impuesto del 5% se aplique para los depósitos que se acrediten hasta el 31 de diciembre, el 10 por ciento hasta el 31 de marzo y el impuesto del 20% para los que se acrediten hasta el 30 de junio. También cree que debería prorrogarse el plazo para invertir los fondos blanqueados a los desarrollos inmobiliarios o vehículos de inversión autorizados. “Entendemos que se debería establecer un límite de dos años en función del plazo límite en que se depositaron los fondos en la cuenta especial CECON.Ar”, agregó. Además, plantea que como los desarrollos inmobiliarios de obras privadas nuevas abarcará un plazo de tiempo extenso, también se debería modificar el Régimen permitiendo que los fondos depositados en las cuentas CECON.Ar, mientras no sean afectados, puedan mantenerse invertidos en plazos fijos, en títulos públicos nacionales u otro instrumento similar que les permita obtener un rendimiento.
Hay que tener en cuenta que la tercera y última etapa del blanqueo será, por ahora, desde el 10 de junio y hasta el 9 de julio y plantea un impuesto del 20% que vence el 9 de julio. Un dato clave es que no podrán afectarse los fondos depositados en la cuenta especial sin haberse presentado la declaración jurada y abonado el impuesto especial.
En el mercado reconocen que el éxito del blanqueo va más allá de la buena voluntad de la desarrolladora ya que depende de la confianza que generen en aquellos que van a exteriorizar capitales, en la facilidad del proceso y la velocidad del mismo. “No creo que los inversores paguen un 20%. Lo más interesante de este blanqueo era la tasa del 5%, que al calcularla al valor del dólar libre terminaba costando alrededor de un 3%”, comentó Brodsky.
La realidad es que hasta ahora, los desarrolladores reconocen que hay muchas consultas y pocos registrados; y a medida que pasa el tiempo el blanqueo va perdiendo su atractivo. El tiempo dirá si el relanzamiento alcanzará para generar la confianza perdida.
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