“Burrada o mala intención”: la respuesta de los countries a Axel Kicillof
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LA NACIONMaría Julieta Rumi
Referentes de barrios privados y especialistas en este tipo de emprendimientos están entre indignados y desconcertados por las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , quien dijo que la mayoría de esos establecimientos “son prácticamente ocupaciones de tierra”, ya que supuestamente “no están habilitados ni pagan impuestos”.
Según datos de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), hay un total de 871 barrios cerrados, de los cuales un 25% (230) no está registrado formalmente.
Sin embargo, dicen los representantes de los countries que, que no estén registrados no quiere decir que no paguen por la tierra y que sus propietarios sean ocupadores ilegítimos, como deslizó el gobernador.
Tanto los desarrolladores como luego los propietarios compran los terrenoscon autorización municipal y pagan impuestos municipales. En cuanto al impuesto inmobiliario, referentes explicaron que también se abona aunque no esté hecha la subdivisión del terreno, ya que en esos casos lo afronta el desarrollador y luego se los cobra a los propietarios por expensas.
"He estado en contacto con la comisión jurídica de la Federación Argentina de Clubes de Campo y creemos que las declaraciones del gobernador se basan en una mala información que le pasaron. Mezcla cosas. Los clubes de campo no podrían estar constituidos por ley si no fueran titulares de la tierra, con lo cual está lejos de poder hacer comparaciones de ninguna naturaleza", afirmó en diálogo con LA NACION Patricio Gutiérrez Eguía, presidente de la Federación.
En cuanto a la supuesta irregularidad de los barrios, Gutiérrez Eguía dijo que es un "tema viejo" por el cual la Federación ha estado en contacto con autoridades de la provincia, ya que los períodos para constituirlos son largos y muchas veces no se pueden terminar los trámites.
"La administración pensaba que había una reticencia de los barrios para no cambiar de encuadre para no pagar impuestos, pero esos casos son los menos. Y la provincia reconocía que, en algunos casos, los atrasos se debían a la pesadez o dificultades de la propia administración. Son temas completamente distintos. Si hablamos de la titularidad de la tierra, no hay asentamiento en ningún club de campo que no se base en la titularidad de la tierra, y lo otro se trata del procedimiento de inscripción, que es verdad que en algunos casos está pendiente, pero creemos que lo que surgió de boca del gobernador es una información errónea y que la titularidad de la tierra imposibilita llamar a los propietarios ocupantes ilegítimos", agregó.
Otro que dijo que el gobernador está "mal informado" o sus comentarios son "malintencionados" es Jorge Juliá, exgerente de Federación Argentina de Clubes de Campo y especialista en la constitución de barrios privados. "La realidad es totalmente opuesta. Se trata de conjuntos inmobiliarios muy regulados y que pagan impuestos y tasas de todo tipo por los que no reciben, en la mayoría de los casos, contraprestación alguna en servicios de ningún tipo", aseguró, en referencia a que muchos barrios incluso tienen que desarrollar su propia infraestructura de agua, luz y gas.
"Quienes vivimos en los barrios cerrados de la provincia de Buenos Aires hemos logrado aquí cubrir las falencias que tiene el Estado con un sacrificio mayor; hemos logrado acceder a una vivienda a través de la compra de un lote de pozo, resignando distancias y horas de viaje, soportando años de espera y pagando un volumen de impuestos muchísimo más alto que en cualquier lado. Hemos sido un gran negocio para el Estado. Pagamos el doble de absolutamente todo y no recibimos nada. En Tigre somos el 40% de la recaudación de la tasa municipal y no recibimos ni el 10% de lo que aportamos", dijo, por su parte, Lucas Maciel, fundador de Barrios Unidos, el primer partido político de barrios cerrados.
Por otro lado, la abogada Sofía Peres, que asesora a desarrolladores inmobiliarios, consideró que lo que dijo Kicillof es una "burrada". "Una cosa es hacer un negocio inmobiliario financiándote sobre la marcha y otra cosa es la barbaridad que dijo Kicillof de que eso es una usurpación. Los desarrolladores pueden ser mejores o peores, tener más o menos plata o salir a vender con la cosa avanzada o muy verde, pero eso no es ser un usurpador. Serán más o menos solventes o más o menos serios, pero si tienen la propiedad de la tierra no están usurpando", explicó.
"Aun cuando no esté subdividido el terreno tenés derecho a estar ahí, aunque no tengas escritura porque tenés posesión en base a un boleto de compraventa que te firmó el propietario. El usurpador no firma nada con el propietario, ocupa y no paga. El que tiene posesión por boleto es legítimo poseedor porque pagó por eso y el vendedor le entregó la tierra aun cuando le deba la escritura porque no está lista la subdivisión. Por eso lo que dijo Axel es una burrada", continuó. E incluso, según la letrada, sin la subdivisión igual se paga impuesto inmobiliario, solo que, en ese caso, lo hace el desarrollador y luego se los cobra a los propietarios mediante expensas.
Por su parte, el expresidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Caputo, explicó que la resolución 400 que había sacado la gestión de María Eugenia Vidal buscaba ordenar la situación de 200 barrios privados que no están regularizados, pero que el gobierno de Axel Kicillof la derogó y creó una nueva resolución que lleva todo el proceso otra vez al papel, en lugar de trámites digitalizados.
Por último, el titular de ARBA, Cristian Girard explicó hoy en declaraciones a radio Metro que Kicillof se refería al "uso de la tierras y de la creación de una unidad de hábitat y vivienda en la provincia como forma de dar respuesta a una problemática que se expresa en la toma de Guernica, pero también en cuestiones como el desarrollo de urbanizaciones cerradas".
Girard sostuvo que el gobernador "plantea que hay problemas con el uso del suelo, que no son solamente las tomas de tierra" y opinó que "no tiene ningún sentido estar en contra" de los barrios cerrados porque allí "viven bonaerenses".
Luego, precisó que en la provincia de Buenos Aires hay un total de 871 barrios cerrados, de los cuales "un 25% (230) no está registrado formalmente, por lo que no paga los impuestos correspondientes".
Girard expuso que ello implica una pérdida de, como mínimo, $1500 millones al año para el fisco bonaerense.
En ese sentido, contó que desde ARBA se realizan inspecciones oculares presenciales sobre esas urbanizaciones cerradas, luego se les cursan notificaciones e intimaciones, y "ahí avanza el trámite, que muchas veces termina judicializado porque los desarrolladores eligen no pagar".
Al respecto, Girard dijo que también la fiscalización satelital permite al organismo recaudador detectar metros cuadrados construidos no declarados.
“Ahí tenemos unos 200 millones de pesos de evasión de metros no declarados ante ARBA. Sobre eso, notificamos, determinamos de oficio y se va poniendo en regla. Vamos avanzando, pero todavía falta”, puntualizó.
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