La resolución fue publicada hoy en el Boletín Oficial y fijó criterios de priorización
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Tras el anuncio del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, donde confirmó que no se extenderá el congelamiento de alquileres a partir del 1 de abril, el Gobierno aprobó este viernes un “protocolo nacional de alerta temprana de desalojos de vivienda única y familiar en regímenes de alquileres formales”.
A través de la resolución 88/2021, publicada hoy en el Boletín Oficial, la cartera que depende de Ferraresi informó que se convocará al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como también a otros organismos nacionales y provinciales, “con el fin de recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto Nº320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones”.
Luego de la sanción de la nueva ley de alquileres, se introdujo un nuevo actor en el proceso de desalojo: la mediación. Es por ello que desde el Gobierno consideran necesario “contar con bases de datos confiables y actualizadas que coadyuven al desarrollo de las intervenciones necesarias para contribuir a la solución de problemas habitacionales”.
En tanto, el documento señala que la autoridad de aplicación de la presente resolución “establecerá los criterios de priorización, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros”.
Además, según explica el texto, el presidente Alberto Fernández instruyó al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para que, en forma coordinada con los Entes Ejecutores de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, “destine un cupo de las mismas para ser transferidas en propiedad a grupos familiares que resulten locatarios de inmuebles destinados a vivienda única, familiar, habitual y permanente, que se encuentren en riesgo de ser desalojados”, con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública en el marco de la presente resolución.
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