Congelamiento de alquileres. El debate por la letra chica y el plazo de la medida
PARA LA NACIONLorena Zapata
El Poder Ejecutivo Nacional, con la propia secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, en consulta con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a la cabeza, trabaja contrarreloj en la letra chica y los lineamientos finales del decreto que suspendería el aumento de los alquileres, impide los desalojos y congela las cuotas de los créditos hipotecarios.
El punto clave es el tiempo que durará el congelamiento de los alquileres. Algunos se resisten a los 180 días que propone el presidente Alberto Fernández. El oficialismo plantea que sea hasta que dure el estado de emergencia que provocó el avance del coronavirus, mientras que algunos sectores de la oposición proponen que sea por 60 días o 90 de máximo. Además, reclaman que se incluya la mayor cantidad de paliativos posibles, entre ellos, que la medida sea extensiva a los locales comerciales.
El objetivo del Presidente es, además, evitar a judicialización, razón por la cual es clave el trabajo conjunto y apoyo de la oposición. En ese contexto, diputados y senadores del oficialismo y la oposición acercan sus propuestas con la expectativa de ser consideradas en el documento final que se publicará próximamente en el Boletín Oficial.
Las propuestas
Finalmente la disposición saldrá a través de un decreto, si bien antes se había barajado la posibilidad de que fuera una ley. Por caso, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, la oficialista María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley que, entre otras cosas, plantea en su segundo capítulo la suspensión de los desalojos durante el plazo de la emergencia en el caso de las viviendas únicas residenciales urbanas y rurales. En tanto, impulsa que se congelen las cuotas de los contratos de alquiler durante este período y que las entidades bancarias no puedan ejecutar hipotecas sobre créditos, créditos UVA y/u otras modalidades.
"Si desde el Estado estamos planteando que la comunidad debe acompañar con este aislamiento forzoso, debemos garantizar el derecho de acceso a la vivienda y evitar que en este estado de excepcionalidad las familias queden desamparadas", opinó la dirigente del Frente de Todos, y ratificó que su proyecto fue elevado al Ejecutivo porque "va en consonancia con todas y cada una de las medidas que se fueron tomando estos días".
También sumó sus propuestas la histórica impulsora de la Ley de Alquileres -que hoy espera la sanción definitiva en el Senado-, la senadora Silvina García Larraburru, que presentó dos iniciativas para abordar la problemática de los inquilinos y las personas más vulnerables mientras dure la emergencia sanitaria.
El primero busca establecer de manera obligatoria el pago del alquiler y las expensas por transferencia bancaria; la suspensión de los intereses que pudieran generar y la extensión automática de los contratos de locación habitacional. A esto se suma que los precios de los alquileres no podrán ser aumentados durante la cuarentena y se suspenderá la exigencia de pago para los trabajadores informales, personas desempleadas o que habiten en hoteles familiares y monotributistas, siempre que no puedan hacer frente a esos gastos.
"Mediante esta serie de medidas, se busca resguardar a la parte más vulnerable en un contrato de locación, el locatario. Se asegura que no existan abusos por parte del locador, como un aumento de precio, así como proporcionar herramientas para facilitar las relaciones contractuales en épocas de crisis", explicó la senadora.
La segunda propuesta de García Larraburu suspende los desalojos de jubilados y pensionados que perciben jubilación o pensión mínima, trabajadores que perciben el salario mínimo vital y móvil, beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), trabajadores bajo la modalidad de contrato eventual y de temporada, monotributistas, desempleados, y personas en situación de informalidad laboral, siempre que no puedan hacer frente a las erogaciones locativas. "Es necesario tomar medidas paliativas para los más necesitados, protegiendo el derecho esencial a la vivienda", justificó la autora.
En la Cámara Baja, la impulsora del tema es la diputada y periodista Gisela Marziotta, que asumió su banca en diciembre en reemplazo del exlegislador y nuevo Secretario de Malvinas Daniel Filmus. En línea con sus antecesoras, propone que durante la vigencia de la emergencia sanitaria queden suspendidos en todo el país los pagos de los créditos hipotecarios y los procesos de ejecución cuyo objeto sea la vivienda única y de ocupación permanente adquiridos bajo créditos en UVA o UVI.
"Se otorgaron más de 100.000 préstamos bajo estas modalidades y el alto contexto inflacionario que aún perjudica a las y los trabajadores hoy encuentra un agravante sin precedentes que es la Emergencia Sanitaria producto de esta pandemia mundial", aclaró. En tanto, con el objetivo de fijar un filtro, Marziotta aclara que "la medida alcanzará a todas aquellas personas que hayan perdido su empleo o se hayan visto impedidas temporalmente para ejercer su actividad laboral debido a la pandemia".
Además, considera "necesario que el Congreso sancione una norma de alcance nacional que prevenga la situación de calle de personas o grupos familiares durante la vigencia de la emergencia sanitaria, en concordancia con todas las medidas de prevención y cuidado de la salud tomadas por el gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Por ello, la periodista presentó otro proyecto que fija la suspensión de los desalojos de inmuebles destinados a vivienda única, unifamiliar o multifamiliar, si no se acredita previamente que disponen de una vivienda adecuada para evitar la situación de calle.
Juntos… hay acuerdo
En sintonía con la afinidad que desde que comenzó la crisis por el coronavirus vienen mostrando los legisladores opositores con los oficialistas es que desde el Interbloque Juntos por Cambio (JxC) se presentaron iniciativas que comparten sus principios generales con los del Frente de Todos.
Dentro de un paquete de casi 15 medidas que buscan paliar las consecuencias económicas de la pandemia, el diputado radical Diego Mestre le pide al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Desarrollo Productivo suspenda todo trámite de ejecución de sentencias que implique desalojos de vivienda única y familiar y de residencia permanente habitada por el deudor y su familia, por el término de seis meses; postergue por 90 días el pago de los créditos hipotecarios con entidades bancarias o entidades privadas bajo el Sistema de Ahorro para el Fomento de la Inversión en Vivienda; garantice por 180 días la deducción total del monto del alquiler en el Impuesto a las Ganancias; otorgue un subsidio del 100% del monto del alquiler para jubilados inquilinos y otro para inquilinos que hayan sido desvinculados laboralmente durante la pandemia del coronavirus.
"Aunque el pico de contagio está previsto para abril, los efectos colaterales del coronavirus ya han paralizado las actividades en varios sectores de la economía", sentenció Mestre ante la consulta de LA NACION, y agregó que "la situación es cada vez más complicada y el Estado debe tender una mano a la ciudadanía en estos momentos". Completó: "Es necesario llevar un alivio con medidas que eviten consecuencias más gravosas".
En la misma línea se expresaron los mendocinos Luis Petri y Alfredo Cornejo al presentar en tándem un proyecto de ley que busca llevar alivio a los museos, centros deportivos, salas de juegos, restaurantes, piscinas y demás lugares de acceso público que tuvieron que cerrar sus puertas como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 18 del decreto 260/20 a fin de evitar los amontonamientos de personas. "Más allá de las consecuencias positivas desde el punto de vista sanitario, las medidas anunciadas por el Gobierno en el marco de la emergencia sanitaria generan un impacto colateral negativo en los sectores productivos y de servicios, que es necesario paliar con todas las herramientas con las que cuenta el Estado, a fin de impedir el quiebre de las pequeñas y medianas empresas y la consecuente pérdida del empleo", explicaron.
En ese sentido, los diputados opositores proponen suspender el pago de los alquileres por 60 días a los establecimientos que tuvieron que cerrar. Dicha medida podría prorrogarse hasta que puedan volver a abrir, en tanto, los montos adeudados deberán prorratearse en los restantes meses del año, una vez levantado el cierre dispuesto por la autoridad pública. "De esta manera, protegemos las fuentes de trabajo, cuidamos a los inquilinos -que de otra forma no podrían pagar- y garantizamos a los locatarios el cobro de los alquileres prorrateados en el año", finalizó Cornejo. El camino del consenso parece no tener demasiados sobresaltos.
Por Lorena Zapata
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