YPF: pierde el país, ¿gana el kirchnerismo?

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El país entero está impresionado por las imágenes que se vieron este lunes en la Ruta 3. La intervención de Sergio Berni en un caso muy doloroso en sí mismo, como es el asesinato de Daniel Barrientos, pero que también se suma a una estadística de muerte, de peligro y de sangre en el conurbano bonaerense.

El crimen del chofer, que estaba a punto de jubilarse, de la línea 620, conmocionó a todos. Por la mañana, hubo una manifestación desde temprano para quejarse y pedir justicia por ese asesinato. Y entre quienes protestaban había una especie de consigna: que fuera Berni porque si no iban a ir a la casa de Gobierno.

Esto se inscribe en uno de los grandes problemas que tiene hoy la vida pública, y en especial los políticos que van al conurbano a hacer campaña, que es cómo empezar a resolver un problema muy complejo como la inseguridad. Con una colección de miserias, que nos lleva a Rosario con los Monos, el narcotráfico, al Gran Buenos Aires: los asesinatos de personas que salen a trabajar a la madrugada; en las que se ven reflejados otros que no saben si vuelven o no con vida. Un clima de gran intranquilidad que se suma a los problemas de la economía.

Berni desciende en helicóptero, prácticamente solo, del lado de la Capital Federal. Es obvio que había un 90% de probabilidad de que, si iba solo a encarar a un grupo enardecido, se exponía a lo que pasó, que es una salvajada. Berni, más allá de la falta de profesionalismo como ministro de Seguridad, muestra un costado bastante interesante, cierta templanza. No contesta un solo golpe. No huye. Se comporta como un político absolutamente consciente del episodio que estaba viviendo, mientras lo estaban demoliendo a trompadas.

Hay un debate en la política. Algunos se lanzaron rápidamente a las redes sociales para decir que están con las víctimas y contra Berni. Pero hay que estar con la ley. Ese es el problema en estas circunstancias: las víctimas merecen toda la conmiseración, toda la solidaridad, pero tampoco tienen impunidad para protagonizar hechos de violencia como los que se vieron hoy.

También se demostró una falta de sensibilidad sobre el estado de ánimo que hay hoy en la sociedad. Sobre todo, en los sectores más castigados, que son estos que estamos describiendo. Hubo una especie de puesta en escena de Berni. Él es muy proclive a ese tipo de actitud, de representar una especie de “Rambo” que llega personalmente a resolver el problema.

Sabemos que, aunque puede ser menos rendidor en el rating y en las encuestas, lo que requiere el problema de la seguridad es institucionalidad y una política. Una estrategia racional, sistemática y de largo plazo. No un señor que baje del helicóptero.

En esa teatralización del hombre que viene carismáticamente a resolver la escena, parece haber una proyección. Como si pensara que los que estaban ahí enardecidos también estaban representando una obra de teatro. Y no. Berni se encontró con gente enardecida en serio. No estaban actuando, como él. Y probablemente haya tomado por primera vez contacto del estado de ánimo que hay en muchísima gente. Con independencia de cuál es el grado de espontaneidad que había en esa manifestación, porque hay informaciones que la vinculan con una interna del sindicato, de la Unión Tranviaria Automotor (UTA).

Más allá de eso, lo que importa es que la percepción que se va configurando alrededor del hecho es que hay un estado de extraordinaria inquietud que le plantea un signo de interrogación a cualquier político que quiera hacer campaña en el conurbano bonaerense. Esto se recorta sobre un paisaje de casi 40% de pobreza.

Hay un informe muy interesante que sacó el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica sobre las carencias en el conurbano que muestra que, de los trabajadores formales, con empleo en blanco pero con los ingresos más bajos, el 50% es pobre. Es decir, estamos hablando de una realidad bastante paradójica que hay en la Argentina, donde hay muchos ricos informales y muchos formales pobres. Cada vez más. Con lo cual la frustración es doble.

Me contó un empresario que abrió un gran centro comercial en la zona sur del conurbano y que decidió para esa sede tomar gente, que mucha de la gente que se inscribió le dice que tiene hijos, pero no declarados, sino que los tiene a nombre de su mujer, que figura como madre soltera, porque si los declara pierde la Asignación Universal.

Se va configurando una situación compleja, que es persistente desde hace muchos años. Si miramos en cámara lenta el proceso, hace 50 años que se está degradando el bienestar social en la Argentina y sobre todo en el conurbano. Pero en los últimos diez años, eso se aceleró extraordinariamente. La crisis en la que estamos atrapados se gestó en abril de 2018, y después se agregó la pandemia. En este paisaje se desenvuelve la política. Este es el marco en el que los políticos van a ir a buscar los votos.

El contexto se puede volver más agresivo. Si uno mira el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que acaba de salir, sobre la cuarta revisión del programa que discutió Sergio Massa en Washington, en la página 19 hay dos indicaciones: la primera es que antes de que se reúna el Board del Fondo por el próximo desembolso de junio o julio, tiene que haber un decreto con especificaciones y limitaciones a la moratoria del régimen de pensiones y jubilaciones que se aprobó recientemente en el Congreso. La otra especificación está en el punto 30 y plantea que tiene que haber una resolución inmediata (en abril) para el aumento de tarifas.

No sabemos si lo leyó Máximo Kirchner o si lo leyeron los militantes de La Cámpora. Tampoco sabemos si Massa les informó que admitió este punto en su negociación con el Fondo. Como se sabe, ha habido una decisión por fuera del programa que es incorporar 800.000 personas en un sistema previsional quebrado, haciendo política social con las jubilaciones. Es bastante irracional porque es dar derechos permanentes adquiridos a alguien que podría un día no necesitar de esa ayuda, si hubiera una política razonable Y esa moratoria con 800.000 personas agregadas ahora va a ser limitada en un acuerdo con el Fondo, sin que el kirchnerismo abra la boca, quizás porque no lo sabe.

Todo esto quiere decir que Massa, con el acuerdo que trae bajo el brazo desde Estados Unidos, arregló una limitación a la moratoria y además un aumento de tarifas. Todo en medio del clima que quedó de manifiesto con el ataque a Berni.

Esto tiene una traducción política inquietante y misteriosa: el ascenso de Javier Milei en las encuestas. Dicen que el 30% de los votos que deja vacante Mauricio Macri al retirarse de la carrera electoral va a Milei. De igual modo, sube el número de los que no quieren hablar con los encuestadores. De los que dicen que no quieren saber nada con nadie y no quieren contestar. Ahí hay un número secreto. Otro misterio. Porque no sabemos a quién van a votar y no sabemos qué indica esa retracción. Son dos fenómenos compatibles y asociados porque lo que es evidente es que mucha gente que vota a Milei no lo vota porque defiende a la escuela austríaca, o por sus teorías respecto de la dolarización o el cierre del Banco Central. Lo vota como si lo mirara con el volumen apagado. Lo ven enojado, como los colectiveros que atacaron a Berni.

Eso está produciendo un fenómeno curioso que registran todos los encuestadores y quienes compiten con Milei: un ascenso de él en el voto de los pobres y un estancamiento en el voto de la clase media y media alta. Lo cual plantea una duda respecto de a quién le está sacando votos Milei.

El Gobierno parece estar entusiasmado con ese fenómeno, suponiendo que va a quitarle votos a Juntos por el Cambio y de esa manera llegar más cerca al poder. De hecho, a cualquier candidato que le quite votos a JxC, el Gobierno lo festeja y lo alienta.

Cuando se lanzó Fernando Burlando hace pocos días, el 21 de marzo, después de publicar un video que fue bastante visto porque figuraba uno de los asesinos de José Luis Cabezas, fue, de inmediato, a encontrarse con Berni. ¿El Gobierno bonaerense está detrás de Burlando? Hay una jugada del Gobierno para alentar candidatos que capturen el drenaje de votos de JxC. Pero más allá de eso, que es una operación política, hay un fenómeno real y es el crecimiento de un voto contestatario, que no sabemos hasta donde no termina cuestionando al sistema. Acá hay un peligro. Algo que todavía estamos a tiempo de detener, pero que, mientras tanto, sigue su inercia.

Esto es importante porque la presencia de Milei interviene en el significado de la interna de Juntos por el Cambio. Hay otro dato que ven los encuestadores y es que divergen cada vez más los votantes de Horacio Rodríguez Larreta con los de Patricia Bullrich. Es decir, un votante de Larreta con uno de Bullrich, hace dos meses coincidían en un 90% en su visión del país. Pero hoy coinciden en el 70%, y hay un 30% de disidencia. Esto quiere decir que se puede dar la posibilidad de que muchos votantes de Larreta, si gana Bullrich, no voten a Bullrich. Pero, más probable todavía, que muchos votantes de Bullrich, si gana Larreta, no lo voten y en una primera vuelta, después de las PASO, vayan a votar a Milei.

Entonces, Milei puede seguir creciendo. El día de las primarias puede ocurrir un fenómeno, que es visual y engañoso. Cuando se conozca el resultado de las PASO, puede que Milei sea el candidato más votado individualmente, no como partido. Eso significa que, para el que no entienda que los votos de Larreta y Bullrich tienden a sintetizarse, y que los votos de los dos candidatos del Frente de Todos también, Milei ganó la elección.

Todo esto apunta a que hay una tendencia al crecimiento de un voto antisistema, de un voto de impugnación general de la política, que se alimenta del malestar social que crece en la Argentina, y sobre todo en el conurbano, en un momento en el que el Gobierno tiene que seguir notificando nuevos ajustes como los pactados con el FMI.

Este crecimiento plantea un problema especial en la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio todavía no sabe cuál va a ser su candidato. Ni siquiera Patricia Bullrich lo sabe. Está Joaquín de la Torre, pero también asoma la figura del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, quien parece tener el respaldo de Mauricio Macri. También Javier Iguacel. No se sabe, a su vez, si hay una comunicación entre Iguacel y Milei. Esto abre una incógnita sobre quién va a gobernar ese distrito.

Esta clase política -como demostró este lunes Berni- parece no conectar muy bien con el estado de ánimo de la gente. Juega con fuego. Aparecen noticias que serían escandalosas si no fueran demasiado técnicas. Tienen que ver con la imposibilidad del kirchnerismo para pensar las consecuencias de sus actos. Me refiero al fallo de la jueza Loretta Preska, que se conoció la semana pasada, en el que habilitó al fondo de inversión Burford a litigar contra la Argentina y a cobrarse los derechos de los accionistas que no fueron considerados cuando se estatizó YPF. Un problema que tiene en el centro a Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Carlos Zannini, secretario Legal y Técnico en aquel entonces, y Angelina Abbona, la procuradora del Tesoro de ese momento.

La sociedades que tenía la familia Eskenazi -socia en el 25% de YPF- junto con Repsol eran sociedades españolas. Vendieron el mito de la argentinización de YPF cuando en realidad se les dieron acciones a firmas españolas, y detrás de ellas, a sociedades australianas.

Más allá de esa realidad, esas están en convocatoria en España y vendieron sus derechos para litigar conta YPF y contra el Estado nacional al fondo Burford. Le reclaman que cuando se estatizó YPF no se tuvo en cuenta el procedimiento que está fijado en los estatutos de la empresa para el caso en que se quiera tomar la mayoría o forzar la venta de la mayoría a otro accionistas. Es decir, los derechos que tienen los accionistas para la transferencia de activos. Ese procedimiento fue ignorado olímpicamente por el Gobierno. Ahora el fondo Burford, que le compró los derechos de los Eskenazi, quiere ser resarcido. No se sabe en cuánto. Es una cifra no establecida técnicamente. Dicen que puede ir de US$ 8000 a 15.0000 millones. Hay técnicos que sostienen que, si se hace bien el cálculo, puede ser muchísimo menos. Tampoco sabemos si no están los Eskenazi detrás del fondo Burford y si se quedarían con el 30% de lo que cobraría ese fondo. Una versión insistente en el mercado afirma que tendrían acciones de ese fondo. ¿Qué es lo importante? Que el gobierno de Cristina Kirchner sabía que estaba cometiendo un gran error.

Un informe interno de Daniel Cameron, exsecretario de Energía de Cristina Kirchner, reconoció que había que considerar el estatuto de la empresa. Lo hizo en un documento enviado a Roberto Baratta, que era director de YPF y trabajaba con Julio de Vido en el Ministerio de Planificación. Sin embargo, Cameron señaló allí que era preferible no considerar el estatuto, porque en caso de hacerlo y pagarles a quienes había que resarcir, se usaría plata que se podría destinar a la inversión para mostrar resultados. De todos modos, esto es lo menos relevante.

Lo más relevante es un mail del 10 de junio de 2014, tiempo después de la estatización. Es un mail que le manda el abogado estadounidense Edward Scarvalone a varios funcionarios de Cristina Kirchner, entre ellos a Mariana Lozza, quien era en ese momento la segunda del área internacional de la Procuración del Tesoro a cargo de Abbona, y hoy es la jefa de esa área internacional. Es decir, es la que debería estar litigando a favor del Estado por la demanda del fondo Burford. Este abogado, Scarvalone, pidió en ese mail que le paguen los honorarios, y recordó las comunicaciones que mantuvo con la Procuración y con Economía con fechas exactas y contexto, y las adjuntó como documentación. También advirtió sobre el acuerdo que el país estaba por hacer con Repsol. Ese acuerdo, promovido por Kicillof, entonces ministro de Economía, Abbona, y Zannini, sostuvo que Repsol renunciaba a los derechos que tiene por la violación del estatuto. Scarvalone les advirtió que si el Estado admitía que Repsol tenía derechos por la violación del estatuto, los otros accionistas, los Eskenazi o aquellos a los que les vendan sus derechos, iban a pedir lo mismo.

Esto es lo que terminó pasando y lo que termina reconociendo la jueza Preska. Esto quiere decir que Kicillof, Abbona, y Zannini sabían que estaban cometiendo un error. Este abogado nombra a personas determinadas. Dijo que le avisó a Federico Thea, que en aquel momento era el director de Asuntos Legales del Ministerio de Economía de Kicillof, y a Matías Isasa, el segundo del área internacional de Finanzas del Ministerio de Economía, hoy director de la Comisión de Valores; ambos del riñón de Kicillof. Afirmó que les había avisados a ellos y a Lozza que estaban cometiendo un error porque se estaba reconociendo un derecho que representaría reclamos al Estado por miles de millones de dólares. ¿Por qué se descubrió este mail? No se sabe. Porque el resto de la documentación de la Procuración del Tesoro fue destruida y hay un juicio por eso. Se destruyeron mails y documentos antes que el kirchnerismo dejara el poder en 2015. Barbarie que van a pagar los contribuyentes. Es igual que la irresponsabilidad previsional: parece que no la va a pagar nadie porque afecta al Estado. Lo van a pagar las futuras generaciones. Seguramente no le va a costar plata de su bolsillo a Cristina Kirchner, a Zannini o a Kicillof, ni a ninguno de quienes cometieron los errores.

Cabe una pregunta a todo esto. ¿Es cierto que hubo una mala praxis? ¿O acaso hubo un negociado? Daría la impresión de que hay una estrategia secuencial de errores para favorecer a los Eskenazi, si es que están detrás de Burford. Tampoco en el decreto de estatización, que redactó Zannini, salvaron la cuestión del estatuto, que era obvia. La relación entre los Eskenazi y los Kirchner es más que evidente. Hay que leer la causa Cuadernos, más allá de que nunca los citaron a declarar. Y, además, porque Zannini - antes de su actual función como procurador del Tesoro- venía de ser director del Banco de Santa Cruz por el gobierno de Santa Cruz. Es el banco de los Eskenazi. Hay una promiscuidad tal, que daría para pensar -como dice Cristina, “todo tiene que ver con todo”- en que estos errores alguien los pagó, o que alguien está dispuesto a pagarlos a costa del bolsillo de los contribuyentes.

Todo esto se vuelve más horroroso si uno piensa la forma en la que los Eskenazi ingresaron a YPF. Fue mediante una operación escandalosa, en la que Repsol les dio las acciones, que cobraría con los dividendos que distribuiría en beneficio de los propios Eskenazi. Fue una operación bajo presión de Néstor Kirchner, quien decidió que los beneficiarios fueran ellos y no otros. Todo el mundo sabía que, hasta esa decisión, el candidato era otro para quedarse con el 15% de YPF. Inclusive Julio De Vido tenía otro candidato, privado, del sector energético, ni siquiera kirchnerista. Kirchner eligió a los Eskenazi que ya le proveían una tasa de interés excepcional en Santa Cruz para justificar sus ingresos y no quedar condenado por enriquecimiento ilícito por el juez Norberto Oyarbide.

Toda esta historia fue llevada al juzgado de Preska por Bernardo Saravia Frías, el procurador del Tesoro durante el gobierno de Macri. Saravia solicitó que, antes de que le de los derechos a Burford, y detrás a Eskenazi, la jueza se fijara en cómo entraron los Eskenazi a YPF, para ver si esos derechos son legítimos o si hubo corrupción. Cuando llegó Zannini al gobierno con el Frente de Todos, en 2020, se reunió con los hombres de Burford y pactó con ellos. Juntos fueron ante la jueza Preska y, lógicamente, le pidieron que no mirara cómo ingresaron los Eskenazi a la compañía porque eso incriminaría al kirchnerismo. Por lo tanto, pactaron que el caso fuera resuelto nada más que según las reglas de puro derecho. Según las reglas del derecho, tiene razón Burford.

En este contexto de gran disparate, de irresponsabilidad total, no se sabe si dolosa o no, aparecen los tuits de Axel Kicillof, que son bromas de mal gusto. Responde a semejante desaguisado con supersticiones. “Estamos frente a un embestida buitre. La derecha quiere volver a privatizar YPF”, escribió. Es la negligencia total de alguien que maneja recursos públicos como si fueran caídos del cielo. Se ve que este enamorado del Estado no tiene que pagar de su bolsillo por la mala praxis que él mismo comete.

Pero hay otro tuit importante. “La decisión de Cristina de recuperar YPF es uno de los hechos políticos más importantes de las últimas décadas”, dijo. Se tiene que cubrir de lo que le puede preguntar Cristina respecto de la operación, si es que ella no lo entiende. Y se cubre con el mejor antídoto: elogiarla y trabajarle el ego. Listo, no importa cómo se hizo, no importa cuánto vale. Reina Cristina.

Hay otros hechos judiciales en los que aparece una inconsistencia entre lo que se decide y las consecuencias que eso puede tener. Hay uno particular que está en curso. Elisa Carrió y Fernando Sánchez, que es un dirigente importante de la Coalición Cívica, denunciaron en su momento a Ricardo Lorenzetti y al secretario administrativo de la Corte, Héctor Marchi, por distintas irregularidades. La Justicia sobreseyó a Marchi, pero él hizo una contradenuncia que llegó a segunda instancia. La Cámara dijo que tanto Carrió como Sánchez tienen inmunidad parlamentaria. La Corte tiene una larga tradición de afirmar que lo que dicen los parlamentarios no puede ser penalizado porque tienen esa inmunidad. Sin embargo, también la Corte tiene otro argumento, un matiz dentro de esta defensa de los fueros. Si la persona atacada por el parlamentario es una persona pública, se puede reducir esa inmunidad y podría ser pasible de una sanción. Los jueces de la Corte tienen que resolver ahora este caso, y decidir hasta dónde se extiende la inmunidad parlamentaria de la doctora Carrió y de Fernando Sánchez. Tienen que resolver si Marchi tiene derecho a algún resarcimiento por ser una figura pública. ¿Por qué es importante? Porque ¿qué pasaría si los jueces de la Corte dijeran que la inmunidad de Carrió y Fernando Sánchez era limitada y que por eso Marchi merece un resarcimiento? Por extensión, ellos podrían también decir que merecen un resarcimiento de la actual Comisión de Juicio Político y del kirchnerismo que los agrede. Podrían afirmar que los diputados y senadores agreden a figuras públicas, como el caso de Marchi, y que, por lo tanto, su inmunidad es limitada. En el caso que la Corte está por resolver respecto de Marchi, podría estar la semilla del problema que puede tener el kirchnerismo con el ataque a la Corte. Porque si se resuelve que Marchi tiene un derecho superior a la inmunidad de Carrió, los jueces de la Corte tendrían un derecho superior a la inmunidad de los diputados y senadores que los están juzgando, sobre todo si ese juicio político queda rechazado. Consecuencias que quienes llevan adelante ese juicio político no miden. Como tampoco parecen haber medido las consecuencias Kicillof, Zannini, Abbona con la estatización de YPF.

La dificultad para ver hechos y consecuencias se ve también en el plano de la economía. Massa, voraz por los ingresos y por financiar un déficit gigantesco, acaba de disponer que no queden exentos del IVA los importadores. ¿Qué hacen los importadores? Suben los precios. ¿Qué hacen quienes compran insumos importados? Suben los precios. Esa medida impositiva de Massa se va a ver reflejada en más inflación, cuando el índice está casi en el 7% mensual.

Es una desconexión con la realidad como la demostró Alberto Fernández durante una entrevista con el periodista Tomás Rebord, en la que contó que durante la bilateral con Joe Biden, ambos se burlaron de Donald Trump. Dijo otra cosa en una especie de relanzamiento de su candidatura. Mencionó, entre otros hechos de su gestión que lo llenan de orgullo, que él fue a buscar las vacunas en medio de la pandemia y que se había parado frente al G7 para contar los efectos negativos de la guerra en Ucrania. Es casi auto incriminatorio si uno ve cómo fue la historia de las vacunas. Uno ve también que casi detuvo la guerra, con una megalomanía que hace que el Presidente se refiera así mismo en tercera persona. Lo curioso de esta declaración es que Fernández es el único que grita sus goles. Ya ni Aníbal Fernández lo hace. Con un problema: entorpece toda la interna oficial y le crea un problema a un kirchnerismo que está desesperado en busca de un candidato. Tanto que aparecen postulantes insólitos. Aparece Pablo González, el presidente de YPF -en diciembre mencionamos que podía estar en algún plan de Cristina Kirchner. Otros sugieren que puede ser Miguel Galuccio, expresidente de la petrolera. Es como la galera económica de Massa, de donde ya no salen conejos sino especímenes cada vez más raros.

En ese drama aparece una hipótesis que se está debatiendo, que probablemente tenga más contras que pros. ¿Y si Kicillof en la provincia de Buenos Aires hace como tantos otros gobernadores y adelanta la elección? El primer problema es que tiene que conseguir una ley de la Legislatura. Un segundo problema es que esos adelantamientos de última hora, como le podría haber pasado a María Eugenia Vidal en 2019, solo logran empeorar la imagen de desesperación, y mostrar más la herida. Estamos ante una clase política con poca sensibilidad frente al drama social, sumergida en el absurdo, como vimos este lunes con la violencia que se desató sobre el ministro Berni.

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