Ya son nueve los magistrados afectados por el espionaje ilegal y ocho estaban en la mira del kirchnerismo

En una inédita operación de espionaje a gran escala sobre la Justica, con ribetes políticos, ya son nueve los jueces y fiscales que investigaron causas contra Cristina Kirchner cuyos teléfonos fueron hackeados o se habilitaron líneas de celulares a su nombre. Los investigadores están a un paso de establecer la identidad de quien encargó esas tareas de inteligencia, dijeron a LA NACION fuentes cercanas a la investigación.

La lista incluye a tres jueces de la Corte y a seis jueces federales afectados en este plan de espionaje ilegal que tiene como epicentro la provincia de Misiones, desde donde se gestaron las maniobras. La coincidencia geográfica sobre Misiones como centro de estas tareas ilegales hizo reaparecer a conocidos personajes marginales del mundo del espionaje, mencionados en causas judiciales ligadas al kirchnerismo y vinculados a la AFI desde hace 20 años como agentes inorgánicos, operando ya sea para desviar la investigación o perjudicar determinados intereses en la provincia.

Las jueces de la Corte Suprema a los que se les habilitó desde Misiones líneas a su nombre son el presidente del tribunal, Horacio Rosatti; su vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti. Las líneas fueron pedidas desde Misiones. En el caso de Rosatti se descubrió que son cinco líneas abiertas a su nombre y se halló además que, en un aparato ligado a ellas, se uso una línea tramitada para el juez Rosenkrantz. Primero fueron habilitadas cuatro líneas para Rosatyi la quien fue habiitada un día antes de que la Corte Suprema de Justicia firmara el fallo por la coparticipación federal, que el Gobierno interpretó como un ataque directo.

La situación de las líneas inventadas a nombre de los jueces provocó alarma en la Corte: los secretarios y funcionarios judiciales de mayor rango estaban llamando esta semana a las empresas telefónicas para asegurarse que no les hubiera ocurrido lo mismo. En la Corte hablan de “una intimidación” a los jueces, a los que “se les usurpó su identidad”. Creen que la intencionalidad de esta maniobra sería “inventar” llamadas políticamente impropias, chats falsos o realizar desde el teléfono operaciones financieras ilegales o directamente cometer delitos para perjudicar a los magistrados.

Desde un aparato donde se activó una linea de Rosatti se uso una línea a nombre de Rosenkrantz y otra de la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata, con competencia electoral en Misiones. La Dajudeco, que es la oficina que realiza análisis de estas comunicaciones, ya elaboró dos informes. La Dajudeco prepara ahora un tercer informe para saber en qué aparatos fueron colocadas esas líneas y qué actividades en aplicaciones de mensajería y grupos de chats y llamadas se realizaron todo el tiempo en que estuvieron activas.

El otro capítulo del espionaje sobre los celulares de los jueces también tiene su origen en Misiones e incluye los teléfonos de los exministros de Seguridad porteños Marcelo D’Alessandro y Diego Santilli. Los jueces cuyas líneas telefónicas fueron clonadas son dos de los que condenaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad: Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Pero también fueron afectados los jueces de la Casación Penal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; y el fiscal Ignacio Mahiques, coautor junto con Gerardo Pollicita de la investigación contra Cristina Kirchner y sus hijos en el caso Hotesur.

En todos estos casos actuó el hacker misionero de Eldorado Elías Ezequiel Nuñez Pinheiro, de 22 años, quien admitió ante la Justicia que le encomendaron realizar un SIM swap: duplicar la tarjeta SIM del móvil y, a través de ella, robarles la identidad. Cuando se duplica una tarjeta SIM, deja de funcionar la línea y todas las llamadas, mensajes y línea de datos pasan al duplicado. Desde allí se recuperaron las conversaciones de Telegram de los hackeados. Se conocieron las de D’Alessandro, algunas reales y otras que denunció que fueron “fabricadas” ad hoc.

En noviembre pasado aparecieron en una página web –ahora desaparecida– chats de grupos de Telegram que integraba D’Alessandro con jueces y empresarios, algunos de los cuales habían viajado con él a Lago Escondido. El viaje tuvo lugar el 13 de octubre y fue difundido por Página12 cuatro días después. Esos diálogos, que D’Alessandro denunció adulterados, se conocieron el fin de semana previo a la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. A fines de diciembre, luego del fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación, hubo otros chats filtrados del teléfono de D’Alessandro, usados por el kirchnerismo en el juicio político a la Corte Suprema.

La investigación determinó que para el SIM swap Nuñez Pinheiro pidió a las telefónicas un nuevo chip de la línea, haciéndose pasar por los jueces, y para activarlo ingresó a la base del Registro Nacional de las Personas (Renaper) para obtener los números de trámites de los DNI de los magistrados y luego consultó sus datos personales en la base comercial Nosis.

Nuñez Pinheiro, que tiene un local de reparación de celulares y admitió que se dedicaba a las estafas mediante este sistema, pero no al espionaje político, dijo que le pasaron un listado de teléfonos para hackear, entre ellos el de D’Alessandro y el de los jueces.

Esta información surge de la causa que investiga la fiscal porteña Daniela Dupuy y alimenta el caso que tiene el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita. La causa por el teléfono de Santilli estaba en manos de la jueza Maria Servini, que la archivó a instancias del fiscal Federico Delgado y ahora piden que se reabra. Allí ya había datos de Nuñez Pinheiro.

El SIM swap fue encargado al misionero por dos personas de las que el hakcer aportó sus nombres de usuario. Son los perfiles Pr1sox y Juanxd de Telegram. La Justicia está detrás de la pista en el entendimiento que son los que pidieron el hackeo, pero a su vez por encargo de otras personas, supuestamente ligadas al poder político. Sus alias ya son conocidos por la Justicia, ya que aparecen ligados a otras estafas telefónicas.

Nuñez Pinheiro dijo que para ingresar a Nosis creó un perfil falso a nombre de Nicanor Moreno Crotto, exsocio y excolaborador de Marcos Peña en la Jefatura de Gabinete. Dijo que quien le encargó el trabajo le indicó que usara ese nombre, acaso como maniobra de contrainteligencia para responsabilizar a la interna de Pro en caso de que se descubriera la maniobra.

Las telefónicas plantean una trivia con preguntas sobre datos personales para validar que quien tramitó la nueva SIM es el verdadero usuario. Pero las respuestas de la trivia las obtiene de la base de datos Nosis, que es la misma que consultaban los hackers para conocer los datos personales de los jueces y funcionarios a los que espiaban.

La ruta del dinero puede ayudar a saber quiénes están detrás de este inédito espionaje sobre los jueces: el trabajo de Sim swap fue pagado mediante criptomonedas a una cuenta a nombre de Johana Pallares, una mujer de Moreno, cuya identidad fue usada para abrir esa billetera virtual.

Desde el mismo teléfono con el mismo número de IMEI (es un código de 15 dígitos pregrabado por el fabricante para identificar cada equipo) se colocó un chip para estafar a María Eugenia Piperio y a Luis Barbier, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de La Plata. La señora Piperio dijo que le quisieron sacar plata del HSBC y que debía ser depositada en el banco digital Brubank. La cuenta donde estaba asociada a una mujer que vive en una villa en Rosario, pero el domicilio y el mail era de una sede del Programa Atajo, de acceso a la Justicia, manejado por referentes sociales.

A D’Alessandro buscaban intrusarle el celular desde mayo de 2022 y lo lograron en octubre. Con Santilli lo intentaron cinco veces hasta que lo consiguieron, dijeron fuentes del caso.

Es notorio el cambio en el modus operandi. Hace 20 años, los espías de la ex-Side eran los que realizaban estas tareas paraoficiales. Luego se generalizó la contratación de empresas privadas que proveían de estos servicios. Ahora los interesados en contratar esta tareas recurren a microemprendedores improvisados, el mundo de la deep web y las criptomonedas en su intento de poner distancia entre el que encarga el trabajo y quien lo ejecuta.

En las consultas de Nosis realizada sobre el nombre de D’Alessandro apareció una efectuada dos meses antes del hackeo desde la municipalidad de General Roca, en Río Negro. La intendenta es María Emilia Soria, hermana del ministro de Justicia, Martín Soria. Desde el Municipio negaron haber efectuado la consulta. En el registro de Nosis aparece el número de cliente, la identidad como “Municipalidad de General Roca”, la dirección de correo electrónico oficial “ltappata@generalroca.gov.ar”. Se pagó con transferencia bancaria y se informó un número de teléfono, que sería de una empleada municipal.

Los hackeos y líneas telefónicas encargadas a nombre de los jueces de la Corte se dieron meses despuées de que se descubrió un robo a gran escala de las declaraciones juradas de bienes de jueces federales en el Consejo de la Magistratura. El 21 de junio, se supo que 82 declaraciones juradas desaparecieron. Otros 277 documentos fueron abiertos, sin que los investigadores hallaran constancias que justificaran esas consultas.

Se llevaron la parte de los datos reservados de las declaraciones juradas de los jueces con información sobre sus cuentas, saldos, nombre de sus hijos y domicilios particulares, por ejemplo. Entre esas declaraciones estaban las de los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, y las de los jueces del tribunal oral que juzgaba a Cristina Kirchner: Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los dos últimos también fueron hackeados.

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