Ya son más de una decena las entidades que expresaron su preocupación por la marcha contra la Corte
Agrupaciones de jueces, fiscales, abogados, empresarios y ruralistas coincidieron en pedir que no se avance contra la independencia de la Justicia
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LA NACION
La marcha contra la Corte Suprema de Justicia anunciada para este martes 1° de febrero (#1F) preocupó a diferentes organizaciones civiles que cuestionaron la embestida del kirchnerismo contra el Poder Judicial. Más de una decena de asociaciones de abogados, profesores y fiscales del país calificaron el hecho de “máxima gravedad institucional”. Juntos por el Cambio se sumó al repudio, pero no expresó opinión sobre la “contramarcha” del jueves.
Una de las primeras voces que criticaron la movilización contra la Corte fue la de un grupo de más de 120 profesores y abogados de todo el país, que advirtieron su preocupación y repudio hacia la marcha mediante un compendio de firmas que advertía que el Gobierno de Alberto Fernández realizaba una “embestida institucional” contra el Poder Judicial. Además, convocaron a una “contramarcha” para el 3 de febrero, que se transformó en un punto en común con otras organizaciones.
El Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires fue uno de los organismos que más firmas sumó al pedido ciudadano que convocó a la contramarcha. La institución calificó a la protesta como un “artilugio demagógico” mediante un comunicado divulgado a través de Twitter. Tanto su presidente, Alberto Garay, como el organismo que preside llamaron “a la reflexión ciudadana ante un inminente atropello a los poderes constituidos” y advirtieron que quienes se reúnan “atribuyéndose los derechos del pueblo y peticionen a nombre de éste incurrirán en el delito de sedición”.
Equipo Republicano es una organización identificada con la defensa de la independencia del Poder Judicial. Mediante su fundadora, Aura Marina Flores, se sumó al repudio, calificó el hecho de una “gravedad institucional extrema” y consideró que se trata de una especie de “golpe de Estado”. Expuso que la organización apoya la contramarcha porque “desde el nombramiento del ministro de Justicia, Martín Soria, se busca la impunidad a través de un reclamo de reforma judicial”.
Otro de los organismos que manifestó su preocupación fue el Club Político Argentino. A través de un comunicado difundido en redes convocó a los bloques del Congreso Nacional, a los partidos políticos y a las organizaciones de la sociedad civil a “cerrar filas en defensa de la Constitución Nacional” y además, exigió al oficialismo que repudie la convocatoria y sancione “como corresponde a los funcionarios involucrados en esta agraviante e insólita manifestación antidemocrática”.
La Federación de Colegios de Abogados (FACA) consideró que la protesta contra la Corte constituye un “acto lesivo al orden constitucional” y pidió respetar los derechos republicanos. También la lista Bordó de la Asociación de Magistrados -la más representativa de las líneas internas de la máxima agrupación de jueces- criticó la marcha y reclamó que “los y las integrantes del Poder Judicial” se manifiesten “con moderación y sensatez”, en alusión a quienes desde la propia Justicia promueven la movilización.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa rechazó la convocatoria porque “la independencia de los poderes del Estado es inherente a la esencia de la República y resulta un valor indiscutible, si se pretende vivir en una República institucionalizada”. Y afirmó: “Preocupa la desmesura de encumbrados funcionarios nacionales con declaraciones que solo buscan promover la agitación y el caos”.
Juntos por el Cambio emitió el sábado un comunicado en el que rechazó la marcha contra la Corte y dijo que tiene “una actitud golpista” y que es de “suma gravedad institucional”. El texto expresa que el interés del oficialismo “siempre estuvo centrado en los jueces o tribunales en los que se tramitan las causas de corrupción que afectan, principalmente, a la propia vicepresidente de la República”, Cristina Kirchner.
La Asociación de Fiscales exhortó “al poder político” a manejarse con “la debida prudencia” y evitar “toda posibilidad de vulneración de los principios republicanos”. En el comunicado difundido este lunes los fiscales resaltaron que debe respetarse la división de poderes y garantizarse el desempeño de los jueces “con total independencia, asegurando a la comunidad el acceso a una justicia imparcial”.
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) también se manifestó este lunes al respecto. Los empresarios remarcaron la “extrema relevancia de respetar a la Corte Suprema y sus autoridades”. Centraron su preocupación en que “el reconocimiento de la dignidad de la Justicia es la base de la convivencia civilizada” y que se trata de un punto central para “el desarrollo económico y social sostenido”.
Otros organismos que también criticaron el accionar del Gobierno y repudiaron la marcha del martes fueron la Asociación Civil Bases Republicanas, la Asociación Civil Justa Causa, el grupo de abogados Será Justicia (que participará de la contramarcha) y el Centro de estudios de derecho de CABA, con un comunicado que consideraba “inadmisible” que un grupo de personas se arrogara la representación del pueblo. La Asociación Argentina de Derecho Procesal recordó que el derecho a manifestarse no puede transformarse en una forma de presión contra el Poder Judicial.
LA NACION
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