Walter Bento, el juez federal electoral que resistió dos años a pesar de sus acusaciones de corrupción
Tiene 56 años, y en dos meses está previsto que se inicie un juicio oral en su contra, en el que está procesado por recibir sobornos; lo acusan además por sus bienes y viajes de lujo
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LA NACIONHernán Cappiello
Walter Bento tiene 56 años y una carrera como juez federal electoral que corrió en paralelo con el kirchnerismo y que puede tener su ocaso con el fin del Gobierno de Alberto Fernández. Tras dos años de investigaciones, ahora quedó al borde de la destitución porque está acusado de recibir sobornos, proteger a acusados y realizar viajes a Miami, Orlando, Las Vegas, Barcelona, Atenas, Dubai y Chile con dinero que no pudo justificar.
Si hasta el momento Bento no fue preso es porque sus fueros lo protegen. El 26 de julio está previsto que comience el juicio oral y público en su contra por corrupción. Sería inédito que un juez fuera juzgado penalmente y al mismo tiempo siguiera firmando sentencias y controlando elecciones nacionales.
El juez tiene la pasión de coleccionar búhos y lechuzas, que están por todos lados en su despacho. El búho está asociado a la sabiduría porque es un ave intuitiva e inteligente, que tiene gran capacidad para ver, aún por la noche. Es el mismo hobby que cultiva desde hace muchas décadas la jueza federal electoral de la Capital Federal, María Servini, las mas influyente de sus colegas de primera instancia en esta materia y que siempre tuvo un buen trato y se preocupó por seguir la carrera del juez federal mendocino. Otras de las personas con las que se referencia es el juez Alberto Lugones, consejero de la magistratura de la lista Celeste a la que adhiere Bento.
Bento fue nombrado como juez federal electoral en 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Quien avaló su postulación fue Juan Carlos “Chueco” Mazzón, operador del peronismo histórico durante décadas. En 2011 tuvo su actuación más rutilante cuando en plena guerra del kirchnerismo contra Clarín, extendió su competencia mas allá de Mendoza para ordenar un allanamiento con la Gendarmería Nacional en Cablevisión.
A pedido del grupo Vila-Manzano, decidió la intervención de Cablevisión en favor de Supercanal. La Corte determinó la nulidad de las actuaciones y cuestionó el accionar de Bento. El juez fue denunciado, pero en 2012 el pedido de juicio político fue desestimado con el auxilio del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura.
Su conducta empezó siendo investigada por el fiscal Dante Vega, también cercano a la lista Celeste. Pero eso no impidió que las causas en su contra avanzaran al punto que terminó procesado -con procesamiento firme- por enriquecimiento ilícito, por recibir coimas en diez ocasiones, por asociación ilícita y por lavado de dinero.
En las acusaciones contra Bento figura una historia curiosa. Cuando se ordenó el allanamiento de su caja de seguridad, al abrirla solo encontraron una nota manuscrita que decía: “PUIGDENGOLAS [Por el juez que lo procesó] LEE!!!! POR FAVOR”. El juez Bento dijo que reaccionó con ese mensaje porque no escuchaban sus pedidos.
Viajes al exterior, bienes y dinero en efectivo
Bento y su familia, según la Homeland Security, tienen 221 movimientos migratorios hacia Estados Unidos. En Las Vegas, Nevada, se lo vio en fotos en una limusina, negra, detrás de un bar con copas de champagne, y asistiendo a un concierto de Celine Dion. Asimismo, no declaró tarjetas de crédito emitidas en el exterior. Y en un allanamiento se le secuestraron $1.084.400, US$9.459 y €3.605, todo en efectivo, que no figuraban en su declaración de bienes.
El caso Bento está en el Consejo de la Magistratura desde hace dos años. El caso no prosperó por dificultades propias del Consejo para funcionar, pero también porque cada que vez que había oportunidad, el kirchnerismo bloqueaba los avances.
Bento está procesado y con procesamiento firme “por los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador en concurso real con cohecho pasivo en calidad de autor (diez hechos), concurso ideal con prevaricato, omisión y retardo de justicia; enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen delictivo”. Luego se ampliaron estas acusaciones con la de falsedad ideológica en dos hechos.
Otros integrantes de su familia también fueron imputados. Sobre su esposa, María Isabel Boiza, pesa un embargo de casi $150.000.000, porque la Justicia la consideró presunta responsable de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Debido a esta resolución, la Cámara Federal la suspendió y no podrá seguir en su cargo de prosecretaria administrativa del juzgado federal N°3 de la provincia cuyana, que el juez Bento supo subrogar. Está prohibido que marido y mujer trabajen en el misino tribunal, y por eso fue denunciado, pero la denuncia fue desestimada.
A partir de la investigación realizada por el fiscal Dante Vega quedó al descubierto que el juez Bento y su familia poseen nueve propiedades con una valuación millonaria en cuatro countries de Mendoza. También cuatro vehículos de alta gama: tres Audi S3, Q5 y A3 que compraron cero kilómetro, y una camioneta VW Amarok.
Bento tampoco pudo justificar cómo adquirió los tres fideicomisos en distintos emprendimientos inmobiliarios. Y no coincide con su salario la erogación realizada para costear veinte viajes a Miami, Orlando, Las Vegas, Barcelona, Atenas, Dubai y Chile, entre 2007 a 2017. Por esos viajes estuvo 761 días fuera de su casa, alojado en hoteles y aparts de lujo, junto a su familia.
Al embargo de $150.000.000 contra la esposa, el juez debe agregar el embargo de $177. 610.000 sobre sus bienes. Esto significa que el matrimonio sumó embargos por $327.610.000.
La acusación por sobornos
La acusación por cohecho fue de cuando tenía a su cargo la investigación de una organización criminal dedicada al contrabando que operó entre 2016 y 2018. Por este caso, el juez federal subrogante Leopoldo Rago Gallo ordenó las capturas de un funcionario de la Dirección General de Aduanas de Mendoza y de tres abogados. A los letrados se los acusó de pagar sobornos para favorecer a los integrantes de la banda de contrabandistas que aparecían mencionados en el sumario que se instruía en el juzgado de Bento.
Esas coimas se habrían canalizado a través de Diego Aliaga, un despachante de aduanas reconvertido en informante policial e intermediario que cobraba dinero, supuestamente en nombre de Bento, para favorecer a los acusados en causas que se ventilaban en su juzgado federal.
Luego de haber sido desvinculado de la causa 11088445/2007, Aliaga se convirtió en el presunto reclutador de la banda supuestamente liderada por Bento. Aliaga fue asesinado a mediados de 2020. Por el homicidio fue condenado el exsocio de la víctima.
La fiscalía federal abonó la sospecha que indicaría que la víctima sería el nexo los contrabandistas, dueños de tres contenedores secuestrados en un playón de la Aduana, en Uspallata y el magistrado acusado. El número de teléfono del juez Bento figuraba en la agenda del celular de Aliaga con el nombre de “Primo”.
“Aliaga era el nexo de confianza con el magistrado y enlace con los abogados organizadores y actuantes de imputados que obtendrían los beneficios a cambio de sobornos”, indicó el juez Puigdéngolas en la resolución en la que dispuso el procesamiento de Bento.
Antes de asumir en el juzgado federal N°1 de Mendoza, Bento trabajó en una casa de cambios en Buenos Aires. Durante un viaje a Chile conoció a su esposa, Marta. En 1992, el matrimonio decidió radicarse en Mendoza y, a partir de ese momento, comenzó la carrera judicial de Bento. Su vida cambió en 2005, cuando se hizo cargo del juzgo federal electoral mendocino, con jurisdicción en la extensa frontera con Chile.
Por Hernán Cappiello
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