Volver a discutir sus objetivos
En la reciente discusión sobre el gasto público en la Argentina parece predominar la opinión acerca de que el mismo es ineficiente y que si por alguna circunstancia pudiera ser convertido en "eficiente" buena parte de los problemas que enfrenta el Estado argentino, y por ende sus contribuyentes, estarían resueltos.
El diccionario dice que "eficiencia" es la "virtud y facultad para lograr un efecto determinado". Es decir, se refiere a la aptitud de los medios para alcanzar ciertos fines. Como tal, nada dice respecto a los fines, incluyendo, por supuesto a los fines que el gobierno pretende alcanzar. La "eficiencia" no es un objetivo en sí mismo y un juicio sobre la misma ha de estar directamente vinculado al fin que se pretende alcanzar. El actual debate sobre la "eficiencia" del Estado adolece de falta de consideración delos fines a perseguir. Veamos algunos ejemplos.
1. Puede haber gastos ocasionados por una completa tergiversación de los fines a seguir: un claro ejemplo de esto puede verse en la noticia publicada por La Nación con el título "Los dueños se quejan por las coimas" (27/11/2000). Como parte de un informe sobre los nuevos restaurantes establecidos en la zona de Palermo de la ciudad de Buenos Aires se comenta que "todos los empresarios gastronómicos de la zona lo repiten en voz baja. Dicen que están cansados de pagar coimas, de tener que arreglar a la policía y a los inspectores municipales que semanalmente pasan a visitarlos".
Entretanto, según el Ministerio de Justicia, el número de delitos denunciados ante la policía creció un 89% en los últimos diez años y un 313% en la ciudad de Buenos Aires.
2. También puede haber gastos que sean de dudosa contribución a un fin aceptado.
Por ejemplo, es bueno que la Argentina mantenga cordiales relaciones internacionales. No obstante, ¿cuánto hay que gastar para mantenerlas? Hay 189 países miembros de las Naciones Unidas incluyendo al último ingresado,Tuvalu. ¿Cuántas embajadas debería la Argentina tener? ¿Se justifica el gasto que significa mantener representaciones diplomáticas en Jamaica, Trinidad y Tobago o Zimbabwe?
3. Otros gastos pasarían como "lujos" en países prósperos y fiscalmente sólidos, pero, ¿puede permitírselo la Argentina con un 16% de desocupados y un déficit fiscal de 7000 millones? La investigación se ha convertido en el "chiche" de todo funcionario público. Por ejemplo, existe un Centro Argentino de Etnología Americana, también existe el Centro de Investigaciones en Antropología Filosófica y Cultural. Y como si fuera poco, el Ministerio de Cultura y Educación cuenta con el Instituto Nacional de Antropología y del Pensamiento Latinoamericano donde se realizan investigaciones tales como: Antropología socio-cultural de Antofagasta, El Carnaval a fines del siglo XIX: la cuestión interétnica, Memoria colectiva e inundaciones en Olavarría, entre otras. Cada una en su ámbito, la investigación florece en el Estado argentino, sólo que aún no se ha investigado cuál es la verdadera utilidad de la misma.
4. Todo fin es justificado en tanto y en cuanto contenga el adjetivo "social" sin discutir el costo de los mismos y los resultados alcanzados.
El papel que antes cumplían las empresas estatales en el presupuesto público lo ocupan hoy los programas sociales, y al parecer con grados de eficiencia similares.
La Argentina es el país de América latina con mayor gasto social per cápita (índice=100, 1994/95), seguido de Uruguay (90) y luego Costa Rica (55). Todos los demás países gastan menos de la mitad que el nuestro.
5. Por último, los típicos casos de ineficiencia, al margen de la posible discusión que los objetivos de estos organismos pudiera plantear:
- Biblioteca del Congreso: En 1937 tenía un total de 24 empleados, hoy son 1010.
* Las 37 universidades nacionales reciben ahora 1800 millones de dólares cuando en 1990 recibían 300 millones. Atienden a 950.000 alumnos, pero sólo egresan unos 35.000 por año. Cada graduado de universidad pública cuesta $ 48.700, lo que sería suficiente para pagar a cada uno de ellos una carrera y un posgrado en las mejores universidades privadas del país.
* En 1998 cada empleado público nacional costó, en promedio, $ 2018 por mes, en comparación con los $ 1161 percibidos, en promedio, por cada trabajador del sector privado. Como los empleados del Estado trabajaron por mes menos tiempo (152 contra 177 horas) el resultado fue que el costo de cada hora alcanzó los $ 13,28 en la administración pública frente a $ 6,56 en el sector privado.
* Si bien en la Argentina hay 5800 causas judiciales por cada 100.000 habitantes en comparación con 10.300 en España y 14.500 en Estados Unidos, tiene 16,3 empleados por juez en lugar de 10,8 y 10,2 para los otros dos países y gasta un 0,69% del PBI en comparación con los 0,31% de Estados Unidos y 0,26% de España.
En la política argentina actual no existe tal cosa como "malgasto". Hoy, la realidad fiscal impone que esto vuelva a discutirse, no ya la "eficiencia", sino el objetivo mismo del gasto.