Víctor Violini, un camarista penal que intentó ser intendente y no oculta su militancia política
Integrante de Casación, ordenó analizar los casos de condenados por delitos graves que pidieron salir
LA NACIONGustavo Carabajal
Como juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense, Víctor Violini no oculta su marcada militancia política.
A pesar de desempeñarse en el segundo tribunal en importancia en la provincia, hace poco más de un año dijo a viva voz: "Tengo muchas ganas de ser candidato a intendente de La Plata". Su aspiración quedó en el camino, ante la falta de apoyo político dentro del PJ platense.
La actual senadora Cristina Kirchner destacó la figura de Violini, quien había declarado: "No queremos que la Justicia bonaerense se convierta en Comodoro Py. Nunca vi cosas como las actuales en 25 años dentro de la Justicia". La expresidenta replicó las declaraciones del juez, que hace un año había respaldado al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo de Lázzari, en su enfrentamiento con la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.
Los caminos de Violini y De Lázzari volvieron a coincidir el 20 de marzo pasado. Dos días después, de que se decretara el aislamiento obligatorio a raíz de la pandemia, el presidente de la Suprema Corte dispuso que las decisiones urgentes de los distintos tribunales provinciales "podrán ser adoptadas de manera unipersonal por su presidente o quien lo reemplace".
Diez días después, Violini, como único integrante de la Cámara de Casación, ordenó que se dispongan las prisiones domiciliarias de los acusados de delitos leves que formen parte de grupos de riesgo ante un eventual contagio de coronavirus y que en los casos de imputados o condenados por delitos graves los jueces revisen cada caso en particular.
Violini aceptó un planteo de los defensores de todos los departamentos judiciales bonaerenses. Dicha presentación fue apoyada por la Comisión Provincial de la Memoria.
En un mensaje de audio enviado a familiares de detenidos en situación de riesgo por la pandemia, el secretario del organismo, Roberto Cipriano García, explicó que todos los días se presentaban entre 100 y 150 pedidos en favor de detenidos. "Ante un Poder Judicial conservador, que no acepta resolver libertades, nos encontramos con la voluntad política del gobierno provincial de descomprimir el sistema penitenciario. Es un momento bastante singular e histórico", expresó García en el audio.
Consultado por LA NACION, García manifestó que el mensaje fue sacado de contexto y que la frase sobre "momento histórico" se refería a la situación de pandemia.
Los dichos del funcionario provincial y el fallo de Violini fueron criticados por los familiares de víctimas de delitos.
Cuestionaron al juez no haber cumplido con la obligación legal de notificar a la víctima de un abuso cuando el agresor sexual salía de la cárcel, tal como ocurrió con un acusado de violación, de 67 años, beneficiado con prisión domiciliaria, que se instaló en su casa, cerca de la vivienda de la menor de la que había abusado.
Violini y García visitaron el martes el penal de José León Suárez y les explicaron a los presos el alcance de la resolución.
Los nombres de los presos que serían beneficiados con las prisiones domiciliarias figurarían en un listado cuya elaboración se encargó al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). En principio, estaba integrado por 662 reclusos. Enrique "Quique" Petrullo no figuraba en ese listado de presos con grupo de riesgo. Sin embargo, Violini aceptó una acción de habeas corpus presentada por la defensa de Petrullo y le concedió la prisión domiciliaria.
Petrullo aparece procesado en dos causas penales. En uno de los expedientes fue imputado de integrar la denominada banda del juez, supuestamente comandada por el exmagistrado César Melazo. En el segundo sumario está acusado de ser el nexo entre el camarista Martín Ordoqui y el dueño de una inmobiliaria, que habría entregado dinero para ser beneficiado con prisión domiciliaria.
Hasta agosto pasado, Ordoqui, también acusado en la causa Melazo, integraba con Violini la Sala V de la Cámara de Casación. Pero Ordoqui fue suspendido y enfrenta un pedido de juicio político.
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