Violencia policial. El gobierno nacional mete presión sobre los gobernadores de San Luis, Tucumán y Chaco

La seguidilla de casos de brutalidad policial, que tuvo su expresiones más extremas en San Luis, Tucumán y Chaco, generó la reacción del gobierno nacional y un pronunciamiento del Presidente. "Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables. Celebro que el Poder Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia", dijo Alberto fernández hoy, vía Twitter.

Antes de que se conociera los sucesos de Chaco, donde el sábado la policía provincial golpeó y torturó a integrantes de una comunidad qom, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, había metido presión sobre los gobernadores de las provincias donde se produjeron otros casos graves: se comunicó con los gobiernos y pidió que le dieran detalles de lo sucedido y le informaran qué medidas se habían tomado contra los agentes involucrados.

"Lo que pasó en Chubut, San Luis y Tucumán escapa a nuestras manos, pero elevé notas a las provincias para manifestar nuestra gran preocupación por las irregularidades y lo sucedido invitando a tener un control riguroso de su personal. Debemos evitar que esta situación de emergencia se convierta en una situación de excepcionalidad en el ejercicio de Estado de Derecho. Ninguna de esas notas fueron contestadas", declaró Frederic el domingo, en una entrevista con el diario Perfil.

El monitoreo de los casos que comprometen a policías provinciales avanza de manera simultánea con los procesos administrativos abiertos contra efectivos de las fuerzas de seguridad nacionales. Desde el inicio de la cuarentena se pasó a disponibilidad a cinco agentes de la Gendarmería y a uno de la Policía Federal, acusados de haber ejercido malos tratos contra personas acusadas de haber violado el aislamiento.

La ministra habló del tema con sus pares provinciales durante la última reunión del Consejo Federal de Seguridad, en abril, e insistirá en el próximo encuentro del cuerpo, previsto para este mes, dijeron en su entorno. Frederic puso el problema de la violencia institucional en el centro de su agenda desde el inicio de la gestión y pretende involucrar en la batalla a los ministros de todas las provincias. Pese a que el gobierno nacional no tiene jurisdicción sobre los episodios de brutalidad policial cometida por agentes provinciales, la ministra ordenó a sus colaboradores hacer un seguimiento pormenorizado de los casos.

Los más graves tuvieron lugar en San Luis, Tucumán y Chaco, tres distritos gobernados por el peronismo. El primero de ellos terminó, el 5 de abril, con la muerte de Florencia Morales, una mujer de 39 años, en San Luis, detenida por circular sin autorización. Apareció ahorcada en un calabozo de la comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara. La policía afirmó que se había suicidado con una cuerda, pero la ampliación de la autopsia detectó "signos compatibles con la autodefensa".

El día que se conoció la noticia, el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks, habló con el ministro de Seguridad provincial, Fabián Filomena, para conocer de primera mano la versión del gobierno de Alberto Rodríguez Saá. El gobernador habló con Frederic unos días más tarde y le comunicó que se había desplazado a seis policías y que el caso era investigado por la justicia provincial.

Tucumán quedó en el centro de la escena en la segunda mitad de mayo, después de la desaparición de Luis Espinoza, un peón rural de 31 años que fue asesinado por la policía provincial, en Monteagudo, durante un operativo por una carrera de caballos clandestina. El cuerpo fue hallado el 22 de mayo, a 80 kilómetros del lugar, en el límite con Catamarca. Antes de que apareciera el cuerpo de Espinoza, funcionarios nacionales se comunicaron con los responsables de seguridad en la provincia y les ofrecieron enviar ayuda para agilizar la búsqueda. El gobierno de Juan Manzur les informó que los ocho policías involucrados habían quedado detenidos.

El intercambio con el gobierno de Chaco fue público, después de la golpiza de efectivos de la policía de esa provincia contra integrantes de la comunidad qom, en el barrio Banderas Argentinas, de la localidad de Fontana. El hecho, que incluyó torturas y abusos contra mujeres de la comunidad, ocurrió el sábado y se hizo público ayer por medio de un video que se viralizó desde la cuenta de Twitter de la revista Cítrica. Por medio de una nota, el ministerio nacional manifestó al ministerio provincial su "preocupación" por lo ocurrido y solicitó "un informe detallado". En respuesta, la ministra chaqueña, Gloria Salazar, comunicó que el gobernador Jorge Capitanich había dispuesto que los policías involucrados fueran apartados de la fuerza e investigados. La carta incluía una recomendación de Frederic: que los peritajes no quedaran a cargo de la propia policía.

El gobierno de Capitanich informó hoy que se les prestó asistencia legal y psicológica a las víctimas y que el Estado provincial resolvió presentarse como querellante en la causa contra los policías, decisión celebrada en redes por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El organismo que dirige Horacio Pietragalla se puso en contacto con las familias de las víctimas de San Luis, Tucumán y Chaco.

En Chubut, provincia a la que hizo referencia Frederic, hubo denuncias por malos tratos en los controles viales de la ruta que une a esa provincia con Río Negro.

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