Violencia policial en Chaco: echaron a los efectivos que atacaron a la familia qom
"Repudiamos este accionar ilegal, violento y arbitrario por parte de la policía", procedimiento "que nada tiene que ver con el compromiso del Gobierno con el estado de derecho y las garantías de derechos humanos", dijo pasado el mediodía de este martes la ministra de Seguridad del Chaco, Gloria Zalazar, en el marco de una conferencia de prensa en la que informó que todos los efectivos involucrados en la incursión del domingo a la madrugada en una casa de Fontana, fueron separados de sus cargos.
Acompañada por el jefe de la Policía, Fernando Romero, Zalazar aseguró que por orden del gobernador Jorge Capitanich "se dispuso el apartamiento de los agentes implicados en el hecho" en el que golpearon a miembros de una familia de la comunidad qom, y además informó que "el Estado será querellante" en la causa para "esclarecer" lo sucedido.
"No vamos a tolerar que estos hechos pasen desapercibido ni que vuelvan a ocurrir", sentenció la jefa de la cartera de Justicia y Seguridad.
"Repudiamos este accionar ilegal, violento y arbitrario por parte de la policía que nada tiene que ver con el compromiso del Gobierno con el estado de derecho y las garantías de derechos humanos", remarcó.
Contó además que la Subsecretaría de Derechos Humanos asistió a las víctimas y que lo seguirá haciendo y que un organismo interno de la Policía, el Organo de Control Institucional, y la Fiscalía de Derechos Humanos, hará las presentaciones correspondientes para juzgar penalmente la acción de los policías.
Democratizar las fuerzas
En paralelo, distintas organizaciones sociales, gremiales y políticas, como la CTA de les trabajadores, La Cámpora Chaco y la Comisión Permanente por los Derechos Humanos emitieron un comunicado en el que formulan una "convocatoria popular para el control de las fuerzas de seguridad y el fortalecimiento de las instituciones de Derechos Humanos y la Lucha contra la Violencia Institucional".
"Nuevamente la violencia policial volvió a manifestarse en la localidad de Fontana (...) y mediante una secuencia de apremios ilegales, torturas y tratos crueles por parte del personal policial, con posterior traslado de les ciudadanes (sic) hacia la comisaría donde, vía informes del Comité obrante, se supo del accionar impartido, incluyendo delitos contra la integridad sexual".
"Estos vestigios de las peores prácticas aún arraigadas en las instituciones que no se han permeado aún de los principios fundamentales de la vida en democracia, nos convoca a instar a los poderes públicos a la investigación urgente y rigurosa de los hechos y sanciones a los responsables administrativos, judiciales y políticos de estos hechos delictivos y reforzar el acompañamiento institucional e integral de las víctimas y sus familias", afirma el comunicado.
"Las organizaciones y organismos abajo firmantes, hacemos un llamamiento al Ministerio de Seguridad, el Poder Judicial y al Ejecutivo de la provincia, apelando en este contexto de pandemia y aislamiento social, obligatorio y preventivo, a la voluntad de un cambio urgente de política de seguridad y las fuerzas policiales. Los abusos diarios y el aumento de los niveles de violencia que se ejercen en los barrios populares no forman parte del proyecto político y democrático que fortalezca el Estado y su función de cuidado y justicia social en pleno contexto de crisis mundial", continúa la nota.
"La gravedad que revisten casos como el mencionado, conforma una serie de abusos que pareciera no tener límites ni control sobre las barriadas metropolitanas, por parte de quienes ostentan el monopolio del uso de las armas y la seguridad, mientras las organizaciones ensayan experiencias de cuidado comunitario, ollas y meriendas populares, resulta imperioso la convocatoria inmediata a la participación de las organizaciones del pueblo a reconstruir una política de seguridad pública y democrática basada en el irrestricto cumplimiento de los derechos humanos, donde el cuidado, el buen trato y los valores de la democracia que supimos conquistar, sean los ejes vertebradores de un nuevo paradigma de convivencia ciudadana" señalaron las organizaciones.
Por Eduardo Ledesma
Conforme a los criterios de
Más leídas de Política
DGI. El documento que confirma la veracidad de lo informado por LA NACION sobre los bienes de Vázquez no declarados ante la OA
Derechos Humanos. La Justicia analiza un habeas corpus presentado por 86 condenados por delitos de lesa humanidad
$400 millones en duda. “Puede ser que hubo alguna irregularidad, pero no mala intención”, se defendió la vicegobernadora de Neuquén
Tensión con Moyano. El Gobierno presiona para moderar las paritarias y rechaza aumentos superiores al 1% mensual
