Violencia narco en Rosario: una reacción tardía que deja en evidencia la impotencia del Gobierno

El presidente Alberto Fernández reaccionó, al fin. Anunció algunas medidas para luchar contra los clanes criminales que asolan Rosario, disfrazó como nuevas otras iniciativas ya vigentes y prometió otras, más vagas. Poco, sí, y su discurso dejó en evidencia todo lo que podría –y debería– impulsar con urgencia, pero carece de poder para siquiera intentarlo.

Sigamos con lo positivo. Prometió enviar 600 cámaras de reconocimiento facial, el despliegue de “hasta” 1400 agentes federales, y el refuerzo de las tareas del servicio penitenciario dentro de las cárceles federales. Todas medidas en la buena dirección, aunque los funcionarios provinciales de Santa Fe y los municipales de Rosario se preguntan por estas horas cuándo llegarán esas cámaras y sacan cuentas sobre cuántos federales más llegarán a Rosario, realmente, para llegar a los 1400. ¿Y en cuanto a las cárceles? Sería bueno, replican, que los penitenciarios empiecen por dejar de entregar teléfonos a los presos por 30.000 pesos.

Avancemos ahora hacia lo discutible. El Presidente anunció que instalarán en Rosario una delegación de la Unidad de Información Financiera (UIF). Más allá de la eficacia probable de contar con una oficina “in situ” en tiempos en que los reportes de operaciones sospechosas y el análisis subsecuente es digital, puede resultar una decisión virtuosa. Dependerá, entre otros factores, de cómo interactúe con los fiscales y jueces de la jurisdicción. Lo mismo con la inclusión en el anuncio de algo ya en marcha, como es el acuerdo entre la provincia de Santa Fe y el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Algo similar ocurre con el anunciado despliegue del Arma de Ingenieros del Ejército en Rosario para “tareas subsidiarias” en la ejecución de obras, según explicó el Presidente, en línea con los límites que fija la Ley de Defensa Nacional. ¿Será así? En tierras rosarinas ya se preguntan, por ejemplo, si junto a los ingenieros militares no desplegarán al Batallón de Inteligencia.

Y allí está uno de los focos decisivos que el Presidente no puede abordar: cómo desarrollar tareas de inteligencia criminal –y penitenciario– que permitan lidiar con los clanes criminales, anticipar sus movimientos y avanzar contra sus alfiles, sus depósitos y sus redes de lavado. Si no, desplegarán agentes federales a ciegas. ¿Saben esos agentes, por ejemplo, qué significan los grafitis que dominan ciertas esquinas en los barrios rosarinos? Pista: marcan qué banda controla el lugar y, en ciertos casos, qué vende cual.

Lo que no dijo

Entramos así en todo lo que el Presidente omitió en su discurso. Tampoco anunció la pronta designación de todos los jueces y todos los fiscales federales que esperan desde hace meses o años, habiendo ganado sus concursos, para ocupar sus cargos. Esperan porque Fernández no consensúa sus pliegos en el Senado con los propios ni con la oposición.

Baste recordar, en este sentido, que el último Encuentro Nacional de Jueces y Fiscales se concretó en Rosario, en mayo de 2022, para expresar el apoyo de los magistrados a esa ciudad. Y que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, alertó durante ese evento que en ciertas jurisdicciones están vacantes el 30, 40 o hasta 50 por ciento de los cargos. Diez meses después, el cuadro se agravó.

Baste recordar, también, que el Presidente ni siquiera logró designar al procurador general de la Nación. Su candidato, el actual juez federal Daniel Rafecas, lleva tres años –sí, tres años– esperando que lo convoquen al Senado. Pareciera que al oficialismo le resulta más cómodo despotricar contra el actual procurador interino, Eduardo Casal, que negociar y acordar para nombrar uno definitivo.

Aludir al jefe de los fiscales lleva a exponer otra laguna en el discurso presidencial. ¿Cuál? El ya grotesco retraso en la implementación del sistema acusatorio federal. Esto es, que los fiscales asuman las investigaciones y los jueces se aboquen a controlar el cumplimiento del debido proceso durante esas investigaciones. Así es como la Argentina se dividió en dos: Salta y Jujuy llevan casi cuatro años con el nuevo sistema, mientras que el resto espera la campana de largada. ¿Será porque el nuevo sistema reduce los tiempos de los procesos penales de manera drástica? ¿Será porque reduce los márgenes de discrecionalidad e impunidad? ¿Será porque la clase política prefiere negociar con (pocos) jueces que con muchos fiscales?

Sí acertó el Presidente, sin embargo, en un eje de su discurso: una de las clave para entender qué ocurre en Rosario es la impunidad. Tiene toda la razón. Acertó también al señalar la connivencia delictual de muchos políticos con los clanes criminales. Pero él no es un analista. Es la máxima autoridad del Estado nacional. Y nada propuso para afrontar esa trama de corrupción, política y sangre. Ni siquiera les pidió a los legisladores provinciales de su propio partido que apoyen el desafuero del senador santafesino Armando Traferri, uno de los hombres más poderosos de la provincia.

Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra y Matías Edery recolectaron evidencias y arrepentidos que conectan a Traferri con la trama de la narcocriminalidad. Lo citaron a Traferri a indagatoria para el 11 de diciembre de 2021. Lo acusaron de cobrar coimas, encarar negociaciones incompatibles con la función pública e incumplir sus deberes como funcionario público. Pidieron, por tanto, su desafuero. Pero chocaron con el contubernio político santafesino.

Todos los senadores peronistas y del bloque de la UCR-Frente Progresista respaldaron a Traferri y solo votaron por su desafuero los cuatro senadores peronistas que responden al gobernador Omar Perotti (Alcides Calvo, Marcelo Lewandowski, Marcos Castelló y Ricardo Kaufman), en tanto que se abstuvieron el propio acusado y dos radicales (Lisandro Enrico y Rodrigo Borla). Traducción: es intocable.

En su discurso, el Presidente, omitió eso, como también obvió explicar qué más hará el Estado nacional para solucionar los problemas de fondo –hambre, desempleo y ausencia de futuro, entre otros– que llevan a pibes y pibas de 14, 15 o 16 años a trabajar para los Monos, los Alvarado y otros clanes criminales. Fernández prefirió cargar, eso sí, contra la “manipulación informativa” que busca el “desgaste institucional”.

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