Violencia narco en Rosario: cautela en las FF. AA. y un nuevo decreto que analiza el ministro Luis Petri
El Gobierno espera derogar la semana próxima la reglamentación de la ley de defensa que aprobó Kirchner en 2006; los militares podrán intervenir ante agresiones de grupos terroristas
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LA NACION
Pese a que la situación planteada en Rosario por la violencia del narcotráfico exige celeridad, la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad se someterá al Congreso. El mismo filtro que desde hace tres meses espera superar en sus sucesivas variantes la ley ómnibus, un instrumento clave del gobierno de Javier Milei para la reforma del Estado.
Lo tiene en claro el ministro de Defensa, Luis Petri, quien intenta convencer con los argumentos del peligro en la demora y la gravedad de la emergencia en el sur de la provincia de Santa Fe, que el Gobierno define con una palabra: terrorismo. Un término que engloba una combinación tal vez simplificada de narcotráfico, crimen organizado y violencia.
“Los militares quieren actuar, pero con un marco legal claro. Por eso necesitamos modernizar la ley de seguridad interior”, es la explicación que más se escucha en favor de los cambios. En las Fuerzas Armadas acompañan los motivos, en general, aunque algunos perciben cierta sobreactuación en el anuncio de medidas que aún están lejos de ser inmediatas.
La amenaza del terrorismo alimenta otro debate y llevará la semana próxima al ministro Petri a anunciar la nueva reglamentación de la ley de defensa nacional, que derogará un decreto firmado por la dupla Néstor Kirchner-Nilda Garré en 2006 y habilitará a las Fuerzas Armadas a intervenir frente a la agresión de cualquier organización terrorista extranjera, como la ofensiva del grupo Hamas en la Franja de Gaza o el atentado a la AMIA de 1994. El decreto 727/2006 de Kirchner limitó esa posibilidad al restringir la intervención militar al ataque de un ejército de otro Estado.
“Se recuperará el sentido original de la ley de defensa, sancionada durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y se atenderán las nuevas amenazas en el orden mundial”, insisten cerca de Petri.
“Las Fuerzas Armadas no quieren intervenir como se hizo en los últimos años en los operativos Fortín y Escudo Norte –rebautizados Integración Norte durante el gobierno de Mauricio Macri-, cuando se los enviaba a la frontera con una misión disuasiva, sin portar armas y sin reglas claras de empeñamiento”, explican en el gobierno de Milei.
El proyecto que se enviará al Congreso dará a los militares las mismas atribuciones que hoy tienen para esas acciones las fuerzas de seguridad. “Frente a supuestos de terrorismo, los militares podrán realizar acciones hoy vedadas, como patrullajes y controles de personas y vehículos, proporcionar seguridad a instalaciones por tiempo limitado, intervenir en flagrancia ante la comisión de delitos, dando intervención inmediata al juez y al fiscal. Estarán habilitadas para actuar en operaciones terrestres, navales, aeroespaciales y ciberespaciales.
Una novedad será que, al incorporarse estas funciones, inéditas en los 40 años del período democrático actual, las Fuerzas Armadas podrán recibir equipamiento y capacitaciones sobre áreas que no constituyen su misión esencial. Hoy pueden intervenir en operaciones de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad (artículo 27 de la ley de seguridad interior) y a partir del dictado del estado de sitio (art. 31), aunque en este caso se suspenden las garantías constitucionales- En ambos casos hoy no pueden prepararse y equiparse parea ambas situaciones.
Según pudo saber LA NACION, el Gobierno no prevé un desembarco masivo de militares en Rosario. Hasta ahora se enviaron 22 camionetas, tres helicópteros y cinco lanchas fluviales para tareas de apoyo logístico, un aporte considerado modesto por los propios militares. De aprobarse la reforma a la ley de seguridad interior, el aporte también será mínimo. De los 80.000 efectivos que hoy tienen las Fuerzas Armadas, se estima que unos 2000 serían afectados a las operaciones de seguridad interior, un número equivalente al que en estas horas envían la Gendarmería y la Prefectura.
Advertencias y voces críticas
Dentro y fuera del universo militar surgen voces que animan a pensar dos veces antes de involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, un tema sensible en la Argentina.
Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la propuesta del Gobierno “es la militarización y los militares no son una solución efectiva a los problemas de inseguridad y narcotráfico”.
El organismo advierte que “la intervención de las Fuerzas Armadas en estos casos no implica ningún valor agregado sobre lo que pueden hacer las fuerzas federales y, en cambio, abre la puerta a escenarios de mayor violencia”.
En sectores castrenses, en tanto, perciben una tendencia del Gobierno a mostrar hiperactividad, con pocos resultados concretos, y un contraste entre el discurso de revalorizar a los militares y el cese del plan de equiparación salarial con las fuerzas de seguridad, a lo que se suma un recorte del presupuesto, por la prórroga del anterior, en un contexto de alta inflación.
Al respecto, en un contexto de escasez de recursos existe el temor de que la decisión de encomendar a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad interior postergue objetivos de mediano y largo plazo, como la compra de submarinos, vehículos blindados a rueda, helicópteros de combate, cazas multipropósitos, misiles y otros medios que definen a las fuerzas militares.
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