Violencia frente al Congreso: el fiscal Carlos Stornelli pidió volver a detener a casi todos los acusados que María Servini liberó

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió que vuelvan a ser detenidas 14 de las las 17 personas que fueron liberadas el viernes por la jueza María Servini, acusadas por los hechos de violencia en los alrededores del Congreso durante la sesión del Senado en la que se aprobó la Ley Bases. Stornelli los acusó de atentar contra la democracia y consideró que deben seguir el proceso tras las rejas porque, de lo contrario, podrían fugarse o entorpecer la investigación. Las tres personas puestas en libertad que quedaron fuera del pedido del fiscal son vendedores ambulantes.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. El fiscal destacó, además, la gravedad de los delitos de los que están acusadas las personas liberadas, vinculadas a atentados contra el sistema democrático.

En la lista de liberados por Servini están Sofía Belén Ottogali; Gonzalo Duro; Martín Di Roco; Mateo Latorre; Germán Moyano; Fernando Klaus Leone; Ricardo Shariff Sleme; Diego Ignacio Iturburu; Román Esteban Méndez; Luis Alberto de la Vega, Santiago Lautaro Adano; Brian Ezequiel Ortíz; Belén Yanina Ocampo; Matías Lionel Ramírez; Nora Edith Longo; Remigio Ramón Ocampo y Mía Pilar Ocampo. A Iturburu, según la resolución de su excarcelación, lo detuvieron “en Avenida de Mayo y Santiago del Estero provocando disturbios y arrojando piedras y otros objetos contundentes hacia el personal policial apostado en el lugar”.

Stornelli utilizó 12 calificaciones para acusar a las 33 personas que fueron detenidas en las inmediaciones del Congreso y que la jueza Servini indagó entre el jueves y el viernes pasados. Los cargos que formuló el fiscal fueron “lesiones”, “daños simples y agravados”, “incendio o estrago”, “delitos contra la seguridad pública”, “instigación a cometer delitos”, “intimidación pública”, “incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones”, “organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, “delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional”, “atentado contra la autoridad”, “resistencia a la autoridad” y “perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos”.

Servini decidió la semana pasada liberar a 17 detenidos porque carecía de material fílmico o de fotografías que los involucraran en los distintos desmanes que se produjeron durante la sesión de la Cámara alta, el miércoles.

Durante la noche del viernes, se decidieron las excarcelaciones, tras pedidos presentados por la defensora oficial Florencia Plazas y abogados como María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

Las 16 personas que no fueron liberadas protagonizaron episodios de violencia diversos. Los detenidos Camila Belén Juárez Oliva, Nicolás Daniel Mayorga (trabajador de Telefe), Sasha Jazmín Lyardet (del Movimiento Socialista de los Trabajadores), Juan Pablo Colombo, Ramona Tolaba y Roberto María de la Cruz Gómez fueron acusados de arrojar piedras y otros proyectiles. En el caso de Juárez Oliva, según la resolución que ordenó que permanezca detenida, estaba en Lima y México y, “junto a otras personas, habrían tirado elementos contundentes atentando contra la integridad del personal policial y de los vehículos de dotación que se encontraban custodiando las inmediaciones del Congreso de la Nación”.

David Sica, María de la Paz Cerruti y Lucía Belén Puglia fueron detenidos bajo la acusación de haberles pegado a efectivos policiales. Patricia Calarco Arredondo fue demorada por incendiar un grupo de bicicletas que administra el gobierno porteño; Juan Ignacio Espinetto, delegado del gremio docente Ademys, por atacar una motocicleta; Héctor David Mallea, porque quedó registrado mientras participaba de los desmanes, y Cristian Darío Ferreira quedó detenido porque tiene antecedentes penales, según informaron fuentes judiciales. Cristian Fernando Valiente quedó preso por tener en su poder una granada de gas vencida; Facundo Ezequiel Gómez, por saltar una valla, y Gabriel Horacio Famulari fue preso porque se lo vio en actitud beligerante en las imágenes.

Desde las defensas de los manifestantes, indicaron a LA NACION que “las 17 [resoluciones] que conceden [excarcelación] y las 16 que rechazan son idénticas”. Y completaron: “Sin analizar condiciones personales, en un caso conceden y en otro no”. Ejemplificaron con las decisiones de Servini que marcaron que permaneciera detenida Juárez Oliva y que fuera liberado Diego Iturburu. A ambos se los acusa de “intimidación pública”, “incitación a la violencia colectiva”, “delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional” y “perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos”.

En el caso de Iturburu, tras la enumeración de los delitos, en la resolución se señala que, “más allá de la escala penal global de los hechos traídos a conocimiento, no se aprecia aquí ningún otro indicio que permita concluir que en caso de recuperar el pleno goce de su libertad ambulatoria el imputado intente eludir el accionar de la justicia o intentar entorpecer el avance de esta investigación”. También, “el tenor concreto de los hechos imputados y su modo de desarrollo, la ausencia de antecedentes condenatorios por parte del encartado y la existencia de un domicilio cierto donde notificarlo”, y se le concede la excarcelación. En el caso de Juárez Oliva, luego de mencionar los mismos delitos, en la resolución se señala que existe una “elevada amenaza de pena” y se remarcan, entre otros puntos, “los esfuerzos realizados por el imputado ya en el escenario de los sucesos para intentar darse a la fuga”.

Este lunes, en una reunión en la sede del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), organizaciones de izquierda, sindicales, movimientos sociales y agrupaciones de derechos humanos, definieron marchar el martes a Plaza de Mayo, a las 16.30, para exigir la liberación de todos los detenidos.

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