Violencia en Rosario: qué dice la ley sobre la posibilidad de desplegar militares en medio de la lucha contra el narcotráfico
Las FFAA no pueden intervenir en tareas de “seguridad interior”, pero el Gobierno dice que harán “urbanización” y se apoya en un decreto que las habilita a participar de “operaciones de apoyo a la comunidad”
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LA NACIONPaz Rodríguez Niell
El presidente Alberto Fernández anunció este martes que el Ejército Argentino desembarcará en Rosario para “participar de la urbanización de barrios populares” y argumentó que se trata de una de las “tareas subsidiarias contempladas en la Ley de Defensa Nacional”. Ante la consulta de LA NACION, una alta fuente del Gobierno dijo que los militares asignados a esta misión lo harán “sin armas” y que este tipo de tareas están contempladas por el ordenamiento legal.
La Ley de Defensa Nacional -citada por Fernández- establece, en su artículo 33, que “el Presidente de la Nación aprobará los planes y acciones necesarios para la Defensa Civil” y que “se entiende por Defensa Civil el conjunto de medidas y actividades no agresivas tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos que la guerra, los agentes de la naturaleza o cualquier otro desastre de otro origen puedan provocar sobre la población y sus bienes, contribuyendo a restablecer el ritmo normal de vida de las zonas afectadas, conforme lo establezca la legislación respectiva”.
Con fundamento en este artículo, se convocó a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, para actuar en la pandemia, pero ¿puede considerarse la situación de Rosario como un “desastre” de los contemplados por la norma? Un alto funcionario que participó de la decisión del Presidente explicó que si bien la nueva misión “se desprende” de la Ley de Defensa, es en otra norma donde queda más claro que los militares pueden ejercer esta función que hoy se les asignó. Se trata del decreto 1961/2006, de “organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas”, que dice que su “misión principal” es la de “conjurar y repeler toda agresión externa militar estatal”, pero que podrá tener “misiones subsidiarias” siempre que no afecten “las capacidades requeridas para el cumplimiento de aquella misión primaria y esencial”.
Entre esas misiones subsidiarias el decreto prevé la “participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de apoyo a la comunidad nacional o de países amigos”.
Los militares y la “seguridad interior”
Las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en “seguridad interior”. La excepción que contempla la Ley de Seguridad Interior es cuando participan, a requerimiento de un “Comité de Crisis” -que no está creado para la situación de Rosario-, por disposición del Ministerio de Defensa para “apoyar las operaciones de seguridad interior” mediante la afectación “de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”. La ley prevé que de ese Comité de Crisis participen, entre otros integrantes, los gobernadores de las provincias afectadas; en este caso, debería ser Omar Perotti. También, el ministro del Interior y los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. No es lo que ocurre en este caso.
En el Gobierno aseguran que las Fuerzas Armadas “no van a ir a hacer tareas de seguridad” a Rosario, sino de “ingeniería civil”. Que van a “urbanizar, abrir calles, hacer trabajos de zanjeo, tareas de limpieza, desmalezamiento, desagües y luca contra incendios” y que si deben ir a barrios donde pueda haber enfrentamientos, lo harán “escoltados por fuerzas nacionales o provinciales”. Si bien son tareas que distan mucho de la “misión principal” del Ejército, en el Gobierno dicen que “al no tener una empresa constructora estatal, de este modo se puede trabajar rápidamente en el lugar”.
El anuncio del Presidente sobre su convocatoria a las Fuerzas Armadas ya recoge críticas y miradas desconfiadas de lo más diversas. En el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) están analizando la medida con “preocupación”. Creen que, con fundamento en la lucha contra el narcotráfico, se está legitimando que las Fuerzas Armadas intervengan en tareas de seguridad y que esto puede horadar las disposiciones de separación entre seguridad interior y exterior.
En la oposición también hubo críticas a la decisión del Gobierno y su encuadre legal. Oscar Aguad, exministro de Defensa de Mauricio Macri, hoy cercano a Patricia Bullrich, dijo que la decisión que tomó el Presidente “nada tiene que ver” con lo que ellos pedían (si bien, según él, fue Bullrich quien puso el tema en la agenda). Y afirmó: “Las Fuerzas Armadas le pueden prestar un apoyo muy significativo a las fuerzas federales de seguridad en Rosario. El Estado no pude privarse de uno de los elementos que tiene para modificar la realidad y menos, por un tema ideológico”.
Según él, su propuesta de que las Fuerzas Armadas brinden un “apoyo logístico” no requiere modificar la ley y puede dar resultados reales. “No tiene sentido poner a las Fuerzas Armadas a hacer casas. No digo que participen directamente [del combate al narcotráfico], pero sí que participen de una coordinación del Estado”.
Aguad dijo que durante el gobierno de Macri hicieron el plan Frontera Norte, “para que las Fuerzas Armadas fueran a las fronteras y los gendarmes fueran a Rosario”, y dijo que eso se puede hacer perfectamente sin reformas legales. Reclamó, sin embargo, “armonizar las leyes” para “modernizarlas”. “La Ley de Defensa dice que las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir ante el ataque exterior de una potencia extranjera y hoy en día los ataques pueden ser de lo más diversos”, afirmó.
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