Villarruel incluyó en la sesión otro proyecto que afecta los sueldos del Gobierno y la Justicia

Tras el escándalo que se ocasionó por el aumento de sueldos en el Senado, la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, comunicó este martes pasado el mediodía que convocó a una sesión especial el próximo jueves para que se trate este tema. Dijo que su intención es que se corten las “sobreactuaciones” y que cada legislador pueda expresar su postura.

Pero no fue solo eso. En el temario incluyó dos expedientes: el que trata estos aumentos puntuales y uno del senador de Unión por la Patria (UP), José Mayans, que dispone un tope máximo a la percepción de haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado (es decir, que correría también para el Ejecutivo y el Judicial).

“Como presidente (sic) del Senado convoqué a sesión especial el jueves a las 10 para que los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos. De frente y en forma pública. Nominalmente y exponiendo sus posiciones. Así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política argentina en todos los órdenes y que nos tienen angustiados a los argentinos”, definió la vice, que recibió achaques de la Casa Rosada por el incremento a los integrantes del Senado.

Anoche, el presidente Javier Milei criticó a los que “avalaron” esta decisión. Pareció un dardo a Villarruel, más aún cuando compartió una foto para elogiar al titular de Diputados, Martín Menem, por tener la paritaria de los integrantes de la Cámara baja desenganchada de la del personal legislativo. Es que la suba de 6,5% de los senadores se dio por el incremento también de los trabajadores del Congreso. Esto llevaba las dietas a aproximadamente $9 millones en bruto y $7,8 millones en mano.

La polémica que se ocasionó derivó en que este martes por la mañana los presidentes de bloque acordaran no recibir el impacto del aumento, por lo que presentaron una nota a la Presidencia del cuerpo.

Unas horas después, Villarruel escribió en su cuenta de X para notificar que había llamado a sesión especial para tratar este tema el próximo jueves a las 10, día en que en el Senado también está previsto que se debata la recomposición jubilatoria que llegó desde Diputados, propuesta por la oposición.

El proyecto de Mayans

La iniciativa del senador Mayans, que está incluida en el temario de la sesión especial, tiene como objeto “fijar un tope máximo a la percepción de haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado, órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional, y empresas y sociedades del Estado.

“Límite a la remuneración de las máximas autoridades. Fíjese que las remuneraciones mensuales del Presidente, del vicepresidente, de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, de los senadores, de los diputados, del procurador general, del defensor general, de los consejeros de la Magistratura, de auditores generales, del defensor del Pueblo de la Nación y del personal del Servicio Exterior de la Nación no pueden superar a los veinte (20) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, por todo concepto”, determina ese proyecto que el jueves debatirán los senadores.

Asimismo expresa: “Límite a la remuneración de las autoridades superiores y jerárquicas. Fíjese que las remuneraciones mensuales de los ministros, secretarios, subsecretarios y cargos equivalentes del Poder Ejecutivo Nacional, funcionarios y cargos jerárquicos de todas las jurisdicciones y entidades comprendidas en los incisos a), b), c), y d) del artículo 8º de la Ley 24.156, incluyendo al Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal y del Poder Legislativo, no pueden superar los quince (15) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, por todo concepto”.

Según los fundamentos que dio Mayans, su propuesta busca fijar un principio de “coherencia y uniformidad” en las remuneraciones percibidas por la totalidad de las autoridades superiores y funcionarios de los tres poderes del Estado.

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