Villa Mascardi: de la represión al diálogo fallido, cómo intervino el Estado ante la toma de tierras en los últimos tres años

Desde que un grupo autoproclamado como mapuche tomó tierras federales en Villa Mascardi en 2017, el Estado nacional solo hilvanó intentos fallidos para evitar la expansión constante de la ocupación. Mientras se alternaban graves enfrentamientos con las fuerzas de seguridad con mesas de diálogo infructuosas, en estos años el conflicto en Río Negro escaló en violencia e incertidumbre.

El "control territorial" que promueve el lof Lafken Winkul Mapu comenzó en septiembre de 2017, cuando un grupo de personas decidió asentarse a unos 30 kilómetros de Bariloche en reclamo de las tierras que les pertenecerían por un supuesto vínculo ancestral.

Tras un reclamo de Parques Nacionales, que tiene jurisdicción sobre esas tierras, el 23 de noviembre de 2017 el entonces juez federal subrogante en Bariloche, Gustavo Villanueva, ordenó el desalojo del predio. El operativo estuvo a cargo de la Prefectura.

Pese a haber logrado dispersar a los que se habían asentado allí, dos días después hubo un enfrentamiento violento en el que murió el joven Rafael Nahuel de un tiro por la espalda.

Esa muerte volvió a poner en discusión el accionar de las fuerzas de seguridad poco después de haberse cumplido un año del fallecimiento de Santiago Maldonado. Hubo marchas de organismos de derechos humanos y hasta pedidos de informes de Amnistía Internacional. En respuesta, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el accionar de la Prefectura.

"Llevamos adelante una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley frente una acción ilegal, violenta e inaceptable para la democracia de un pueblo que quiere vivir en paz", dijo Bullrich en una conferencia de prensa.

La investigación apuntó contra el prefecto Francisco Javier Pintos como presunto autor del disparo que mató a Nahuel, pero en febrero de este año fue sobreseído.

Desde aquel entonces no volvió a haber un enfrentamiento de esa gravedad en la zona y se estableció una mesa de diálogo entre el Estado, organizaciones mapuches y la mediación del obispo de Bariloche, Juan José Chaparro.

Pero ese diálogo no avanzó y los vecinos de terrenos aledaños denuncian que el Estado abandonó el lugar, lo que permitió que el lof continúe expandiéndose.

En los años siguientes, hasta el recrudecimiento del conflicto en los últimos días, los miembros del lof ampliaron su control territorial desde el sector inicial del Parque Nacional Nahuel Huapi hacia la costa del lago y tierras linderas a terrenos privados.

En ese tiempo se acumularon las denuncias penales en el Ministerio Público Fiscal de Bariloche por agresiones y amenazas a los vecinos de la zona. En algunos casos hubo incluso incendios de casas particulares.

La tensión escaló al punto que los vecinos de Bariloche marcharon el sábado a Villa Mascardi en una movilización que el gobierno provincial, a cargo de Arabela Carreras, intentó desactivar por temor a un enfrentamiento violento e incontrolable.

El banderazo, del que participaron unas 200 personas, terminó con una denuncia del Ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic por "instigación a cometer delitos", "apología del crimen" y "asociación ilícita" debido a que había información de una supuesta convocatoria de grupos armados. La decisión generó un fuerte rechazo opositor y hasta la respuesta de dirigentes oficialistas, como Sergio Massa, que pidió "hacer cumplir la ley y desalojar" la toma.

Pese al reclamo de los vecinos, desde el ministerio aseguran que todavía funciona la mesa de diálogo abierta entre el Estado y la comunidad y que se reforzó tras el cambio de gobierno. El funcionario a cargo de ese nexo es el secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks.

Fuks viajó a Río Negro para establecer un canal de negociación entre las partes con el objetivo de "bajar los niveles de violencia" y facilitar la "convivencia", pero los vecinos no respondieron en buenos términos y le enviaron una carta al presidente Alberto Fernández reclamándole que reconozca la soberanía del Estado nacional sobre el territorio.

Al mismo tiempo, la provincia reclama una mayor intervención nacional para resolver el conflicto. En mayo, cuando se intensificó a ola de violencia contra los vecinos, la gobernadora Carreras conversó con el mandatario, quien le aseguró que su administración evaluaba qué medidas tomar.

Este mes, Carreras renovó el reclamo luego de que surgieran nuevos casos y reforzó la presencia de la policía provincial en la zona y hoy será recibida por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero.

Ese reclamo todavía no recibió una respuesta efectiva en el territorio pero sí una carta de la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, quien afirmó que la responsabilidad en la resolución del conflicto "no solo es del gobierno nacional".

Mientras tanto, el lof adelanta que no cederá ante los reclamos de los vecinos y que responderán con violencia de ser necesario. "Hacemos un amplio llamado a toda la nuestra Nación Mapuche a acompañar y defender de la manera que consideren pertinente el territorio dejando en claro que no habrá ninguna ofensa sin respuestas. Resistiremos la embestida del fascismo y racismo con nuestras vidas si fuera necesario, comprendiendo que los derechos políticos y territoriales no se venden, se ejercen", manifestaron en un comunicado.

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