Villa Mascardi: el Presidente siguió de cerca el operativo y Seguridad destacó que no se usaron armas de fuego

Aníbal Fernández llegó a las 7 hoy a su despacho, una hora más temprano que de costumbre. El ministro de Seguridad estuvo en permanente contacto telefónico con el Presidente por el operativo que desplegó un Comando Unificado integrado por las cuatro fuerzas federales a primera hora de la mañana para desalojar los predios de Villa Mascardi en donde se instaló la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu.

Es la primera vez que la gestión de Alberto Fernández interviene con semejante despliegue de uniformados para resolver un conflicto con grupos mapuches. Por la crispación que se respira en el sur, la escalada de violencia y los antecedentes -en ese lugar murió Rafael Nahuel baleado durante un operativo del Grupo Albatros en 2017-, la situación generaba fuerte inquietud en el Gobierno.

“Había tensión, pero se tomaron todas las precauciones. Actuaron grupos antimotines que no portaban armas de fuego. Sí podían actuar con gases lacrimógenos, balas de goma, escudos y palos. Había preparados grupos de élite, pero no actuaron”, aseguró a LA NACION un colaborador muy al tanto de la pauta que se bajó desde el Ministerio de Seguridad. Tras el operativo fueron detenidas siete mujeres que estaban con cinco niños, sus hijos. Entre las detenidas había una embarazada casi a término -que fue derivada a un centro de salud- y la machi de la comunidad, Betiana Colhuan. Fuentes del Gobierno aseguraron que las apresadas son todas mujeres porque los hombres de la comunidad “escaparon a la montaña”, mientras que ellas se quedaron y se resistieron a ser desalojadas.

Tal como publicó LA NACION, durante el operativo los efectivos se abrieron paso con bombas de estruendo y gases lacrimógenos y recibieron agresiones de miembros de la comunidad con piedras y troncos con fuego.

En Casa Rosada rechazaron que la situación fuera similar a la de 2018. “A Rafael Nahuel lo mató la Prefectura cumpliendo directivas. Hoy no es lo mismo”, señaló una alta fuente oficial. “Es delicado pero hay que actuar, estamos actuando delicadamente”, agregó.

Desde el Ministerio de Seguridad subrayaron a LA NACION que la dirección a seguir “es la que define la justicia federal” y resaltaron que la jueza federal Silvina Domínguez se hizo presente en el lugar durante el operativo. “Nosotros vamos a trabajar en función de decisiones judiciales y lo que entendemos es que tenemos que regularizar esa situación porque no es la correcta”, afirmó esta mañana Aníbal Fernández a TN.

De la mesa de diálogo al operativo

El Gobierno cambió la tesitura con respecto al conflicto mapuche. Al inicio de la gestión, la Casa Rosada tenía la expectativa de descomprimir la tensión que se vive en la zona de Villa Mascardi por la ocupación de terrenos realizados por la lof Lafken Winkul Mapu a través de una mesa de diálogo integrada por funcionarios nacionales y representantes de la comunidad. En esa mesa estaban sentados funcionarios del Ministerio de Seguridad, de Ambiente y Desarrollo Sostenible (por Parques Nacionales), de Justicia (por la secretaría de Derechos Humanos), además del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Ese organismo estaba conducido por Magdalena Odarda y Luis Pilquiman (activo dirigente del Parlamento Mapuche de Río Negro), ambos designados justamente por su buena sintonía con las comunidades mapuches, cuya conflictividad ocupa buena parte de la agenda indígena. Odarda renunció hace un mes y medio, por motivos personales según se informó oficialmente. La última acción de esa mesa destinada a resolver el conflicto vía mediación fue una audiencia judicial con todas las partes el 22 de abril, ante el juez de General Roca, Hugo Greca, que terminó sin acuerdo.

Cerca de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, destacaron a LA NACION el “cambio de actitud” del Gobierno, que comenzó a actuar más decididamente con las fuerzas federales. “El Gobierno acuerda con la provincia. Hasta ahora la provincia no había requerido intervención, ahora sí lo hizo”, señalaron fuentes de la Casa Rosada. El Presidente estuvo con la mandataria rionegrina la semana pasada, durante un acto en General Roca.

Aníbal Fernández, en tanto, tiene una visión distinta a la de su antecesora, Sabina Frederic, sobre el abordaje del conflicto. “El diálogo político y de mediación se debe dar pero no con el Ministerio de Seguridad sentado a la mesa, que tiene que garantizar el orden. Son otros los organismos del Estado que tienen que intervenir”, dijo una fuente cercana al ministro.

La línea política a llevar quedó explícita en la norma que constituyó el Comando Unificado de Seguridad. Hoy, a través de la Resolución 637/2022 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la creación de ese comando para actuar como auxiliar de la Justicia, bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal, con el objetivo de “contribuir con una eficiente labor en cuanto a la implementación de dispositivos de seguridad tendientes a la prevención de episodios de violencia en una zona que ya registra antecedentes de ese tenor”.

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