Villa Garrote: el barrio de “Sueños Compartidos” que terminó con una toma y peligro de derrumbe

“No nos podemos ir sin tener una vivienda, el intendente nos dijo que podíamos vivir acá por dos o tres años más hasta que puedan solucionar la situación y construir”, asegura un referente de la ocupación. Son 34 familias que viven en cinco edificios sin terminar. Sobre sus cabezas pesa el peligro de derrumbe de la obra, en Tigre, como advirtieron diferentes informes técnicos. Sin embargo, después de intentos de desalojo, los habitantes siguen en el lugar. El proyecto fue parte de Sueños Compartidos, el denunciado programa de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo que involucró a Hebe de Bonafini y a Sergio Schoklender.

“El intendente dijo que van a arrancar con las obras y que las primeras viviendas van a ser para los que estamos en las tomas”, añade el ocupante, quien se niega a dar a conocer su nombre.

Si bien reconoce que no existe un acuerdo por escrito, asegura que tanto el intendente, Julio Zamora, como el subsecretario de Hábitat de Tigre, Eduardo Barro, les garantizaron la estadía hasta la construcción de nuevas viviendas sociales en el barrio. La municipalidad lo desmiente. Zamora, quien se enfrentó a su antecesor Sergio Massa, es ahora un aliado del gobernador Axel Kicillof.

En Villa Garrote, a metros del Delta del Tigre, viven más de 2679 personas en situación de vulnerabilidad, que esperan una casa desde hace 14 años, cuando se anotaron en el plan de viviendas sociales de Sueños Compartidos. Según un censo de barrios vulnerables de 2019, en Villa Garrote el 64% de los hogares tienen “calidad constructiva insuficiente” y no cuentan con servicios básicos de electricidad, cloacas ni agua potable.

Sueños Compartidos fue un programa de viviendas sociales dirigido por las Madres de Plaza de Mayo que terminó convertido en un emblema de corrupción del kirchnerismo. Se estima que más del 23% de los fondos del programa fueron desviados ilegalmente.

Sin embargo, a 13 años de su apertura, la causa por defraudación se encuentra paralizada. La denuncia involucró a Hebe de Bonafini; los hermanos Pablo y Sergio Schoklender; el exministro Julio De Vido, y el exsecretario José López, entre otros kirchneristas acusados de haber cometido fraude contra el Estado por desvío de fondos por un importe superior a $200 millones.

La obra inicial en Villa Garrote comprendía más de 20 edificios, pero el proyecto quedó trunco a mediados de 2011, cuando estalló el escándalo de corrupción de Sueños Compartidos. De los 288 departamentos previstos solo se entregaron 120 viviendas, y tardíamente.

El lugar vacío fue blanco de las tomas

Según pudo saber LA NACION, se intentó desalojar por peligro de derrumbe a las más 100 familias que habían tomado las construcciones abandonadas. Los ocupantes se retiraron tras recibir $30.000 cada uno.

Pero las casas volvieron a ser ocupadas. Hacia fines de 2021 hubo un nuevo intento de desalojo sin éxito. Esta vez, las familias que las tomaron hicieron mejoras en las propiedades: pusieron ventanas y puertas, conectaron el agua, se colgaron de la electricidad.

“Nos metimos acá porque nos correspondía, aunque nunca se terminó de construir, no teníamos dónde vivir; nos habíamos anotado, pero nunca nos adjudicaron nada”, afirmó Roque, de 45 años, que trabajó como obrero en la construcción de las torres.

Los delitos

La Auditoría General de la Nación (AGN) ya había informado en 2014 serias irregularidades en el programa de Sueños Compartidos, que había sido adjudicado en forma directa a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. La Auditoría detectó un sospechoso manejo de fondos públicos. El valor del metro cuadrado de las viviendas sociales superaba en un 76,92% el valor fijado por la ley. Asimismo, comprobó la falta de pago de cargas sociales a los albañiles, entre otras irregularidades.

Específicamente en el emprendimiento en Tigre, la AGN resaltó que se habían transferido los fondos para la finalización de las obras, pero no estaban terminadas. Además, la deficiencia en la construcción hacía que muchas de las viviendas fueran “inhabitables” y, por ello, “no pudieron ser entregadas”. Además, la Auditoría denunció que no fue firmado el contrato de obra pública entre la Fundación Madres de Plaza de Mayo y el municipio.

Desde el municipio de Tigre negaron un acuerdo verbal con los ocupantes de Villa Garrote y apuntaron contra la gestión anterior. “Eso se hizo en otro tiempo. De ninguna manera puedo adjudicar viviendas, no son mías, ni siquiera del intendente. Solo se les prometió que iban a tener prioridad en las listas y en los cupos. No nos lavamos las manos como pasó antes”, sostuvo el subsecretario de Hábitat, Eduardo Barro, sobre un supuesto pacto para no desalojar a los usurpadores de Villa Garrote.

Por su parte, el intendente de Tigre, Julio Zamora, en diálogo con LA NACION afirmó que “la obra quedó inconclusa durante la gestión del intendente anterior [Sergio Massa], él estuvo a cargo de la ejecución”.

A su vez, negó un acuerdo con los vecinos y reconoció el revuelo que ocasionó el programa: “Nosotros les comunicamos que para poder construir debíamos desalojar primero, iniciamos una negociación de hecho, pero los vecinos no aceptaron, por lo que modificamos el proyecto y construiremos donde no está ocupado; en vez de 180 viviendas van a ser 140. Al ser consultado sobre el peligro de derrumbe, el intendente apuntó contra las demoras de la Justicia: “Son los tiempos de la fiscalía, muchas veces nosotros no podemos incidir en la decisión del fiscal”, finalizó, en referencia a un posible desalojo.

El programa Sueños Compartidos preveía la construcción de 1129 viviendas en la provincia de Buenos Aires, lo que equivalía a un 80% más en relación con las provincias, de las cuales la mayoría se construirían en Tigre. Malena Galmarini, como secretaria de Acción Social del municipio, en ese momento firmaba las certificaciones de final de obra que habilitaban los pagos, a pesar de que la mayoría de las obras no llegaron a terminarse.

Desde el entorno de Galmarini aseguraron que en Tigre los costos de la obra estaban de acuerdo con los precios. Y argumentaron que se interrumpió porque el gobierno de Mauricio Macri resolvió dejar de financiar Sueños Compartidos. También apuntaron contra el intendente Zamora, al asegurar que prometió subsidios a los desalojados y nunca fueron entregados.

El fiscal Sebastián Fitipaldi, del departamento judicial de San Isidro, estuvo a cargo de la causa de desalojo en 2020. “No me volvieron a conceder el desalojo por protocolo, estamos esperando llegar a una conciliación”, aclaró. “Es una cuestión política, el primer desalojo fue por supuesto peligro de derrumbe y ahora aparentemente no lo hay”, sentenció, y añadió: “La idea era que el gobierno haga una mediación, que incluso pueden hacerlo mejor que yo que soy un fiscal local, pero hasta ahora no obtuve respuesta”.

En contraste con la situación que viven sus vecinos, Vanina, que trabaja en la municipalidad de Tigre como agente territorial de su barrio, y Adriana, empleada doméstica, fueron asignatarias de los departamentos construidos por Sueños Compartidos en Garrote. “Mi esposo se enfermó de cáncer y por lo menos en los últimos tiempos tuvo una vida cómoda, no se llovía, no había humedad, teníamos ventilador y pudo disfrutar de las comodidades de tener una ducha y calefón, que nunca habíamos tenido. No me olvido de lo que pasamos antes. La mayoría de la gente acá vive así, sale a cartonear y vive con lo del día”, dijo Adriana.

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