Vicentin. Ante el silencio de Juan Schiaretti, empresarios cordobeses presionan para que los diputados rechacen la expropiación
CÓRDOBA.- La aprobación de la expropiación de Vicentin tiene los números asegurados en el Senado –por donde ingresó el proyecto del oficialismo–, pero en Diputados el Frente de Todos (con 119 miembros en su bloque) necesita sumar diez voluntades para alcanzar el quorum.
Los diputados de Juntos por el Cambio y los tres que responden a Roberto Lavagna ya adelantaron su rechazo, por lo que la mirada está puesta en los cuatro diputados que responden al gobernador cordobés Juan Schiaretti, quien aún no se pronunció sobre la intervención de la cerealera. En el oficialismo esperan tener el respaldo de parte del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que comanda el mendocino José Luis Ramón.
El tema abre otra cuña en la relación entre Schiaretti y el presidente Alberto Fernández. El gobernador viene evitando todos los aspectos que podrían crear fricciones. Las necesidades financieras de la provincia lo acercaron más a la Casa Rosada: el ministerio de Economía le acaba de firmar un aval para la emisión del bono de cancelación de deuda con proveedores por $9000 millones y está a punto de salir un crédito de $5000 millones pedido al fiduciario para provincias.
El Grupo de los 6 (G6) –que reúne a las principales entidades empresarias de la provincia–empezó a presionar sobre todos los legisladores nacionales de Córdoba: tres senadores y 18 diputados. Schiaretti está vinculado con cinco de ellos: Carlos Caserio en el Senado, que está alineado con Fernández desde los tiempos de la campaña electoral; y Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Claudia Márquez y Paulo Cassinerio en Diputados.
Los empresarios, que mantienen un buen vínculo en general con Schiaretti (por caso, el dueño de Aceitera General Deheza, Roberto Urquía, tiene diálogo permanente y fue senador nacional por el partido), decidieron ir directamente sobre los parlamentarios, a quienes les plantearon una "profunda preocupación" por el proyecto de expropiación.
Argumentaron que "se estarían obviando los pasos legales previstos en la normativa vigente, donde es derecho y garantía de la empresa acudir a los mecanismos de la Ley nacional de Concursos y Quiebras y, por lo tanto, el marco de tratamiento de su problemática debería ser el seno del Poder Judicial".
Además, afirmaron que la iniciativa constituye "una señal negativa para el resto de los actores económicos, tanto internos como externos, en el sentido de violentar las reglas institucionales y marcos de regulación propios de los negocios, poniendo en vilo la confianza y la seguridad jurídica, tan necesarias para la inversión y el desarrollo económico. Asimismo, genera importantes desincentivos a la inversión privada, elemento clave para lograr la reactivación económica de nuestro país, especialmente en el actual contexto".
Violenta las reglas institucionales y marcos de regulación propios de los negocios, poniendo en vilo la confianza y la seguridad jurídica, tan necesarias para la inversión.
"Existe una gran cantidad de ejemplos donde las empresas controladas por los Estados, en este caso el nacional, son ineficientes, generan abultados déficit que luego se deben financiar con recursos estatales y afectan la competitividad de los sectores en los que participan", agregaron los empresarios en el comunicado, y les pidieron a los legisladores "contribuir a una discusión responsable, racional y constructiva y, por tanto, que se impida el progreso" del proyecto.
En el pasado Schiaretti siempre se expresó en favor del sector, planteó defenderlo y rechazó la suba de retenciones (sus legisladores aprobaron toda la emergencia de Fernández, menos ese punto). Vicentin mantiene una deuda de unos $5000 millones por granos con productores cordobeses.
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