Vicentin: bancos extranjeros la acusan de estafa, falsear balances y desviar más de US$400 millones en créditos

Los problemas judiciales del grupo Vicentin no pasan solo por el concurso de acreedores, sino que la firma enfrenta al menos cuatro causas penales. Las más conocida es la que investiga el juez federal Julián Ercolini en Comodoro Py 2002, que involucra también a exdirectivos del Banco Naciónque otorgaron líneas de crédito a la empresa que le permitió endeudarse por 1400 millones de dólares.

El último de estos juicios –radicado en la justicia provincial de Rosario– fue motivado por un comité de bancos internacionales que prestaron a Vicentin 530 millones de dólares para financiar exportaciones de granos y ahora acusan a la empresa de fraude, estafa y desbaratamiento de derechos acordados, entre otros delitos.

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La querella fue presentada por un grupo de bancos y entidades financieras internacionales, conformado por IFC (Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial), FMO (Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés), ING, Rabobank, y Natixis.

Los bancos, según dijeron a LA NACION fuentes con acceso al caso, señalaron al menos tres maniobras: se habrían falseado balances para persuadir a los bancos de desembolsar dinero, se habría realizado una operación con un frigorífico que les despierta sospechas y se habría presentado una misma carta de crédito como garantía de la misma operación ante dos posibles acreedores.

Los bancos detectaron además que más de 400 millones de dólares de esos créditos fueron derivados a firmas no cerealeras del grupo –fuera del objeto de los créditos recibidos– y otra parte –unos 70 millones de dólares– terminó en otras sociedades extranjeras cuyo giro comercial se desconoce. Así lo indicaron fuentes cercanas a los bancos, que están trabajando en una nueva presentación judicial ante el fiscal de delitos económicos de Rosario, Miguel Moreno.

Vicentin les respondió en un comunicado a los bancos que el reclamo "no tiene asidero alguno" y los acusó de hacer lobby por la expropiación para cobrar por fuera del concurso. La firma le dijo a los bancos que no le interesan los juicios sino la repercusión mediática. "Es inadmisible que la banca internacional utilice cuestiones no probadas o meras insinuaciones como modo de presión mediática para obstaculizar el proceso concursal demorando cualquier salida. La empresa no cederá frente a amenazas o presiones indebidas de esta naturaleza", añadió.

Ante la consulta de LA NACION, abogados vinculados con la defensa de Vicentin señalaron que se estaban documentando para acceder a las acusaciones y responderlas.

Créditos y balances

Según la presentación judicial, los bancos querellaron a Vicentin por tres conjuntos de hechos. El primero apunta a que hicieron acuerdos con Vicentin para otorgarle líneas de crédito, bajo determinadas condiciones, pero cuando el grupo entró en default les quedó debiendo más de 500 millones de dólares.

Los créditos millonarios fluyeron hacia Vicentin contra la presentación de balances anuales e informes trimestrales de sus estados de activos y pasivos. Con esos documentos, Vicentin debía acreditar su solvencia, liquidez y capacidad de enfrentar los pagos de los créditos. Además de los informes trimestrales, Vicentin presentaba "certificados de compliance", que resumían periódicamente el estado patrimonial que permitía que siguiera recibiendo dinero para prefinanciar exportaciones.

Los bancos quieren que se investigue por qué Vicentin mostró en su último informe trimestral de julio de 2019 una aparentemente sólida situación patrimonial, con una deuda de 10 millones de dólares, pero luego pagó 1800 millones de dólares y en febrero de 2020 se endeudó en más de 400 millones de dólares. En otras palabras, por qué colapsó en pocos meses.

Los bancos tienen "fortísimas sospechas" de que los balances anuales, los informes trimestrales y los certificados de "compliance" exhibidos desde hace años por Vicentin no reflejaban la realidad de la empresa, según dijeron fuentes bancarias que sospechan que el asunto se remonta a tres años atrás.

Los bancos no se explican las razones de este desequilibrio. Vicentin dijo que ocurrió por la devaluación posterior a las PASO de agosto de 2019, pero en realidad a los bancos les informó que esa medida les convenía en cuanto a la rentabilidad de la empresa.

Por ejemplo, el IFC, que es una institución multilateral perteneciente al Grupo del Banco Mundial y su brazo financiero para el sector privado en los países de desarrollo, le prestó 294 millones de dólares. El FMO, que es un conservador banco holandés que invierte en mercados emergentes, le prestó 150 millones de dólares. Natixis, un banco corporativo de inversión con 6000 empleados, le prestó 10 millones de dólares. Y el Rabobank un banco cooperativo y de inversión holandés, con unos 43.000 empleados, le prestó 20 millones de dólares.

En este último caso, con una particularidad: merced a un acuerdo que tenían desde 2015, el 4 de diciembre de 2019 (o sea, dos días antes de anunciar su "estrés financiero" que derivó en el concurso preventivo) Vicentin le pidió a Rabobank un anticipo de 3 millones de dólares, que le dijo que iba a pagar el 3 de diciembre de 2020. La empresa entró en concurso dos días después y el banco nunca cobró.

ING es un banco global también de origen holandés, con 53.000 empleados y unos 38,4 millones de clientes. Le prestó a Vicentin 78 millones de dólares, de los cuales se adeudan 52 millones, más intereses. En octubre pasado, Vicentin le pidió 10 millones de dólares más por el lapso de un mes y medio, los que fueron liberados por ING, pero solo pudo recuperar una parte.

Desbaratamiento de derechos acordados

El segundo episodio que los bancos denunciaron como sospechoso ocurrió cerca del default de Vicentin. Creen que la empresa pudo haber incurrido en el delito de "desbaratamiento de derechos acordados y estafa" contra el banco ING en beneficio del fondo de inversión BAF Capital SA.

En su querella, los bancos señalan que BAF Capital SA es un fondo de inversión que compró el 99 por ciento de las acciones del Frigorífico Friar, siglas del Frigorífico Regional Industrias Agroalimentarias Reconquista, y se interesó en la firma ARSA, Alimentos Refrigerados SA, ambos del Grupo Vicentin. Los bancos creen que mediante esta venta se pudo haber perjudicado al conjunto de acreedores del grupo, mediante acuerdos que otorguen ventajas especiales en favor de ciertos acreedores.

Cartas de pago derivadas a terceros

El tercer y último hecho está relacionado con los contratos de prefinanciación de exportaciones. Los bancos le prestaron el dinero a Vicentin, que compró lo necesario para la exportación con el adelanto de fondos que hicieron las entidades financieras. Al hacer la exportación, el dinero queda garantizado por una carta de pago. Pero Vicentin derivó ese derecho de cobro a un tercero.

El banco ING adelantó 10 millones de dólares a Vicentin para efectuar una compra a Cargill. Cuando Vicentin se declaró el default, ING envió a Cargill las instrucciones de pago y le dijo que le pagara lo que debía abonarle a Vicentin bajo los contratos de exportación. Sin embargo, Cargill le informó al banco que Vicentin le había notificado que el flujo de fondos fuera transferido a AF Latam Trade Finance Fund BV.

En otras palabras: los bancos denuncian que Vicentin otorgó un derecho de cobro a ING de manos de los compradores finales de la mercadería, plasmado en las "cartas de pago irrevocables", por si no podía pagar sus deudas. Algo que efectivamente ocurrió. Pero luego de otorgado ese derecho en favor de ING, Vicentin hizo un nuevo acuerdo con BAF Latam Trade Finance Fund BV., desconocido por el banco, otorgándole derechos superpuestos a BAF sobre los montos que Cargill debía pagarle a ING.

Como BAF avisó previamente a Cargill de ese convenio, el derecho asignado a ING fue imposible de ejercer y se quedó sin cobrar, señalan los bancos. Sospechan que BAF puede ser una "pantalla" para que Vicentin haya podido restar activos del concurso, en perjuicio de los acreedores.

Los bancos insisten en que no quieren usar la Justicia penal para cobrar una deuda, sino que en caso de que el dinero sea recuperado, deberían integrar los activos de la empresa de los cuales se cobran todos los acreedores en el concurso: una lista que integran los propios bancos extranjeros, el Banco Nación y decenas de productores agropecuarios.

Esta investigación de los bancos empezó en febrero pasado, cuando se presentaron en la Justicia de Nueva York mediante un Discovery, que es un recurso mediante el cual pidieron a un juez que les permita rastrear en el sistema financiero evidencias de actividades de Vicentin con bancos intermediarios, durante los últimos 3 años, para usar como prueba en un juicio en el extranjero.

Esa información permitió que los bancos supieran que parte del dinero terminó en empresas del grupo que no se dedicaban a la prefinanciación de exportaciones, fuera de lo convenido, mientras que otra parte –unos 70 millones de dólares– se derivaron a empresas de Uruguay, que los bancos desconocen.

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