Vialidad: las pruebas claves y los desafíos que enfrentará el fiscal para acusar a Cristina Kirchner
Luciani desgranará evidencias de corrupción –asociación ilícita y fraude– a lo largo de tres semanas; la vicepresidenta está obligada a escucharlo, aunque sea por Zoom
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LA NACIONHernán Cappiello
Apenas termine la feria judicial de invierno, el 1° de agosto, Cristina Kirchner estará frente a frente con el fiscal Diego Luciani, a cargo de la acusación en el juicio oral contra la vicepresidenta, señalada como jefa de una asociación ilícita que habría direccionado las obras públicas de Santa Cruz en beneficio de Lázaro Báez. La causa iniciará así su tramo final antes de llegar a un veredicto, previsto para fin de año.
Esta última etapa del proceso, a la que se llegó porque hace un mes la Corte rechazó todos los recursos de Cristina Kirchner para intentar frenar el juicio, generó un nuevo foco de tensión, que desbordó la semana pasada con un video publicado por la vicepresidenta, en el que atacó al máximo tribunal y buscó deslegitimar a la Justicia, como una manera de anticiparse a una eventual condena.
La vicepresidenta estará presente el 1° de agosto. Los acusados en el juicio tienen la obligación, aunque sea por Zoom, de escuchar las acusaciones de la fiscalía. El fiscal Luciani tiene destinadas nueve audiencias de juicio para enumerar las pruebas contra Cristina Kirchner y el resto de los 13 acusados, incluidos Julio de Vido, José López, Santiago Kirchner y Báez, entre otros.
El Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrígo Gimenez Uriburu y Andres Basso, previó que se realicen tres audiencias por semana, por lo que la agenda judicial del mes de agosto rebosará de cargos de corrupción contra el kirchnerismo, lo que hizo crecer el nerviosismo.
Cristina Kirchner llega acusada de dos delitos: jefa de una asociación ilícita y fraude en perjuicio del Estado. La escala del Código Penal prevé que en caso de que el fiscal pida condena por ambos, debería estar entre cinco y 16 años de prisión. En caso de ser condenada, Cristina Kirchner no sería detenida porque para que una condena se ejecute –según el nuevo Código Procesal– debe quedar firme, lo que ocurre con el rechazo del último recurso ante la Corte Suprema de Justicia.
El fiscal no anticipó si acusará, pero la manera en que condujo en las audiencias, el modo de interrogar a los testigos y la defensa que hizo de la prueba, hace pensar que lo hará. No será fácil sostener ambos cargos en una sentencia, aunque la acusación se descuenta que será por los dos delitos.
Su éxito se basará en que logre atar la complicidad de la vicepresidenta y de los funcionarios nacionales con Báez y con los funcionarios provinciales.
Las evidencias que fueron expuestas en los tres años que duró el juicio oral, ya sea por la declaración de los testigos, por los documentos exhibidos y por los peritajes, permiten suponer que el caso se basa por un lado en una construcción sobre la base de indicios y, por el otro, en prueba directa a partir de los expedientes de las licitaciones.
En lo que hace al fraude contra el Estado, el caso se basa en las licitaciones y en los peritajes, donde los funcionarios que intervinieron directamente pueden ser alcanzados por las evidencias. Hay debate entre los peritos si hubo sobreprecios o mayores costos, pero domina la idea de que en esas licitaciones hubo favoritismo hacia Báez, se pagaron obras sin terminar y se toleraron incumplimientos indebidamente.
Hubo declaraciones tajantes, aparecieron documentos que revelan que Báez tenía preferencias para cobrar, especialistas declararon sobre obras inconclusas que de todos modos fueron cobradas y que incluso recibieron adelantos inusuales; y que las empresas de Báez se presentaban por separado a las licitaciones, simulando una competencia que no era tal.
La dificultad en todo caso está en construir la prueba, sobre una suma de indicios, para establecer si Cristina Kirchner y los funcionarios acusados de integrar la asociación ilícita tuvieron responsabilidad en permitir que Báez se enriqueciera.
Acá es clave lo que señalaron los empresarios arrepentidos del caso de los cuadernos de las coimas, que mencionaron que debían hacer aportes para cobrar los contratos de obra pública. Señalaron a funcionarios del área De Vido y de López, pero no a ellos, y al financista Ernesto Clarens, que no está entre los acusados de este juicio.
La lógica que guio la acusación de los fiscales que investigaron el caso en sus inicios se basó en cuatro pilares:
- El desembarco de Lázaro Báez, amigo y socio de Néstor Kirchner, en el negocio de la construcción vial. El 8 de mayo de 2003, cuando se rumoreaba que Carlos Menem se bajaría del ballottage que lo enfrentaría a Kirchner, Báez creó Austral Construcciones. Báez pasó de declarar ante al AFIP un patrimonio de un millón de pesos en 2002 a 600 millones de pesos en 2012.
- La exportación de la estructura de funcionarios de Santa Cruz al gobierno nacional. Aquí entran en juego los nombramientos por parte de Néstor Kirchner –y luego Cristina Kirchner– de los funcionarios que los acompañaban desde las intendencias y la gobernación.
- La mayor concentración económica de obra pública vial se dio en Santa Cruz.
- El direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos y permanentes para que Báez cobre primero y mejor que el resto de los contratistas, en perjuicio del Estado.
La idea de la asociación ilícita se sostiene, en parte, en la existencia de otras causas por corrupción con condena. Aquí juega un papel clave la causa de “la ruta del dinero K”, donde Báez ya fue condenado a 12 años de cárcel por lavar al menos 60 millones de dólares, dinero de la corrupción de la obra pública y de la evasión fiscal. ¿De qué obra pública? De la que se juzga en este juicio.
El delito precedente del lavado de dinero de esa causa de “la ruta del dinero K” es lo que se juzga en este juicio. En esa causa –donde la sentencia aún no está firme– Cristina Kirchner es solo imputada. La fiscalía insiste en que está ligada a la fortuna de Báez y la Cámara Federal insta a que se la investigue usando la información de todas las causas contra la vicepresidenta “de manera conglobada”. El juicio (que no se hizo) por Hotesur y Los Sauces, es la última parte de la maniobra descripta por la acusación.
Es la acusación que ensayó la Cámara Federal desde hace unos años y que escribieron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques al elevar el caso a juicio: que en el seno del Estado funcionó de manera estable y permanente durante 12 años una organización criminal comandada por Néstor y Cristina Kirchner y otros de sus exfuncionarios como De Vido o José López, para sustraer fondos públicos.
Se los señala por convertir a Báez en empresario de la construcción, enriquecerlo mediante el otorgamiento de obras viales y que parte de ese dinero retornara al matrimonio presidencial mediante el lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades, que se investigan en los casos Hotesur y Los Sauces.
La acusación sostiene que se redistribuyeron las partidas presupuestarias nacionales para asignarlas a las obras públicas de Santa Cruz. Requerían de la probación presidencial, dijo el fiscal, pero los testigos lo negaron. Los jefes de gabinete son los que reasignan partidas y por eso declaró en el juicio Alberto Fernández y sus sucesores en el cargo. El Presidente defendió a Cristina Kirchner. Dijo que los hechos eran “no justiciables”, que la construcción del presupuesto era un proceso complejo donde intervenía además el Congreso.
Probar la asociación ilícita es el desafío del fiscal Luciani, para eventualmente conseguir una condena. Aunque lo más probable es que sostenga esta imputación en su acusación contra la vicepresidenta y sus exfuncionarios. Para el segundo grupo de acusados, integrado por los funcionarios provinciales y de vialidad nacional y provincial, en cambio, la evidencia se basa en los documentos y expedientes que fueron expuestos en el juicio.
Después de todo, hasta la Unidad de Información Financiera, controlada por el Gobierno, pidió absolver a Cristina Kirchner, y sus exfuncionarios, pero pidió leves condenas de un año en suspenso, contra estos imputados, a los que acusó de violar sus deberes de funcionarios públicos.
Por Hernán Cappiello
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