Vialidad | La defensa de Cristina Kirchner reclamó su absolución y pidió citar como testigo a un funcionario clave de Milei
Sin la expresidenta en la sala, su abogado, Alberto Beraldi, solicitó a Casación que antes de decidir si confirma la condena escuche al Procurador del Tesoro del gobierno actual
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El abogado defensor de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, le reclamó hoy a la Cámara Federal de Casación Penal que revoque la condena a 6 años de la expresidenta en el caso Vialidad y le pidió que, antes de resolver, cite a declarar como testigo a un funcionario clave del gobierno de Javier Milei: el “profesor Rodolfo Carlos Barra”.
Barra, exjuez de la Corte y exministro de Justicia durante el menemismo, es un reconocido especialista en derecho administrativo, que volvió a la escena política con un rol clave en diciembre pasado: es el Procurador del Tesoro, jefe de todos los abogados del Estado.
Ayer, Cristina Kirchner anunció en sus redes sociales que le había pedido a Barra su opinión sobre esta causa como “experto legal”. Hoy, Beraldi presentó ese documento (del 2 de septiembre del año pasado) ante la Casación, el tribunal que ahora debe revisar la condena de la expresidenta.
Pero además, después de que terminó su exposición, Beraldi agregó el pedido de que Barra sea citado a declarar. El fiscal Mario Villar se opuso. Argumentó que el hoy procurador no cumple los requisitos para ser testigo y dijo que tampoco hizo un peritaje en la causa, sino un que presentó una opinión a pedido de la defensa. El tribunal, integrado por Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, resolverá ahora si hace lugar al pedido.
La audiencia de esta mañana comenzó a las 10. Beraldi expuso sus argumentos, durante casi dos horas, frente a los jueces en la sala del subsuelo de los tribunales de Comodoro Py 2002.
El abogado alegó que “no existe un solo elemento de prueba incorporado al juicio que permita sostener la imputación” de la expresidenta y dijo que ella “debe ser la persona más denunciada del país”, con “no menos de 80 denuncias hasta 2016″; entre ellas, la de esta causa, que Beraldi definió como un “disparate”. En cuanto a la condena dictada contra Cristina Kirchner, el defensor alegó que “el propio tribunal dijo que no tienen pruebas directas sino que fundan su sentencia en indicios” y se quejó de que le hubieran rechazado “el 80% de la prueba” que pidió para el juicio.
En cuanto al dictamen solicitado a Barra, Beraldi dijo que lo introducía en el caso porque los jueces que condenaron a Cristina Kirchner hicieron mención a violaciones a normas del derecho administrativo, “terreno fértil” -recordó el abogado que dijo el tribunal- para las maniobras que se cometieron. Beraldi destacó que Barra fue juez, ministro y convencional constituyente, y lo definió como “un experto, pero no un experto cualquiera, alguien que además de sus pergaminos académicos participó en la cosa pública”.
“Sabe bastante más que todos nosotros, por lo menos de esta cuestión”, dijo Beraldi, en alusión a las reglas del derecho administrativo, y afirmó que Barra “leyó todo el expediente”.
Ayer, cuando dio a conocer el dictamen que le había escrito al actual Procurador del Tesoro, Cristina Kirchner dijo que él había dicho que “el Presidente no tiene responsabilidad administrativa ni penal en el caso” y que “es ajeno a la administración y función, a cargo del Jefe de Gabinete”. Uno de los jefes de Gabinete de Cristina Kirchner fue Alberto Fernández, que tiene sus propios problemas en los tribunales de Comodoro Py: acaba de ser imputado en la causa por una presunta defraudación al Estado con los seguros de organismos públicos durante su gobierno.
“El Presidente está en una distancia normativa enorme de los hechos que se investigaron en este expediente”, dijo Beraldi y se respondió a una lectura que se impone ante su planteo: “Dicen: ‘Ahora le están echando la culpa al jefe de Gabinete’, pero es no es verdad”. Beraldi sostuvo que el jefe de Gabinete decidió tomando lo dispuesto por la ley de presupuesto, “que pasó por el control del Congreso, que también confirmó que no había ningun delito”. El abogado alegó que así lo sostiene Barra en su dictamen.
Quiero compartir con ustedes el Dictamen Experto Legal que solicité el año pasado al Dr. Rodolfo Carlos Barra sobre las responsabilidades de la Presidencia de la Nación en materia de control o supervisión en los procesos licitatorios de obras públicas de la Dirección Nacional de… pic.twitter.com/946jayJ1kA
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 6, 2024
La de hoy es una de las cuatro audiencias programadas previas a la decisión de la Casación. Durarán hasta abril y hablarán las defensas de los condenados y de los absueltos, a quienes el fiscal de Casación Mario Villar ya pidió condenar.
Hoy, Beraldi se refirió varias veces al “doctor Villar”, sentado a su izquierda, al otro lado del pasillo. Le habló de lo que Villar enseña en la facultad de Derecho, cuestiones técnicas que según la defensa, le dan la razón a Cristina Kirchner.
En esta causa, Villar inauguró las audiencias ante Casación el 26 de febrero pasado, cuando pidió agravar la condena de la expresidenta por corrupción a 12 años de cárcel, el mismo monto de pena que había solicitado durante el juicio oral su colega Diego Luciani. La fiscalía pide que se la condene como jefa de una asociación ilícita.
Las audiencias de Casación terminarán el 4 de abril. Desde ese día, los jueces Hornos, Barroetaveña y Borinsky tendrán 20 días hábiles para resolver.
Cristina Kirchner fue condenada por los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, a la pena máxima por administración fraudulenta, que son 6 años de prisión, por maniobras vinculadas con decenas de licitaciones de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz que fueron direccionadas a favor de Lázaro Báez, socio de los Kirchner.
Cristina Kirchner no fue detenida hasta ahora porque su sentencia debe ser revisada -primero, por la Cámara de Casación Penal y luego, por la Corte Suprema de Justicia-. Hoy, la expresidenta no tiene fueros que eviten su arresto, pero tiene más de 70 años, por lo que la Justicia puede permitirle cumplir la pena, si finalmente se confirma, en prisión domiciliaria.
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