Vialidad: Cristina Kirchner citó al Procurador del Tesoro de Milei para defenderse ante el pedido de condena

La exvicepresidenta Cristina Kirchner compartió este miércoles por la tarde un dictamen de la autoría del Procurador del Tesoro Nacional designado por Javier Milei, el Rodolfo Barra, para defenderse ante el pedido de condena en la causa Vialidad. El resumen que compartió la exjefa de Estado en X evidencia para Barra la falta de “responsabilidad penal objetiva” de un presidente “por el decreto ni por posibles delitos relacionados con contratos u obras”. El abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, pretende presentar este escrito -solicitado por la propia Cristina el año pasado- en la audiencia de apelación que tendrá lugar mañana ante la Casación.

“Quiero compartir con ustedes el Dictamen Experto Legal que solicité el año pasado al Dr. Rodolfo Carlos Barra sobre las responsabilidades de la Presidencia de la Nación en materia de control o supervisión en los procesos licitatorios de obras públicas de la Dirección Nacional de Vialidad, así como también sobre la legalidad del decreto 54/2009; por ser los supuestos de la sentencia que me proscribió en 2022″, escribió la extitular del Senado en su cuenta oficial. Y justificó su pedido: “No sólo quería tener la opinión de un teórico del derecho, sino de alguien que tuviera una amplia experiencia en la cosa pública”.

Acto seguido, hizo un breve repaso sobre la trayectoria de Barra: “Él integró la Comisión Redactora de la Reforma Constitucional de 1994, fue Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Presidente de la Auditoría General de la Nación, Ministro de Justicia y Secretario de Obras Públicas, entre otros cargos (junto al dictamen, podrás ver también su Currículum Vitae). Es tal vez el mayor experto en materia de Derecho Administrativo del país”.

También acentuó diferencias con el Procurador del Tesoro Nacional al remarcar que no solo forma parte de la administración Milei si no que “ha participado y participa de espacio políticos de los que siempre ha sido opositora”. Sin embargo, rescató: “Es de público y notorio que nuestras ideas y nuestra militancia política son diametralmente opuestas, pero los textos de la Constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia, en esto sí coincidimos con el Dr. Barra, deberían ser iguales para todos. He aquí uno de los principales problemas del país y tal vez explica mejor que nada la inédita situación que hoy vive nuestra Patria”.

Sobre el final de la publicación, la dos veces presidenta compartió las conclusiones a las que llega Barra:

• El Jefe de Gabinete tiene la competencia constitucional para ejercer la administración general del país y ejecutar el presupuesto nacional.
• La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es autónoma y sujeta a controles del Ministerio de Economía, pero no recibe instrucciones directas del Presidente.
• El Decreto 54/2009, que incluye a la DNV como beneficiaria del Fideicomiso, fue legítimo y sigue vigente.
• No hay responsabilidad penal objetiva del Presidente por el decreto ni por posibles delitos relaciones con contratos u obras.
• El Congreso y la Auditoría General de la Nación aprobaron cuentas relacionadas con la gestión, respaldando la legalidad.
• En conclusión, el Presidente no tiene responsabilidad administrativa ni penal en el caso. Es ajeno a la administración y función a cargo del Jefe de Gabinete.

Revisión de la condena de Cristina Kirchner y el pedido del fiscal de Casación

El pasado 26 de febrero, la Justicia comenzó a revisar la condena a seis años de prisión que pesa sobre la expresidenta Cristina Kirchner por el delito de administración fraudulenta al ser encontrada culpable de redireccionar obras públicas de la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez.

Durante aquella jornada, el fiscal ante la Cámara de Casación Mario Villar reclamó a los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña elevar a 12 años de prisión la pena de Fernández de Kirchner en la causa Vialidad y que se la condene, no solo por fraude al Estado, sino como jefa de una asociación ilícita.

El fiscal de Casación criticó al tribunal por la escala penal que usó para castigar. “¡¿Que le decimos a los funcionarios que asumen el cargo?! Si al arrancar en la función comenten muchos delitos, se los considerará uno solo, que ejemplo estamos dando!”, dijo Villar.

Y argumentó: “Si una persona roba las cuatro ruedas de un auto, una por día, y lo condenan por un solo robo, por eso no es razonable que un delito de corrupción merezca esta pena. Es sentido común, es sentido de justicia. Es muy extraño. Se le saca la asociación ilícita, cuando la escala penal permitía una pena razonable”, expresó, casi con indignación. “Esta pena no refleja la gravedad del hecho, incentiva a los funcionarios a cometer delitos”, aseguró Villar.

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