Vialidad: Cristina Kirchner apeló la condena a seis años de prisión, pidió ser absuelta e invalidó el juicio

Cristina Kirchner apeló el fallo de la causa Vialidad, en la que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras ser encontrada culpable de defraudar al Estado con las obras viales adjudicadas a Lázaro Báez en Santa Cruz. Los abogados de la vicepresidenta, Carlos Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, solicitaron que sea absuelta tras afirmar que no cometió delitos, señalaron que el juicio es inválido y que la titular del Senado fue víctima de una persecución política, mediática y judicial que vulneró todas sus garantías.

El recurso deberá ser analizado por la Cámara Federal de Casación Penal, lo mismo que el planteo que realizó hoy el fiscal federal Diego Luciani, quien solicitó ampliar el fallo del Tribunal Oral Federal N° 2 para que la vicepresidenta sea condenada también por el delito de asociación ilícita.

“En las primeras páginas de la sentencia recurrida quedó de manifiesto que la condena dictada en contra de Cristina Fernández de Kirchner no cuenta con pruebas directas que la avalen, sino antes bien se basó en una serie de circunstancias que los magistrados calificaron como indicios. Sin embargo, como veremos a lo largo de este recurso, el pronunciamiento ni siquiera se fundó en indicios, sino sólo se sostuvo en consideraciones absolutamente arbitrarias desprovistas del más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico”, comienza el planto de los letrados, que a lo largo de las 395 páginas del recurso presentado -al que accedió LA NACION- cuestionan la prueba recolectada y la actuación del tribunal conformado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, e insisten en ubicar al fallo como una maniobra más del “lawfare”, para el cual citan incluso al papa Francisco.

“Basta con repasar los títulos de los diarios o los registros de causas judiciales de los últimos quince años para constatar que Cristina Fernández de Kirchner es, sin lugar a dudas, la persona que más ha sido acosada mediante denuncias en toda la historia argentina”, plantean los abogados, para colocar a la vicepresidenta en el lugar de víctima de una maniobra orquestada por partidos políticos, medios de comunicación y el Poder Judicial.

El tribunal que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos entendió que la maniobra criminal por la cual se otorgaron obras públicas sin control al empresario Lázaro Báez tenía como objetivo asegurar el beneficio económico de Néstor Kirchner y de la vicepresidenta, y que el delito perjudicó al Estado en 84.335 millones de pesos.

Como lo hicieron a lo largo del juicio, los abogados plantean que los hechos por los cuales se condenó a la vicepresidenta ya habían sido analizados y desestimados por la Justicia de Santa Cruz y que los actos que Luciani calificó como “instrumentos delictivos” fueron leyes sancionadas por el Congreso, decretos presidenciales y resoluciones ministeriales.

“En definitiva, la falta de pruebas de cargo en contra de nuestra representada no obedece a los pretextos ensayados por el tribunal, sino es consecuencia directa e inmediata de que, como fue acreditado en el juicio, Cristina Fernández de Kirchner es absolutamente inocente del supuesto delito por el cual injustamente fue condenada”, advirtieron.

Los abogados, que durante el juicio desestimaron los vínculos políticos, comerciales y familiares entre los Kirchner y los Báez, junto a otros funcionarios y empresarios investigados, plantean en su recurso que, en cambio, deben considerarse los vínculos entre el fiscal y el juez que instrucción, Ignacio Mahiques y Julián Ercolini, respectivamente, con funcionarios del gobierno de Cambiemos. Suman a la lista el viaje a Lago Escondido que compartieron magistrados, funcionarios porteños y directivos de Clarín, y el equipo de fútbol, Liverpool, que reunió al fiscal Luciani con el juez Giménez Uriburu.

“Cartón lleno”, agregan los letrados, luego de señalar las visitas de los jueces de la Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, y la supuesta elección de los jueces de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por parte de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri.

Beraldi dijo que “el tribunal sostiene un verdadero disparate” cuando señaló que Cristian Kirchner es responsable del fraude por firmar el decreto que crea un fideicomiso para fondos viales. El abogado dijo que ese dinero era administrado por la Dirección Nacional de Vialidad.

Enfatizó además que la hipótesis de que se habría llevado a cabo una extraordinaria y multimillonaria defraudación en contra del Estado para que luego una porción de los fondos mal habidos pasaran al patrimonio de la familia Kirchner “carece de sensatez”

Beraldi sosuvo que las relaciones comerciales de los Kirchner con Báez se iniciaron antes de la supuesta maniobra de fraude y que, por lo tanto, ambos debieron haber sospechado que luego ganarían las elecciones para participar de los beneficios económicos. Alegó entonces que si esos vínculos comerciales fueron una ficción, entonces Lázaro Báez habría sido beneficiado con ilegítimos contratos de obra pública y, al mismo tiempo, con el uso gratuito de las propiedades de la familia Kirchner, “lo cual supone un absoluto sinsentido”.

Por último, argumento que “el presunto beneficio obtenido por la familia Kirchner a través de estas operaciones comerciales [de lavado] ni siquiera alcanza el 0,1% del monto total de los contratos de obra pública otorgados a las empresas del Grupo Austral”.

“Frente a este dato cabe preguntarse: ¿quién en su sano juicio puede sostener sensatamente que desde la Presidencia de la Nación se montó una gigantesca matriz de corrupción, dirigida a saquear las arcas del Estado, para obtener como retorno el 0,1% del dinero defraudado?”, expuso.

Mencionó que si esta era la intención, Nestor Kirchner la podría haber puesto en marcha primero en Santa Cruz, donde gobernó diez años. Además, dijo que su clienta fue ajena a los expedientes de licitación, y que las ampliaciones de partidas presupuestarias no fueron para beneficiar a Santa Cruz, sino una política general del gobierno de su asistida.

Sustuvo finalmente que el “el verdadero perjuicio al Estado fue causado por el accionar del gobierno de Mauricio Macri, que con una deliberada intencionalidad política abandonó la continuación de las obras investigadas, dejándolas en situación de ruina”.

En el escrito, los abogados de Cristina Kirchner advierten que los jueces que intervinieron hasta ahora actuaron con falta de independencia, falta de imparcialidad y de objetividad. En ese sentido, desgranaron la lista de cuestiones que a su juicio implican una persecución: los sobreseimientos anteriores por los mismos hechos, en Comodoro Py y Santa Cruz; la actuaciones de los jueces Claudio Bonadio y Julián Ercolini; las visitas de jueces a funcionarios de Macri y al propio expresidente, los traslados de jueces a la Cámara Federal, los partidos de fútbol en la quinta de la familia de Macri y otros planteos que ya fueron rechazados.

“Se ha intentado presentar como delictivos actos de Gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democrática-mente por el voto popular”, concluyeron.

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