Vecinos protestaron contra la cesión de 140 hectáreas a una agrupación ligada a Juan Grabois en El Marquesado

MAR DEL PLATA.- Como hace una semana, unos 250 vecinos del barrio El Marquesado y otros aledaños volvieron a manifestarse con un corte parcial de la ruta 11 frente al predio de 140 hectáreas que el Estado nacional le entregó a una ONG para llevar adelante un proyecto de agroecología y hasta un balneario, medida que rechazan y piden que sea revertida por el propio Poder Ejecutivo o por la Justicia, a partir de una causa que tramita en los tribunales de la Capital Federal.

La queja apunta por sobre todo a la mínima discusión previa que tuvo esa cesión en custodia dispuesta por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y muy en particular la discrecionalidad en la selección de la entidad beneficiaria, la Asociación Civil Tercer Tiempo - Escuelas de fútbol y Huertas Comunitarias, de Mar del Plata, que reviste en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera Juan Grabois.

“Basta de usurpaciones”, se leía en varios carteles, en tanto otros reclamaban que se deje de “entregar tierras a los amigos del poder” y varios repetidos que insistían: “Fuera Grabois y su gente”.

El pasado sábado 25, sin aviso previo, la ONG tomó posesión del predio de 1,4 millones de metros cuadrados que estaban al cuidado de Luis Boni, en representación de otra entidad, Fundación Justicia Social, que desde 2010 tenía posesión de estas tierras que son extensión del conjunto del complejo de hoteles turísticos de Chapadmalal.

Desde entonces allí hay presencia de miembros de Tercer Tiempo que, según anticiparon algunos de sus referentes, tienen que ver con tareas de cuidado, mantenimiento y adecuación de los terrenos, sobre los que esperan estudios de análisis de suelo para determinar su potencial de cultivo.

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, presentó una denuncia penal por incumplimiento de funcionario público y falsedad ideológica, causa que recayó en el juez porteño Ariel Lijo. También reclama que se anule el convenio –es por un plazo de 180 días– y esas 140 hectáreas vuelvan a quedar bajo administración plena del Estado nacional.

Los vecinos que se manifestaron este sábado en repudio al desembarco de esta ONG difundieron también un documento en el que fundamentan su rechazo a este proyecto de agroecología, como les fue presentado y tal cual consta en el acta acuerdo firmada por la AABE.

“No hay un campo productivo en todo General Pueyrredón frente al mar”, aclaran sobre la supuesta inviabilidad de un desarrollo de cultivos en esas tierras, separadas de las playas de la zona apenas por la ruta 11 y unos 200 metros de arena y acantilados.

En cambio, reconocen que ese frente está más relacionado con un corredor turístico, por lo que entienden que esta propuesta interferiría con aquel perfil.

“Nos gustaría ver algún proyecto social del MTE funcionando en el país para ver si realmente funcionan como ellos exponen”, plantean y presentaron dudas sobre un plan de cultivos que incluye “un camping y una playa”.

También recordaron que hubo una reunión en las que se les informó a vecinos de la zona sobre este proyecto. “A los tres días de la reunión ingresan al campo 70 personas sin autorización del casero, quien se encontró con estás personas dentro del campo que él cuida hace 11 años”, recordaron.

Además plantea dudas sobre el posible desarrollo de viviendas en esas tierras, contemplado en el convenio, y la escasez de servicios que existen: mínima provisión de luz, ausencia de cloacas y dificultades para el acceso al agua.

El conflicto tuvo un roce intenso en las primeras horas, con riesgo real de agresiones, situación que fue salvada con participación policial. Ahora los cruces siguen pero por otras vías, en particular la judicial.

Desde el gobierno nacional, a su vez, difundieron una denuncia contra uno de los líderes del grupo de vecinos de El Marquesado que se opone a la entrega de estas tierras. Según la presentación, a la que pudo acceder LA NACION, la denuncia apunta contra Marcelo Bolonio -uno de los voceros de los vecinos de El Marquesado-, Diego Naviera y Diana Marino Messutti, por supuesta conformación de una asociación ilícita para hacerse de tierras de la zona a partir de usurpación, amenazas y abuso de armas, entre otros delitos.

Los acusan de quedarse con lotes que pertenecían a la firma denominada Sierra Leona S.A. que “dejó de existir en 2018″, según la presentación que firma Alena Kitaeva y que tramita en tribunales de Mar del Plata. “El grupo que se moviliza lo encabeza una persona denunciada en la Justicia”, afirmó a LA NACION Gabriela Carpineti, directora de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia y cuadro del MTE.

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