Variable de ajuste: el poder de compra de los jubilados cayó un 30% real en el primer semestre de Milei

La mayor carga del ajuste del gasto público, del que se vanagloria el gobierno de Javier Milei, la afrontan los sectores más vulnerables de la población, entre ellos el de los jubilados y pensionados. Así lo confirman los datos oficiales al cierre del primer semestre, que revelan que el poder de compra del haber previsional promedio cayó 30,1% real respecto del año pasado, pérdida que se reduce al 19,1% en los casos de ingresos mínimos reforzados con el cobro del bono que, de manera discrecional, otorga el Gobierno.

La licuación de los haberes jubilatorios ha sido, hasta ahora, una de las principales variables de ajuste que aplicó el Gobierno para reducir el gasto. Según detalla la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en estos seis meses el gasto total cayó un 29% real interanual. Un tercio de esa caída se explica por la licuación de los haberes jubilatorios, ya que mientras la inflación en este período corrió al ritmo del 276,8% interanual, los haberes promedio caminaron por detrás con una suba del 163,3%.

A partir de este mes, esta ecuación, sin embargo, comenzaría a revertirse. En efecto, con la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad que impuso el Poder Ejecutivo por decreto, los haberes jubilatorios se actualizarán de ahora en más con el índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Así, las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibieron este mes un aumento del 4,18%, el índice inflacionario de mayo, más un bono de $70.000 (valor que se mantiene inalterable desde marzo).

Esta fórmula de movilidad, sin embargo, está en debate en el Congreso, donde se discute un aumento de ocho puntos para compensar la inflación de enero pasado. Además, la media sanción que se aprobó en la Cámara de Diputados –ahora en revisión en el Senado– contempla la variable salarial en la fórmula de movilidad jubilatoria a aplicarse como refuerzo en marzo de cada año.

Esta política de licuación de gastos le permitió al Poder Ejecutivo mantener el equilibrio en las cuentas públicas. Según la OPC, con ingresos totales por $37,95 billones y gastos que sumaron $37,61 billones, la administración nacional registró superávit financiero de $0,34 billones en el primer semestre del año y un resultado primario positivo de $4,97 billones.

El interrogante, sin embargo, es si esta tendencia perdurará a lo largo de la segunda parte del año, si se considera que el mes pasado los gastos superaron a los ingresos, arrojando un rojo financiero de $1,82 billones.

Las principales podas

A lo largo del semestre, Milei mantuvo firme el uso de la motosierra y de la licuadora para reducir el gasto. El primer rubro más afectado, como ya se dijo, fueron las jubilaciones y pensiones. Le siguieron las siguientes partidas:

• Gastos de capital. Cayeron un 83,3% en términos reales respecto del año pasado. Se destacan las caídas en las obras viales (-93,3%) y en las transferencias a las empresas públicas (-71,2%).
• Políticas alimentarias. Esta partida (que incluye la Prestación Alimentar) cayó un 17,9% en términos reales. Según advierte la OPC, el valor promedio de las prestaciones arroja una pérdida de poder de compra del orden de 12,6% interanual real en seis meses, a pesar de los aumentos otorgados en lo que va del año. En tanto, casi no se registraron transferencias a comedores comunitarios y merenderos.
• Otros programas sociales. El plan Potenciar Trabajo y sus continuadores (Volver al Trabajo y Acompañamiento Social) cayeron un 56,6% interanual real, explicado principalmente por la pérdida de poder de compra de las prestaciones. El presupuesto para las Becas Progresar cayó un 60,2% y el programa Acompañar, el 81,6%. En sentido contrario, se incrementaron las partidas para el seguro de desempleo (93,9%); el Programa 1000 días (42%) y las destinadas a los vouchers educativos ($0,03 billones).
• Universidades. Las partidas destinadas a las casas de estudio cayeron un 30,8% interanual en el primer semestre. Los fondos para el pago de salarios de personal docente y autoridades superiores sumaron $0,75 billones (-30,6%) y los de salarios de personal no docente, $0,44 billones (-27,0%). La Asistencia Financiera para el Funcionamiento Universitarios insumió $ 80.000 millones (-36,4%) y la Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios, $ 30.000 millones (-23,5%).
• Transferencias no automáticas a las provincias. La caída en este rubro fue impulsada principalmente por la suspensión del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), una partida que está destinada a compensar los salarios docentes en todo el país y si bien estaba presupuestada, el Gobierno decidió no ejecutarla por considerar que se trata de un gasto que corresponde a las provincias. También hubo caídas de 19,5% en las transferencias a comedores escolares; en el programa de universalización de la jornada completa o extendida en la educación primaria (-10,7%) y en los giros a las provincias por Aportes del Tesoro Nacional (ATN) (-38,9%). No se ejecutaron transferencias a las cajas previsionales provinciales ni al Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
• Gastos en personal. Las partidas destinadas a los salarios de los empleados del Estado cayeron un 16,4% interanual en términos reales en este primer semestre, principalmente porque los acuerdos salariales se pactaron por debajo de la inflación. Quienes se desempeñan en el Poder Ejecutivo tuvieron una caída del 16,3%. En el Poder Judicial la pérdida fue del 16,6%, mientras para quienes trabajan en el Poder Legislativo la caída fue mayor, del 19,1%.

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