Vacunatorio VIP: procesaron al exministro Ginés González García
Lo dispuso la jueza María Eugenia Capuchetti por los delitos de peculado y abuso de autoridad; lo embargó por 130 millones de pesos
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La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó sin prisión preventiva al exministro de Salud Ginés González García por haber permitido que funcionarios y amigos del gobierno anterior recibieran vacunas contra el Covid antes que otras personas que estaba en la lista de espera. Por eso lo procesó por los delitos de abuso de autoridad y peculado.
Capuchetti entendió que hay elementos suficientes para sospechar que el exfuncionario de Alberto Fernández es responsable de que un grupo de personas, entre los que se encontraban el periodista Horacio Verbitsky y el exministro Jorge Taiana -en ese entonces senador-, recibiera “indebidamente” en el ministerio de Salud dosis de la vacuna contra el Covid-19 que fueron asignadas al Hospital Posadas.
“Ninguno de ellos, a esa fecha, cumplía con los criterios para vacunarse de acuerdo a lo establecido por los lineamientos técnicos”, se lee en el fallo de Capuchetti, al que accedió este medio. “Dicha orden fue ejecutada por Marcelo Ariel Guille [secretario de exministro], a sabiendas de su ilegalidad, tal y como fuera dispuesta por González García”, afirmó la magistrada.
Además, la maniobra implicó la participación del entonces director del Hospital Posadas, Alberto Alejandro Maceira, quien también fue procesado junto con Guille, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Salvador Costa y la jefa de medicina del hospital, María Elena Borda.
Para la jueza, González García utilizó su “posición y cargo” para coordinar a través de su secretario Guille -un “pilar fundamental” en la operatoria,- y Maceria, la “extracción” de las 10 dosis de la vacuna Sputnik V que les fueron aplicadas a Taiana, a Verbitsky y al por entonces diputado Eduardo Valdés, además de otras a otras siete personas (Seza Manukian, Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Dolores Noya Aldrey, Felix Eulogio Guille, Florencio Aldrey, Salomón Schachter).
“Esto se hizo con el objetivo de vacunar a individuos que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológica ni con el plan de vacunación establecido por la Resolución MSAL 2883/2020, ya que no formaban parte de las categorías de “personal de salud y/o estratégico”, sostuvo la jueza en el fallo.
La fiscalía pidió procesar al exministro de Salud hace poco más de un mes. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, y el fiscal Eduardo Taiana le pidieron a la jueza que procese al exministro de Salud por peculado, un delito que tiene una pena mínima de dos años y una máxima de 10.
Además, entre los que fueron vacunados cuando no les correspondía estuvieron el expresidente Eduardo Duhalde y su familia. El segundo hecho en la acusación de los fiscales “comprende la orden de retirar 5 (cinco) vacunas contra el COVID-19 asignadas al Ministerio de Salud de la Nación y su traslado al domicilio particular de Eduardo Alberto Duhalde con fecha 1 de febrero de 2021 para su inoculación, la de su familia y la de Carlos Alberto Mao, quienes no se encontraban habilitados para recibir su dosis”.
La causa se inició en febrero de 2021 con los polémicos dichos radiales de Verbitsky, quien confesó al aire que gracias a su “amistad” con el funcionario había recibido su primera dosis. “Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García -a quien conozco de mucho antes que fuera ministro– y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. (…) cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”, dijo el periodista.
El relato de Verbitsky motivó un vendaval de denuncias. Muchas de ellas fueron unificadas en el expediente de Capuchetti, quien, en primer término, archivó la causa “por inexistencia de delito”. Pero Rodríguez, el fiscal de la PIA, intervino y la Cámara Federal reabrió la causa en agosto de 2021. En mayo de 2023, la fiscalía pidió las indagatorias de los implicados.
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