Vacunatorio vip: la Justicia define la responsabilidad de exfuncionarios y beneficiados
Analiza la situación que le cabe al exministro de Salud Ginés González García y sus colaboradores, además de quienes fueron inmunizados de manera irregular y antes que el resto de la sociedad
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LA NACION
A cuatro meses del escándalo del vacunatorio vip, la Justicia se apresta a avanzar con una resolución que permita clavar un mojón en el caso, revisando todo lo que se hizo hasta ahora y sentando las bases del porvenir de esta investigación que tiene en la mira al exministro de Salud Ginés González García y a sus colaboradores más cercanos.
La causa está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y del fiscal Eduardo Taiano, que precisaron que el objeto procesal, es decir los límites de su investigación, están determinados por las vacunas que se aplicaron en un vacunatorio paralelo que funcionó en el Ministerio de Salud u otras dosis aplicadas en el Hospital Posadas a personas que obtenían un turno por su cercanía con el poder. También se investiga una carga de vacunas del Hospital Posadas que fue enviada a El Calafate.
En el expediente declaró el director del Hospital Posadas, Alberto Maceira, que dijo que desde la oficina de Ginés González García le pedían inocular a determinados personajes. Además, confirmó que la vacunación se realizó en el antedespacho del exministro. Maceira aseguró que quien lo llamó para la tarea fue el secretario privado de Ginés, Marcelo Ariel Guille, y el subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos de Salud, Alejandro Collia.
Por otra parte, el titular del Posadas mencionó entre los vacunados al periodista que reveló el hecho, Horacio Verbitsky, al senador Jorge Taiana y al diputado Eduardo Valdés.
Ante la Justicia, Maceira se mostró dolido porque debían vacunar a esas personas y los propios médicos del Posadas que combatían la pandemia aún no habían sido vacunados. Las médicas Lucrecia Raffo y Graciela Torales estuvieron al borde del llanto y no ocultaron su indignación cuando declararon en los tribunales. Las órdenes venían desde arriba, explicaron.
El Gobierno hizo pública entonces una lista de 70 personas vacunas en el Posadas y en el ministerio de Salud. La Justicia se centró en esa lista para determinar si los que recibieron la vacuna eran personal de salud o si su inmunización estaba justificada en el plan de vacunación.
Al mismo tiempo, la Justicia recibió un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sobre el vuelo de Aerolíneas Argentinas que llevó las vacunas del Posadas a El Calafate.
Con estos elementos, la jueza Capuchetti y el fiscal Taiano determinarán si les cupo responsabilidad penal a los exfuncionarios y cuál es la situación de los vacunados vip, que se prestaron a recibir la dosis sin que les hubiera correspondido. La disyuntiva es determinar si las acciones de los funcionarios que dispusieron la vacunación vip y de los vacunados es delictiva o solamente poco ética. Y si el hecho de que algunos de los inoculados aparezcan registrados como “personal de salud” es una falsedad ideológica que deba ser investigada en esta causa o en otro expediente.
El asunto se reavivó esta semana cuando el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, dijo que no solo no se arrepentía de haberse vacunado, sino que le correspondía. “Sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme”, dijo en una entrevista con C5N, pasando por alto que en el listado donde se inscribió su vacunación el jefe de los abogados del Estado no fue registrado por su cargo, sino como “personal de salud”. Lo mismo que su mujer, Patricia Alsúa, que tampoco reviste esa función sanitaria.
Zannini no se detuvo ahí: contó que le dijo a Verbitsky que él tampoco debía sentirse culpable por haber recibido la vacuna. “No tenés que actuar con culpa porque necesitás ser protegido por la sociedad”. Envalentonado, el procurador apuntó a la oposición. “Me arrepiento de no haberme sacado la foto”, dijo, para insistir: “Si me arrepiento de algo es de haberles dado la oportunidad de que nos critiquen”.
Además de Verbitsky, Taiana, Valdés y el matrimonio Zannini, en la lista de 70 personas suministrada por el Gobierno aparecen también el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa, Hilda González, sus hijas y su secretario, Carlos Mao. Fueron inmunizados otros dirigentes peronistas como Lorenzo Pepe, Hugo Curto (con su esposa) y Jorge “el Topo” Devoto; empresarios como Seza Manukian y Florencio Aldrey Iglesias, junto a sus familiares Dolores, Matilde y Lourdes Noya; así como jóvenes funcionarios que no integraban los grupos de riesgo. Ninguno de los mencionados difundió su foto al recibir el pinchazo.
El Gobierno difundió la lista como una segunda reacción, tras el impulso inicial por dar a conocer la renuncia de González García, y en un intento por encapsular el escándalo y reducir su alcance. Sin embargo, en las semanas que siguieron, día a día se fueron conociendo nuevos casos de personas vinculadas al poder político nacional, de las provincias y los municipios que se vacunaron por fuera de los canales oficiales, sin justificación y antes que el resto de la sociedad.
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