Vacunación vip: escala el malestar en el sector de la salud tras el escándalo

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- “Sentimos profundísima indignación, porque mientras hay cientos de trabajadores de la salud que todavía no pueden acceder a una vacuna, vemos que hay funcionarios y sus familiares que están recibiendo las dosis de manera irregular”. Con esa frase, el médico Julián Nassif, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas), describió a LA NACION cómo recibieron en el sector las denuncias de un sistema de “vacunaciones vip” contra el coronavirus en Tucumán, del que se habrían beneficiado funcionarios locales, sus colaboradores y allegados.

El escándalo se disparó al cobrar estado público el caso de José Gandur (h), un abogado de 39 años que se desempeña como secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social y que recibió la vacuna contra el Covid-19 en un sanatorio privado de la capital tucumana. Ayer se conoció que otros dos hermanos del funcionario, Javier Gustavo Gandur, de 38 años, empleado del Ministerio de Economía de Tucumán, e Ileana Emilse Gandur, de 36, quien vive y trabaja en Buenos Aires, también fueron vacunados en la misma clínica. Desde el propio Ministerio de Salud de Tucumán habían asegurado que no se estaba inmunizando contra el coronavirus en los sanatorios privados, debido a que el sistema de vacunación se centralizó en el sector público.

Esta situación derivó en la presentación de una denuncia en la justicia federal, impulsada por el legislador provincial José Ricardo Ascárate, de Juntos por el Cambio, quien reclamó que se ordene al gobierno de Juan Manzur que entregue el registro y listado de las personas que recibieron las dosis desde que se inició la campaña nacional de inmunización.

Anteayer, la ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, fue denunciada penalmente por otro parlamentario de la oposición, José María Canelada, quien la acusó por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La denuncia también alcanza a José Antonio Gandur, padre de los hermanos que habrían sido inoculados irregularmente, y a Luis Medina Ruiz. Ellos son secretarios del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) y responsables del programa de vacunación en el ámbito local.

Reclaman las listas de vacunados

El fin de semana pasado se filtró un listado con el nombre de personas que cumplen tareas administrativas en la cartera sanitaria y que también recibieron la vacuna, incluidos choferes, periodistas, un mozo y una empleada de limpieza del área. Chahla aseguró que se trata de trabajadores que cumplen tareas esenciales en el Ministerio a su cargo. Sin embargo, la respuesta de la funcionaria no alcanza para calmar los ánimos de los trabajadores de la salud agrupados en Sitas, que esta semana retomaron un plan de lucha para exigir mejoras salariales y laborales, en medio del escándalo por las “vacunas vip”.

“Quedó en evidencia que se rompió el protocolo que establece una mecánica y una metodología para la administración de las vacunas, lo que causa indignación”, expuso Nassif.

El vocero de los trabajadores de la salud en Tucumán recordó que el mecanismo dispuesto por el gobierno nacional establece que en primera instancia deben ser vacunados quienes integran el sistema de salud y las personas mayores de 70 años, para luego continuar con las personas de entre 59 y 69 años, el personal de las fuerzas de seguridad, quienes integran los grupos de riesgo y luego quienes integran otros estamentos. “Acá no se cumplieron esas reglas. Por esta razón, le estamos pidiendo a la ministra de Salud de Tucumán que haga público el listado de las personas vacunadas hasta el momento en la provincia y que aclare si es que existe esta situación que se está denunciando por los medios”, planteó.

Vacunas adeudadas

Nassif dijo que “ya pasaron más de dos meses desde que se comenzaron a administrar las dosis de la vacuna en Tucumán y todavía hay trabajadores de la salud que siguen peregrinando y solicitando hasta el hartazgo que les suministren las vacunas pero todavía no recibieron respuestas”.

“Ahora nos damos con esta noticia despreciable de que han sido receptoras de la vacuna personas en función a ciertos privilegios -afirmó-, como es el hecho de tener relaciones parentales o de ocupar lugares donde se realizan actividades laborales que nada tienen que ver con la atención de pacientes en la primera línea de la sanidad.”

Nassif reclamó “que se hagan las actuaciones correspondientes por parte la Justicia y se establezcan los castigos necesarios en caso de que se hayan cometido delitos”.

El secretario adjunto de Sitas aseguró que “cada vacuna que es desviada de lo que está protocolizado, significa que hay un trabajador menos de la salud que no ha recibido la dosis que le corresponde y que sigue trabajando con una alta exposición y riesgo de adquirir una enfermedad que puede tener un fatal desenlace”. En este sentido, Nassif recordó que “desde que se desató la pandemia, en Tucumán hay más de 4.600 trabajadores de la salud que se han enfermado de coronavirus, tanto en la parte pública como el sector privado, con casi un centenar de fallecidos y muchos profesionales, enfermeros y trabajadores administrativos que quedaron con secuelas graves”.

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