Vaca Muerta: el tenso trasfondo político y sindical que jaquea a la producción petrolera
Hay más de 30 cortes de rutas sostenidos por “autoconvocados” ante el silencio del Gobierno provincial y de la Casa Rosada
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LA NACIONSofía Diamante
AÑELO, Neuquén.- La conflictividad social a la que llegó esta provincia no deja de sorprender. No porque la raíz del problema haya sido inesperada; todo lo contrario, ya se advertía que, si no se administraban correctamente las millonarias regalías que dejan las productoras de gas y petróleo por mes, los ciudadanos que se vieran afectados por el aumento del costo de vida, sin notar una mejora en la calidad de sus ingresos, en la infraestructura o en los servicios ofrecidos (educación, salud, electricidad, gas, agua, pavimentación), iban a hacerse oír.
Pero nadie creyó que el conflicto pudiese generar una parálisis casi total en la industria hidrocarburífera durante más de 16 días, a raíz de los más de 30 cortes de rutas que impiden el paso de los trabajadores y contratistas petroleros. Esto generó ya un costo extra para las cuentas nacionales de más de US$200 millones, producto de que se deberá importar más gas y quemar más combustibles líquidos (gasoil y fueloil) para reemplazar la producción local, que es más barata. Cada día de paro cuesta US$13 millones más.
“Esto podría ser Dubai, y sin embargo no hay gas, escasea la electricidad”, se lamentaba anteanoche una mesera de los pocos restaurantes que tiene Añelo, el pueblo que creció al ritmo de Vaca Muerta y pasó de 2000 habitantes a más de 6000 en apenas siete años. En los últimos cinco años, se construyeron también ocho hoteles y hay seis más en proceso, necesarios para alojar a los entre 15.000 y 20.000 trabajadores que se alojan en el pueblo de lunes a viernes.
Sin embargo, por estos días las habitaciones están desocupadas. En el hotel Sol de Añelo, apenas dos cuartos están ocupados de los 71 que están siempre repletos. “A raíz del paro, por acá no quedó nadie, todos se volvieron a sus casas”, dice la recepcionista del lugar.
Lo mismo había dicho la mesera del restaurante: “Las mesas solían estar ocupadas todos los mediodías y noches, afuera y adentro. Ahora quedó vacío esto. El paro ya duró demasiado y nosotros necesitamos que vuelvan los clientes. Los trabajadores de la salud no me van a pagar mi alquiler, ya no se resiste así”.
Las protestas del sector de salud público comenzaron hace más de 50 días, pero hace 17 decidieron intensificar el reclamo y cortar las rutas de manera ininterrumpida las 24 horas. La primera semana no dejaron pasar ningún vehículo, lo que generó largas filas de más de 1000 camiones estacionados sobre las rutas. Recién esta semana se decidió flexibilizar la situación y abrir el camino a todos aquellos que no trabajaran para la industria petrolera.
El desabastecimiento de alimentos se comenzó a normalizar, pero no así el de combustibles, ya que mantuvieron bloqueada la refinería de YPF en Plaza Huincul, vecina de Cultral Có, a 120 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Es una de las tres refinerías que tiene la petrolera de control estatal, junto con La Plata y Luján de Cuyo, en Mendoza.
Poco a poco, las protestas fueron perdiendo el apoyo inicial de los vecinos, pese a que se trata de un reclamo que tiene empatía social. En 2020, un año de pandemia, los trabajadores de la salud pública no tuvieron ningún aumento salarial, salvo uno de alrededor de 3% en el primer trimestre. El acuerdo inicial era que se ajustaría cada tres meses en base al índice de precios (IPC). Pero el derrumbe de la actividad hidrocarburífera, junto a la caída de la economía, hizo que los ingresos de la provincia cayeran 20% en relación a lo presupuestado, al tiempo que se congelaron los salarios.
En marzo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que nuclea a muchos gremios sectoriales entre los cuales se encuentra la salud, negoció con el Gobierno provincial un aumento del 12% más cuatro sumas fijas de $3500. Esto fue rechazado por los trabajadores de la salud, que reclamaron un incremento de al menos 40% al básico. Aquí comienza el primer gran problema: se llaman “autoconvocados”, porque no tienen personería jurídica que los represente; su delegado gremial es ATE, que ya había firmado el acuerdo paritario con el Gobierno de Omar Gutiérrez (MPN).
Lo que desató la bronca mayor de los trabajadores fue que, al mismo tiempo, los legisladores provinciales anunciaron un incremento del 30% de sus salarios, lo que implica un alza de $50.000 en mano aproximadamente. “Fue un error no forzado”, dicen en el Gobierno provincial. Lo curioso: para autorizar incrementos no existe grieta, ya que a ninguno de los partidos políticos le pareció incorrecto permitirse un incremento mucho mayor al que le estaban ofreciendo a los trabajadores estatales. Debido a la indignación que generó, finalmente decidieron renunciar al aumento salarial.
El viernes a la noche, después de muchas semanas de acusar de “traidor” al secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, y ante la amenaza de quedar definitivamente sin poder frente a sus representados, se reunió con el Gobierno provincial y exigió un aumento de 45%, muy superior al 12% que había firmado inicialmente. Ahora la administración de Gutiérrez no tiene mucho margen para negociar. Por lo menos, las empresas empiezan a ver la luz al final del túnel.
Un problema político
Transcurridos más de 16 días de bloqueos, lo que comenzó con una protesta de trabajadores de la salud pasó a ser un conflicto político. “Es imposible mantener bloqueados tantos puntos en las rutas por tanto tiempo sin tener un apoyo logístico y financiero detrás”, desliza un hombre de seguridad de una de las petroleras que opera en Vaca Muerta.
Entre los apoyos que reciben los trabajadores se encuentran los movimientos radicalizados de izquierda, el Partido Obrero, el PJ, la Iglesia y comunidades mapuches. El Movimiento Popular Neuquino (MPN), que gobierna la provincia desde 1962, dice que buscan desestabilizarlos, ya que a pesar de las mejoras que realizaron a las propuestas salariales, todas fueron rechazadas y se mantuvieron los bloqueos.
De hecho Guillermo Pereyra, secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, y exsenador por el MPN, advirtió: “Trabajadores son los que se están rompiendo el c... en los hospitales, trabajando, enfrentando la pandemia. Esos son los trabajadores. Pero estos grupos anárquicos, que tratan de desestabilizar… les vamos a dar una lección”.
Hasta ahora, el gobernador Gutiérrez no dijo ninguna palabra sobre el conflicto, pese a ser un gran promotor público de Vaca Muerta y de que hayan transcurrido más de dos semanas de parálisis.
Por el lado del Gobierno nacional, que tampoco se ha manifestado, el hombre fuerte del Frente de Todos en Neuquén es el senador Oscar Parrilli, exsecretario General de la Presidencia durante 12 años, exjefe de los espías, senador nacional por la provincia y presidente del kirchnerista Instituto Patria.
“Siempre lo acusan a él porque es un hombre de mucho poder. Oscar no apoyó los bloqueos ni está atrás. Algunos dirigentes del Gobierno provincial lo acusan para chicanear a la oposición. Este es un problema de ellos. Oscar trató siempre que haya una solución, de que sea con diálogo y que se respete a los trabajadores de la salud. Es muy cauto con lo que hace y respetuoso del lugar que ocupa”, dicen en el entorno de Parrilli.
Otro activo importante del oficialismo nacional es Darío Martínez, exdiputado por Neuquén y secretario de Energía desde agosto pasado. Uno de sus primeros anuncios que hizo cuando asumió fue abrir una sede de la Secretaría en la provincia, para que tenga “una visión más federal”. Martínez habló sobre el conflicto 10 días atrás y advirtió que “el invierno será duro”, en relación al impacto que generan los bloqueos en la producción futura de gas. Pero fue cauto a la hora de denunciar responsabilidades.
El único dirigente del Frente de Todos que se mantuvo activo apoyando públicamente los bloqueos es el excandidato a gobernador Ramón Rioseco (compartió fórmula con Martínez), quien ahora es legislador por el Mercosur. “Este conflicto se desata básicamente porque hay una mirada equivocada de la realidad: a los trabajadores de la salud, que estuvieron en la primera línea de la batalla, no se les dio ningún aumento. La provincia está muy mal administrada, tiene problemas de déficit fiscal y de endeudamiento. Es una paradoja en la provincia más rica del país”, ironizó.
En la Casa Rosada, palabras más, palabras menos, piensan lo mismo: cómo les ofrecen un aumento del 12% a los trabajadores, cuando los legisladores incrementan sus salarios 30%. “Las protestas surgen por negociaciones salariales provinciales y los cortes son en rutas provinciales. ¿Cuál es la decisión federal, mandar gendarmes? El eje de la discusión es salarial y la provincia tiene que dar respuesta ahí. Es falaz pensar que Nación no se mete o no le interesa el tema”, indicaron en la Jefatura de Gabinete.
Impacto económico
El impacto económico de las medidas ya es cuantificable: las empresas hablan de que hay unos 45 equipos de perforación, fractura y terminación que no pueden operar a causa de los bloqueos, y hay otros 10 que podrían parar su actividad en los próximos días si no logran ser abastecidos. Se trata de la producción futura de gas y de petróleo la que está comprometida, ya que no se pueden perforar nuevos pozos.
Algunas empresas, como Tecpetrol, el brazo petrolero del grupo Techint, tuvieron que utilizar helicópteros para continuar operando en los pozos productivos y poner en acción su capacidad logística. “Son diferentes acciones que se vienen realizando con el objetivo de continuar abasteciendo de gas y acompañar al aumento de la demanda de industrias y hogares del próximo invierno”, dijeron en la empresa. Su yacimiento, Fortín de Piedra, es uno de los más perjudicados con los bloqueos, ya que la compañía era la que más gas incremental había comprometido en el Plan Gas para el invierno: iba a pasar de producir 10 millones de metros cúbicos diarios (m3/d) a 17 millones.
Pero no es la única: YPF hizo otra apuesta importante en su producción no convencional y de los US$2100 millones que anunció de inversión para este año, US$1500 millones están destinados a Neuquén, principalmente para incrementar su oferta de gas luego de los incentivos que ofreció el Gobierno con el Plan Gas.
Esta es la gran paradoja para el Ministerio de Economía luego de haber anunciado un plan de gran impacto fiscal, que fue justificado en base a que si no daban condiciones a las empresas para que aumente la producción local, tendrían que recurrir a más importaciones.
No sólo no podrán ahorrar con la mayor oferta doméstica, sino que el programa terminó siendo incompleto: todo el incentivo que prometieron a las empresas lo absorbió el Tesoro, ya que no se pudo trasladar a tarifas parte del precio que se le prometió pagar a las productoras, como pedía Martín Guzmán. La suba de 7% anunciada para las tarifas de gas irá completamente a mejorarle los ingresos a empresas distribuidoras y transportistas, pero no para reducir subsidios. Un efecto que seguramente se verá en las cuentas fiscales.
Por Sofía Diamante
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