Uruguay, la guarida fiscal para los sobornos millonarios de Odebrecht

Seis años después del escándalo hemisférico que provocó Odebrecht, ningún uruguayo afrontó consecuencias penales en su país por participar en el lavado de las coimas que recibieron funcionarios argentinos y de otros países. Al contrario, la Justicia uruguaya archivó denuncias y rechazó pedidos de colaboración o extradición para evitar que los ciudadanos de su país acusados en el extranjero quedaran sometidos a investigaciones, según surge de un análisis desarrollado por la “Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas” que integran periodistas de LA NACION y otros ocho medios de comunicación del hemisferio.

El relevamiento expone que los estudios jurídicos uruguayos que asesoraron en la trama delictiva, los bancos que escondieron los fondos y los testaferros que prestaron sus nombres no afrontaron mayores contratiempos en los tribunales de su país. Y si bien algunos extranjeros fueron detenidos y extraditados por lavar “para la corona” desde Montevideo o Punta del Este, los principales responsables permanecen libres y sin acusaciones ante la Justicia uruguaya o eludieron los pedidos de extradición.

¿Quiénes fueron los engranajes uruguayos que hicieron funcionar la maquinaria del lavado para Odebrecht? Son al menos 17 contadores, abogados y operadores de ese país, según determinó la revista Sudestada. Entre ellos, Carlos Dentone, quien presidió Sabrimol Trading, una sociedad anónima uruguaya que funcionaba en la zona franca de Montevideo y por cuyas cuentas bancarias circularon millones de dólares de las coimas argentinas.

Así, Sabrimol Trading recibió US$2,1 millones de la firma offshore Select Engineering Consulting and Services, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, además de otros US$4,8 millones de la también offshore Klienfeld Services, y US$315.000 de InterTrading Ltd, además de US$1,5 millón de Innovation Research Engineering and Development Ltd y, por último, US$251.000 de la panameña Magna International Corporation.

Todos esos fondos provinieron, en realidad, de la contabilidad paralela de Odebrecht y se destinaron al pago de sobornos a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y de la empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Pero Dentone declaró ante LA NACION y la Justicia argentina que el verdadero dueño de Sabrimol Trading era el lobista argentina Jorge “Corcho” Rodríguez, quien lo negó de manera tajante.

Dentone declaró y se encuentra procesado por la Justicia argentina, pero no afrontó problemas en su país, ni tampoco los otros uruguayos que participaron en la trama local de Sabrimol Trading, como tampoco registró dificultades Andrés Norberto “Betingo” Sanguinetti Barros, otro viejo conocido del capítulo argentino del Lava Jato.

Miembro de la comisión directiva del Club Atlético Peñarol, uno de los clubes “grandes” del fútbol uruguayo, y gestor de cuentas en la sede montevideana de la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde llegó a ocupar una de las vicepresidencias, “Betingo” Sanguinetti pareció encarnar la excepción a la regla uruguaya en 2018, cuando ingresó a una cárcel en Andorra, procesado por el delito de lavado de activos por la jueza Canòlich Mingorance.

Sanguinetti pasó casi dos meses detenido en el principado europeo, pero luego logró volver a Uruguay gracias a un acuerdo que le permite cumplir su condena en libertad, donde retomó sus actividades laborales.

El cúmulo de pruebas que logró reunir la jueza andorra muestra cómo el medio hermano del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti movió sus influencias personales con el entonces ejecutivo de Odebrecht, Luis Eduardo da Rocha Soares, para que la constructora se convirtiera en cliente del BPA y utilizara su sucursal uruguaya para lavar cientos de millones de dólares –entre otros, de la trama argentina de la corrupción- entre los años 2006 y 2015.

Sanguinetti apareció incluso en los intercambios del sistema Drousys que Odebrecht montó para preservar el anonimato de sus transacciones ilícitas, directamente con su correo electrónico del BPA y con su nombre completo, por lo que no quedaron dudas sobre su participación y relevancia en la operatoria.

“Andrés Sanguinetti es un uruguayo, amigo mío, conocido de mi familia. Él trabajó en el [banco suizo] PKB también en Uruguay y trabajó en el Espirito Santo Bank de Portugal. Fue para la Banca Privada de Andorra, me buscó, y comenzamos a tener una relación. Fui a Andorra y conocí a la cúpula del banco y empezamos a trabajar”, explicó Da Rocha Soares ante la Justicia de Brasil.

Al igual que con la trama alrededor de Dentone y Sabrimol Trading, sin embargo, la Justicia uruguaya no abrió una investigación local sobre la operatoria de “Betingo” Sanguinetti, ni sobre la trama de lavado que desde Uruguay salió a la luz ante la inoperancia de las autoridades que debían ejercer el control de sus actividades.

A Dentone y Sanguinetti se sumaron otros uruguayos. Entre ellos, los socios del estudio BGL Asesores Legales y Financieros, Juan Carlos González Lerena y Gonzalo Fernández Ameglio, con sede central en Montevideo. También, sus exsocios Washington Fernando Belhot Fierro y Claudio Marcelo Chakiyian Vázquez, quienes abrieron su propio negocio, el estudio South Capital Partners, que prestó servicios en Holanda y Panamá.

Según declaró el abogado brasileño Rodrigo Tacla Durán ante la Justicia española, Marcelo Odebrecht contrató directamente los servicios de Belhot Fierro y González Lerena, a través de la sucursal uruguaya de Mossack & Fonseca. Pero a pesar de los testimonios y pruebas que los mencionan directamente, tampoco fueron llamados por la Justicia uruguaya para responder por su rol en la estructura delictiva de Odebrecht.

Allí no se acaban los nombres de abogados, contadores y operadores uruguayos vinculados directa o indirectamente al capítulo latinoamericano del Lava Jato por cientos de millones de dólares. También aparecen los responsables del estudio Posadas, Posadas & Vecino (PPV) -vinculado al exministro de Economía uruguayo Ignacio de Posadas- que apareció como asesor y administrador de bienes obtenidos gracias a la corrupción.

Según un informe de la Policía brasileña, ese estudio colaboró con la “administración” de empresas de papel y fondos negros, además de asesorar en el flujo de esos fondos en paraísos fiscales, lo que negó Ignacio Posadas de manera contundente en abril de 2016. “Es un invento”, afirmó. “Nosotros no tenemos nada que ver, y yo menos, estoy retirado. El estudio sigue con mi nombre porque lleva el nombre de mi padre, pero eso ya está todo aclarado y no tuve ningún vínculo”. Pero no fue así, según probó el Ministerio Público Fiscal brasileño.

Al igual que en todos los casos anteriores, sin embargo, la Justicia uruguaya no investigó la participación del estudio PPV en la corrupción que financió Odebrecht, aunque la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) abrió una investigación sobre este y otros buffets. Al final, sin embargo, la pesquisa se demoró tanto que cambió el gobierno y asumió un director al frente de la Senaclaft, Jorge Chediak, quien no dudó en archivar el caso.

Este artículo forma parte de la serie “Viaje al centro de Lava Jato” realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, con la participación de periodistas de La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).

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