Universidades: la exoficialista Lourdes Arrieta votará contra el veto de Milei y denunció que existe “una policía del pensamiento”

La diputada Lourdes Arrieta, que integró hasta el mes pasado el bloque de La Libertad Avanza (LLA), confirmó que votará en contra del veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, con lo que complica los planes del Gobierno para blindar la decisión presidencial en la sesión de hoy. “Este discurso no es para oídos sensibles”, dijo al tomar la palabra en la sesión especial.

Hizo un recuento de los problemas que enfrentan las universidades y lanzó una dura acusación contra el Gobierno. “Quiero reafirmar mi compromiso hacia todos los estudiantes. Les hablo a los chicos pobres que no pueden ir a la universidad y, como dicen algunos, la financian con el IVA de la polenta. Que sepan que también están financiando los ñoquis, los trolls y la policía del pensamiento. Les pido perdón a los argentinos porque el dinero no está bien administrado”, dijo, entre abucheos de sus excompañeros. Arrieta había votado contra la ley de financiamiento universitario en la sesión del 15 de agosto, antes de romper con LLA.

Poco antes de la sesión, había confirmado el sentido de su voto en declaraciones públicas. “Ahora soy libre, puedo decidir por mí misma y votar como siento”, dijo la mendocina Arrieta. Fue muy crítica de sus excompañeros de bloque y sobre todo contra Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. “Estoy defraudada de la gente que rodea a Milei; sobre todo me siento decepcionada con Menem”, añadió, a El Destape Radio.

Arrieta salió de LLA y formó el monobloque Fuerzas del Cielo - Espacio Liberal (FCE) en medio de un escándalo por la visita de diputados libertarios a represores presos en la cárcel de Ezeiza, incluido Alfredo Astiz. Ella acusó a sus compañeros y dijo que la habían llevado engañada.

“Milei está mal asesorado. No debería discutir con el pueblo. Es ridículo poner en discusión el financiamiento a la educación. Todo lo que es Educación, Salud y Seguridad siempre tiene que financiarse. Se pueden desfinanciar otras cosas, como, por ejemplo, la SIDE”, dijo hoy Arrieta.

A su juicio, Milei incumplió las promesas de campaña: “Él dijo que no se iba a desfinanciar la educación, a adultos mayores, a jubilados, docentes... y ahora hace todo lo contrario”.

Al confirmar su voto contra el veto, sumó la denuncia sobre una supuesta “policía del pensamiento” de los libertarios, que persigue y agrede a todos los que están en contra de Milei. “Están llenando de ñoquis el Estado. Tanto que criticaban a gobiernos anteriores y ahora hacen lo mismo. Los mismos amigos de Milei se están acomodando en el Estado”, acusó. Según insistió: “Se manejan de una manera sucia, a escondidas. Me convencieron que La Libertad Avanza no era el camino que yo quiero seguir”.

El Gobierno trabaja a contrarreloj para afianzar los últimos votos que lo separan de una victoria. Milei vetó la ley de financiamiento universitario sancionada por el Congreso y necesita de un tercio de los presentes en el recinto de Diputados para sostenerlo. El apoyo que Mauricio Macri le proporcionó al jefe de Estado fue decisivo, pero insuficiente: para evitar un revés, el oficialismo todavía bucea en un mar de 9 legisladores que en su mayoría responden a gobernadores que la Casa Rosada trata de seducir.

Las estimaciones indican que hay 81 votos a favor de la voluntad presidencial, 162 en contra, cinco ausencias y 9 en duda. Es decir, el Gobierno todavía no cuenta con la garantía del éxito, como tampoco la oposición. Ambos bandos se encaminan a una sesión incierta donde las ausencias y abstenciones serán determinantes para definir el resultado.

Las negociaciones

Los distintos gremios involucrados en el conflicto participaron el lunes de una reunión con referentes de la Secretaría de Educación, en el Palacio Pizzurno. Si bien se esperaba que del encuentro se desprendiera un principio de acuerdo entre el Gobierno y las universidades, el diálogo permaneció obturado.

“Sin acuerdo en la reunión de la mesa técnica salarial”, tituló su comunicado la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun). Tras esta cumbre y sin el visto bueno de los gremios, esa tarde el Ministerio de Capital Humano informó que otorgaría un aumento del 6,8%.

“El Ministerio de Capital Humano ofrecerá un aumento del 5,8% adicional al 1% establecido para personal docente y no docente de las Universidades Nacionales para el mes de octubre. Pese al rechazo gremial, se otorgará el mayor aumento acumulado a este mes dentro del Estado Nacional en consonancia con el compromiso asumido de priorizar el salario y no las disputas políticas”, dice el comunicado, y agrega: “Esta medida llevaría el salario universitario a niveles equivalentes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), empleados administrativos y profesionales dentro de la Administración Pública Nacional. A su vez, se activará la Garantía Salarial Docente para las categorías más bajas contempladas dentro de la escala docente”.

Qué dice la ley

La norma sancionada por el Congreso establece una recomposición retroactiva de los salarios de docentes y no docentes del sistema universitario nacional por la inflación acumulada al 1° de diciembre del 2023. Define, además, una actualización mensual de los mismos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que arroje el Indec, solo en el caso en que no se llegue a un acuerdo paritario.

Respecto de los gastos de funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios, indica que se actualicen al 1° de enero de 2024. Para lo que resta del año, determina que se revisen estas partidas de manera bimestral con el índice de inflación publicado por el Indec.

El propósito de la ley es garantizar el presupuesto a las altas casas de estudio, más allá de los aumentos esporádicos que ofrezca el Poder Ejecutivo.

Según el decreto de Milei que oficializó el veto a la ley de financiamiento universitario, ese proyecto significa un gasto adicional para este año de $811.569 millones. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en cambio, estimó que para este año tendrá un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI.

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