Una victoria pírrica del poder político permanente en la Provincia

Los presidentes pasan, los gobernadores también, pero los intendentes de la provincia de Buenos Aires forman parte de un poder permanente. Peronistas, radicales, vecinalistas o más recientemente del Pro, son la médula del sistema político bonaerense. Por eso la ley que bloqueó la re-reelección de los jefes comunales, sancionada cinco años atrás, sufrió alteraciones reglamentarias y ahora fue, directamente, modificada al punto de ser desvirtuada por completo.

La presión de los intendentes recayó sobre la Legislatura, que actuó como caja de resonancia de un reclamo por el que pocos se animaron a dar la cara, pero que llegó a los despachos de Alberto Fernández, Axel Kicillof, de su antecesora María Eugenia Vidal y de Sergio Massa. Ambos diputados se mantuvieron en su postura histórica, pero el sistema político bonaerense ya se había dirigido en otro sentido.

La inquietud se extendió incluso más allá de la arena provincial: ¿Quién quisiera ser candidato a gobernador con los actuales intendentes en una actitud de “brazos caídos”? La misma lógica aplica para los eventuales postulantes a la Presidencia, a sabiendas de que la provincia de Buenos Aires es determinante para la cuenta de una elección nacional. Este problema atraviesa al Frente de Todos (FdT) y también a Juntos por el Cambio (JxC).

Justamente por eso es que sectores de las dos principales coaliciones que tiene el país se asociaron para desbloquear la reelección de los intendentes bonaerenses. Pero la historia de esta ley, la 14.836, arrancó cinco años atrás, en 2016. Vidal había asumido la Gobernación en 2015 sin mayoría en la Legislatura, con lo cual hizo un acuerdo legislativo con el Frente Renovador de Massa. La iniciativa alumbró como consecuencia de ese pacto entre ambos.

Los renovadores se quedaron con la presidencia de la Cámara baja bonaerense, por medio de Jorge Sarghini, e impulsaron un paquete de proyectos con aval de la Gobernadora, entre ellos el que fijó el límite a la reelección de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. La paradoja fue que, en ese momento, también los diputados y senadores que respondían a los intendentes avalaron la norma. Solo el kirchnerismo la rechazó.

El jefe de Gabinete que tenía Vidal en la Provincia, Federico Salvai, fue un personaje clave. “Yo los convencí para votar la ley”, recordó quien era el interlocutor con los intendentes del PJ. La oleada vidalista incluyó la derogación de las jubilaciones de privilegio, la imposición de que los funcionarios y policías hicieran declaraciones juradas públicas y un achicamiento en los organismos del Estado. Eran los tiempos de “la leona” en el hostil territorio bonaerense.

El escenario cambió tras las elecciones legislativas de 2017, que ganó Cambiemos en la Provincia de la mano de Esteban Bullrich. A partir de entonces, la coalición de gobierno dejó de necesitar aliados para controlar la Legislatura y se disolvió el acuerdo entre Vidal y Massa. Dos años más tarde, en 2019, la gobernadora firmó el decreto reglamentario de la ley, que llegó a su escritorio de la mano de Joaquín de la Torre, un exponente municipal que era entonces su ministro de Gobierno.

Ese decreto, justamente, fue el que abrió la ventana para que los intendentes del PJ iniciaran este año el “operativo licencias”, sobre la idea de que si no completaban la mitad de su mandato, entonces quedarían habilitados para presentarse por un nuevo período en 2023. Así, una veintena de jefes comunales del FdT pasaron a otros cargos en los gobiernos nacional y bonaerense y uno de ellos, Gustavo Menéndez, pidió licencia sin siquiera contar con esa justificación.

El principal operador de la estrategia oficialista fue el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, a la sazón también intendente en uso de licencia, en Lomas de Zamora. Los jefes comunales tantearon primero la vía judicial –hubo un fallo en San Martín detrás del cual rastrearon la influencia del defensor del Pueblo Guido Lorenzino- y luego entablaron directamente una negociación con sus pares de JxC. A fin de cuentas, todos son intendentes.

Las negociaciones, reservadas al comienzo y luego desembozadas, avanzaron rápidamente por la comunidad de intereses. Los jefes comunales de JxC, la mayoría de ellos radicales del interior de la Provincia pero también encumbrados referentes de Pro, hicieron notar dentro de la coalición opositora que de los 90 intendentes impedidos de reelegirse en 2023, 70 eran propios. Las luces de alarma llegaron hasta la mesa nacional de la alianza opositora.

A tal punto, que Patricia Bullrich reclamó la derogación del decreto que firmó Vidal en 2019, cuando aún pensaba que podría continuar al frente de la Gobernación. Pero eso ya es historia. Hoy varios legisladores que antes la acompañaron, votaron en sentido contrario a lo que dispuso aquella ley. “Ella está muy defraudada”, admitieron sus colaboradores. Se trató, con todo, de una victoria pírrica de los intendentes, de todos los colores políticos, a contramano de las demandas de la sociedad.

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